A simple vista, el caso del video militar conteniendo amenazas contra magistrados, parece que se convirtió para el gobierno en un juego del Gran Bonete, donde algunos dicen que existe, otros que no puede existir, y uno solo que admite haberlo visto: el presidente José Mujica.
Sin embargo, el proceder del Poder Ejecutivo en este episodio, o los retazos de información que han filtrado sus integrantes, dejan flotando preguntas acerca de cómo funcionan algunos mecanismos del Estado a la hora de enfrentar una potencial agresión: ¿Por qué ninguno de los ministros responsables de la seguridad sabía ni vio el video que sí vio el presidente?
Ante el temor sobre presuntos “terroristas” ¿a quién le compete actuar: a la Policía o a las Fuerzas Armadas? Enterada la máxima jerarquía de la Justicia sobre el asunto ¿es lo común que acate el pedido del otro Poder del Estado, al que debe controlar, y que lo deje investigar solo?
La existencia de un video en el que tres encapuchados con uniforme militar protestan por los juicios contra ex represores de la dictadura y amenazan con acciones contra magistrados, fue publicada el jueves 10 en Búsqueda. Según la publicación, hasta ese momento Mujica había informado a políticos y a miembros de la Suprema Corte. El caso estaba siendo indagado por “distintos servicios de inteligencia estatales”, se informó.
Pero el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que se había enterado de la información por la radio ese mismo jueves. Las amenazas a la seguridad interior son investigadas por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía, que depende de Bonomi. No ha quedado claro si en esos días la DNII investigaba una presunta célula terrorista, pero el ministro no lo sabía.
Bonomi sí confirmó ahora que la DNII investiga pero, a dos semanas de que el gobierno se lo informó a algunas personas, y a una semana de divulgada la información, la Inteligencia policial no tiene ni una pista, y mucho menos el video.
La otra repartición de Inteligencia que pudo indagar el asunto es la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie). Si bien a su frente está un civil, el tupamaro Augusto Gregori, sus agentes y oficiales son militares, y no están autorizados a hacer pesquisas internas. Sin embargo, ante la eventualidad de que militares estuvieran en esa maniobra, sí pudo ser tarea para su Compañía de Contrainformación. Quizás fue por esa razón que el encargado de reunirse con el presidente de la Suprema de Justicia, Leslie Van Rompaey, para informarle que el gobierno estaba “investigando” el asunto, fue el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Allegados a Van Rompaey aseguraron a Observa que Rosadilla le transmitió el “pedido expreso” de esperar para pasar el caso a un juez, ya que “ellos” estaban investigando. Luego le entregó la transcripción del texto de lo que decía el video. Ese mismo día, Van Rompaey y los otros cuatro ministros de la Corte resolvieron esperar a que el Poder Ejecutivo avanzara en la investigación. “Estábamos esperando en qué momento formalizar la denuncia”, indicó la fuente.
Esa reunión entre Van Rompaey y Rosadilla ocurrió dos semanas antes de que el caso tomara estado público. Al día siguiente de la publicación, el viernes 11, la fiscal en Crimen Organizado, Mónica Ferrero, presentó un escrito pidiendo abrir una investigación bajo la hipótesis de terrorismo. El juez Jorge Díaz inició la causa sobre un hecho que la Suprema Corte hacía dos semanas que conocía.
TRES SEMANAS EN BLANCOEn esas dos semanas ninguno de los servicios de Inteligencia accedió al video ni, como lo declaró ayer a Observa el ministro Bonomi, tampoco tienen indicios de su existencia, más que las declaraciones de Mujica. En esas dos semanas desde que la Corte de Justicia supo del video pero se mantuvo al margen, las investigaciones realizadas no pudieron apelar a allanamientos, ni intervenciones telefónicas, o agentes encubiertos, ya que para eso se requiere autorización judicial.
El juez y la fiscal ya pidieron el material a los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad no solo no tienen el video, sino que tampoco tienen pistas.
Fuentes del propio gobierno hicieron circular en las últimas horas una versión según la cual, en algún nivel de los servicios de información, presuntamente militares, se detectó, entre allegados a oficiales retirados, el intento de divulgar ese material, y se lo abortó. Lo que nadie explica es por qué, si esto fue así, ahora, o al menos hasta ayer, no había pistas para aportar a la Justicia.
