Un derecho inalienable

La obligatoriedad del uso de cuentas bancarias como una política para aumentar la inclusión financiera es un asunto de debate internacional, no solo en Uruguay. Es una idea que parte de la preocupación de organismos internacionales por la exclusión del uso de cuentas bancarias entre las personas relegadas por las instituciones financieras tradicionales. Estudios del Banco Mundial aseguran que las poblaciones de ingresos más bajos son las que más se benefician de las “innovaciones tecnológicas” en las instituciones financieras.

Y eso no está en discusión. Como dice Ludwig-Thiele, antiguo miembro de un partido liberal atento de la libertad del individuo ante el poder estatal, la idea es “técnicamente aceptable”, pero nunca debería ser una imposición del Estado, sino un reflejo de las preferencias de la población.

Que el mayor uso del sistema bancario sea el fruto del libre albedrío. Que el mayor grado de bancarización sea el resultado de las preferencias de la gente que estaría más interesada en cambiar de medio de pago porque los bancos prestan servicios financieros de calidad a precios competitivos. Las políticas restrictivas, en estos casos, desembocan en ineficiencias que terminan perjudicando no solo a los consumidores, sino al conjunto de la economía.

Tenemos el ejemplo de Brasil donde el negocio de los bancos está sumamente extendido, no por imposición del Estado, sino porque así lo prefiere la gente. La cuenta bancaria es una práctica usual porque es lo que los brasileños entienden que es lo más conveniente. El hecho de que nuestro vecino sea uno de los países con mayor grado de bancarización de la región no es consecuencia de ninguna obligación estatal.

Quienes pregonan por la obligatoriedad de la bancarización argumentan que es una imposición legal que contribuye a combatir el crimen, la informalidad, entre otras actividades ilegales. Sin embargo, no hay datos concluyentes al respecto. En términos generales hay una mayor bancarización en América Latina y ello no se ha reflejado en una disminución de actos delictivos y tampoco una baja de la informalidad.

Si el dinero en efectivo es un “anacronismo” por las posibilidades tecnológicas de hoy, al decir del economista Peter Bofinger, es una decisión de la gente, no de un gobierno de turno.

Es mucho lo que está en juego para quienes creemos en el valor supremo de la libertad. Porque como escribió Dostoievski, el escritor ruso con particular apego por los sectores menos pudientes de la sociedad, “la moneda es libertad acuñada”.