Una luz de esperanza para los "dreamers"

Cuando el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el 5 de setiembre de 2017 el final del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) no solo acababa de ejecutar una de las tantas medidas propuestas por el presidente, Donald Trump, para contener la inmigración.

Al mismo tiempo, contribuyó a recrudecer el debate sobre la política migratoria del magnate republicano y, además, puso sobre el tapete el elevado impacto social que implicaba la aplicación de esa medida.

Es que ese plan, anunciado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente demócrata, Barack Obama, buscó dar contención a aquellos hijos de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que consiguieron estudiar o trabajar en el país.

El programa da protección a unos 750 mil jóvenes, que no pueden ser deportados.

Al justificar la decisión, esa vez Sessions había dicho que se trataba de un "ejercicio inconstitucional" de autoridad por parte del Poder Ejecutivo.

Mientras activistas en favor de los derechos civiles, así como políticos demócratas y dirigentes republicanos insistieron en que el programa debía ser mantenido, sus críticos más acérrimos aseguraban que esa política permitía a dichos imigrantes obtener empleos que podían ser usufructuados por estadounidenses o inmigrantes legales.

De todas formas, en setiembre Trump se había comprometido a involucrar al Congreso para encontrar una solución al problema de los "dreamers" o soñadores y otorgó plazo hasta marzo.

De hecho, esta semana mantuvo reuniones en el Congreso para analizar este asunto, pero de alguna forma condicionó su visto bueno a una salida satisfactoria a la aprobación de los recursos necesarios para la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.

Esa iniciativa, que defendió a capa y espada ya desde la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, –y que también generó críticas desde la oposición demócrata y también en filas republicanas– requiere a priori una inversión de al menos US$ 18 mil millones.

Revés judicial

Pero esta semana, las intenciones de Trump respecto del programa DACA sufrieron un inesperado revés judicial.

Es que el juez William Alsup, de la corte de San Francisco, dispuso el mantenimiento del programa en todo el país "en los mismos términos y condiciones" en que estaba vigente antes de que fuese suprimido en setiembre.

El programa se mantendrá en vigencia hasta que, eventualmente, una corte superior se expida.
La decisión de Alsup –que generó la inmediata reacción de Trump– permitirá, al menos de momento, que los beneficiarios de DACA puedan renovar sus permisos.

La autorización para permanecer en Estados Unidos tiene un plazo de dos años.

En línea con la decisión del juez, la administración Trump está obligada a aceptar nuevamente aquellos pedidos de renovación del DACA por quiénes hubieran estado amparados en el programa y que estén a punto de perder esa protección.

En ese marco, el magistrado no pidió al gobierno que reciba nuevas solicitudes de jóvenes que nunca se hubieran inscripto en el programa de su antecesor Obama.

Además, las autoridades tienen la potestad de deportar a aquellos inmigrantes que supongan un riesgo cierto para la seguridad nacional.

"Parece haber un consenso de que el DACA cubre a a la categoría de inmigrantes cuya presencia plantea la menor o ninguna amenaza y les permite aplicar a empleos honrados bajo condición de que mantengan su buen comportamiento", señaló Alup en su resolución de 49 páginas.

Exigencias

Al amparo de DACA, los llamados soñadores pueden obtener permisos de trabajo temporales, un número para recibir cobertura de seguridad social y licencias para poder conducir.

Para contar con la protección del plan, sus beneficiarios debieron ingresar a Estados Unidos ant¡es de haber cumplido 16 años o haber sido menores de 31 años antes del 15 de junio de 2012.

Asimismo, otra de las condiciones innegociables para acceder al programa era haber residido de manera permanente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, además de haber cursado estudios en el país o haber formado parte del ejército.

Los inmigrantes, esa obsesión

Esta semana, el gobierno de Donald Trump había dado una nueva muestra sobre cuáles son sus verdaderas intenciones respecto a los inmigrantes al dejar sin efecto el llamado Estatuto de Protección Temporaria para unos 200 mil salvadoreños que habían llegado a EEUU luego de los huracanes que afectaron en 2001 a El Salvador.

Quiénes estuvieran comprendidos en ese plan tendrán un plazo de 18 meses para garantizar su residencia legal en el país o por el contrario abandonarlo.

Recientemente, Trump había aplicado una medida semejante a 59.000 inmigrantes provenientes de Haití y otros 5.300 llegados desde Nicaragua.

Apenas asumió el cargo el 20 de enero de 2017, Trump se había mostrado partidario de detener la inmigración hacia EEUU.

En ese tono, anunció con bombos y platillos la construcción del muro fronterizo con México y divulgó un decreto que impedía el ingreso al país de ciudadanos de siete países musulmanes.

LAS CLAVES

Programa. El programa DACA había sido creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.

Protección. El plan protegió de la deportación a jóvenes hijos de inmigrantes indocumentados que trabajan o estudian en EEUU.

Cancelación. Donald Trump había resuelto cancelar el DACA en setiembre del año pasado.

Fallo. Un juez de San Francisco decidió mantener el programa, que da protección a unas 750.000 personas.