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Turquía quiere llevarse los millones incautados al ciudadano turco en Uruguay
El abogado que representa a Turquía en el proceso judicial por el cual se solicitó la extradición de un ciudadano turco condenado por lavar dinero proveniente de una megaestafa electrónica solicitó a la Justicia que todos los bienes incautados sean transferidos ese país.
Según informó El País y confirmó El Observador con el representante legal de Turquía, Jorge Pereira Rodríguez, el recurso presentado tiene como fundamentos los tratados de acuerdo internacional en materia penal entre ambos país, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU del año 2000, ratificado por ambos países.
Según el abogado, estos acuerdos “son imprescindibles para que este tipo de delitos no sean fáciles de cometer en países con menores controles contra el lavado de dinero”, y por eso reclama su cumplimiento.
La Justicia incautó una embarcación, una Ferrari 458 Spider, una camioneta Fiat Fiorino, una Fiat Fiorino furgón, un camión Mercedes Benz, un Hyundai Sonata Hybrido, una camioneta Toyota Hilux, cinco Mercedes Benzs Acro y, además, el Estado tiene en su poder el 70% de las acciones de la sociedad Verde Sierra y en mismo porcentaje un predio en Laguna del Sauce, donde uno de los involucrados en el lavado–un empresario uruguayo– iba a construir 12 viviendas.
Tras el acuerdo al que llegó el fiscal Enrique Rodríguez con los delincuentes que participaron en el blanqueo de dinero, entre los que estaba uno de los dos ciudadanos turcos que estafaron a 80 mil personas por US$ 400 millones, el Estado ahora tiene en su poder los bienes enumerados, más otros que aún no fueron decomisados porque el también turco Mehmet Aydin –el principal estratega de la operativa– está prófugo de la Justicia. De todos modos, esos últimos bienes, cotizados en US$ 3 millones, podrán ser incautados por “decomiso ficto” cuando se cumplan seis meses desde la condena, es decir, en marzo.
Son esos US$ 8 millones, aproximadamente, los que Turquía pretende llevarse, porque su Estado entiende que como el delito original –una estafa que se llevó a cabo a través de un juego electrónico en el que los usuarios acumulaban dinero mediante el desarrollo de granjas virtuales– se produjo en su país, y es su sociedad -en especial, sus víctimas- la que debería ser resarcida.
Negativa
La jueza del caso, María Helena Mainard, aún no contestó el pedido, pero Rodríguez Pereira supone que va a obtener la misma respuesta que recibió cuando actuó como abogado del Estado argentino en la causa que investiga al sindicalista y empresario Marcelo Balcedo; la Justicia del vecino país hizo el mismo reclamo con respecto a los bienes de Balcedo: US$ 14 millones repartidos en automóviles de lujo, una mansión en Playa Verde y dinero en efectivo, entre otras propiedades. Se respondió que hasta que no finalice el proceso judicial, no se estudiará a qué país corresponden los bienes, y por el momento el patrimonio permanecerá en Uruguay.
Sobre este asunto ya ha opinado el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para quien hay una franca división entre los dos delitos en juego en estos casos.
Soy un seguidor de las columnas de Gonzalo Ferreira, por quien siento un gran respeto personal y profesional. Por ese...
Posted by Jorge Díaz Almeida on Saturday, September 15, 2018
A propósito de la condena que el fiscal Rodríguez logró imponer al turco y al empresario uruguayo que ocultó el yate y la Ferrari –ninguno de los dos irá a prisión porque, en el caso del turco, se acordó una pena de libertad vigilada intensiva, a cambio de su confesión, y de la recuperación de los bienes, y el uruguayo tiene problemas de salud–, Díaz hizo hincapié en que el decomiso de los bienes que hoy tiene el Estado uruguayo responde al delito del lavado y no al de la estafa. “Y su finalidad es privar al lavador del beneficio económico de su actividad, no resarcir a las víctimas”, opinó el fiscal de Corte en su cuenta de Facebook el 15 de setiembre.
“Por esa razón los bienes decomisados por el delito de lavado de activos nunca se destinan a resarcir directamente a las víctimas”, agregó Díaz, y concluyó: “Si alguien ilegalmente así se pretendiera hacerlo, se encontraría con la situación de que la víctima del delito de lavado es la sociedad uruguaya toda, no los ciudadanos extranjeros que fueron víctimas de la estafa cometida fuera del país”.
Y en ese mismo texto, Díaz adelantó que la Fiscalía planeaba solicitar que "parte del dinero incautado en este caso" fuera destinado al ministerio público para "pagar los honorarios de algunas pericias que están pendientes de realización por falta de fondos en algunas causas".
