Un asunto recurrente

En Uruguay, salvo períodos excepcionales, el gasto público ha sido un drama casi permanente. Ha sido demonizada la idea de un gasto público bajo control, aunque hay más conciencia hoy de los beneficios de un déficit fiscal a raya.

Es un concepto básico que contribuye al funcionamiento saludable de la economía y es una señal del buen gobierno, pero todavía hay sectores políticos y sociales que intentan menospreciar a quienes exigen un control del gasto público. Los califican de “neoliberales” o de ataduras inmorales falsas, como la de no preocuparse por los grupos sociales más vulnerables.

En un país con un déficit fiscal que orilla el 5%, el Poder Ejecutivo tiene que hacer malabares para poder aliviar los problemas de orden social o económico derivados de una situación excepcional, lo que se podía haber evitado con un Estado con algo de holgura fiscal.

El proyecto de ley de presupuesto, que llegará al Parlamento el próximo mes, es un buen momento para que el sistema político tenga una discusión franca sobre el gasto público y que desemboque en un intercambio de ideas sobre el papel del Estado. Para el bien de todos, debería ser un asunto que formara parte de la “nueva normalidad”.

En estos días, solo como un ejemplo, volvió a surgir el negocio desastroso de la producción y comercialización del cemento pórtland en manos de la estatal Ancap.

El anuncio de las nuevas autoridades del ente petrolero de que están evaluando varias alternativas para lograr que sea una actividad rentable es un déjà-vu de verdad.

Hace 20 años que el área del cemento pórtland es deficitaria y hace 20 años que escuchamos las mismas promesas, difíciles de cumplir en un sector en competencia y donde el Estado carece de ventajas comparativas.

Las empresas privadas siempre están en mejores condiciones para explotar un negocio que requiere de una mentalidad emprendedora, de innovación tecnológica y de una productividad industrial que le es ajena al sector público.

El área del pórtland de Ancap fue concebida para otro tiempo. La receta del abastecimiento del Estado a las obras públicas en aumento para paliar el desempleo por la crisis de 1929 es, por lo menos, obsoleta.

¿Tiene sentido mantener una compañía estatal con un millonario déficit estructural en diferentes administraciones, que termina siendo financiado por el conjunto de los contribuyentes?

En la incertidumbre por la pandemia, los recursos económicos volcados en sectores como el pórtland de Ancap tendrían un mejor destino, una realidad de la que es imprescindible empezar a hablar.

En el marco del proyecto de ley de presupuesto, el equipo económico estudia medidas de fondo para empezar a bajar en serio el gasto público global. Ojalá que se analizara a fondo el sentido de compañías como la de pórtland de Ancap y otras similares.

Y es importante que así sea: de la buena gestión del gasto del Estado depende de que el tema deje de ser otro déjà-vu de la agenda pública que hipoteca el futuro.