Una regla adecuada y justa

En primer lugar, es una regla justa de mercados competitivos, que contribuye a la transparencia, y que, seguramente, estimulará la mejora del sector, particularmente de la estatal Antel. En segundo lugar, favorece a los ciudadanos, pues, empodera a los contribuyentes y sitúa al cliente en el núcleo de la actividad. 

En definitiva, independientemente del impacto efectivo que tenga la disposición legal en las tres compañías en competencia, el mensaje de fondo transmite una idea relevante: las empresas son quienes tienen que estar al servicio de los consumidores y no a la inversa, como ocurre cuando un segmento del mercado -y apetecible como en este caso- es perjudicado por políticas públicas que traban la libre empresa.

Las campañas publicitarias de empresas de celulares que comenzaron en estos días, con la idea de retener o captar nuevos clientes, son indicios de la mayor competencia que se avecina, que redundará en servicios ventajosos.  

Pese a que es una realidad que parte a los ojos, el sistema político está divido en torno a las bondades de la portabilidad numérica, incluida en la ley de urgente consideración (N° 19.889) y el Decreto N° 26/021. Por un lado, el gobierno multicolor; por otro, el opositor Frente Amplio y el PIT-CNT que incluyeron su derogación en el referéndum que busca la caída de 135 artículos de la LUC.

Puede entenderse que el sindicato de Antel, cuyo razón de ser es proteger a sus afiliados, se embarque en una cerrada defensa corporativa, que sienta temor por la competencia, algo que se refuerza por una prédica estatista que es esquiva al progreso.   

Las diferencias en el debate político sobre asuntos de economía política, que terminan traduciéndose en políticas públicas pensadas en el interés colectivo, son muy legítimas, por supuesto, e importantes para el  funcionamiento de una democracia y la performance de las leyes.

Pero al mismo tiempo es conveniente reconocer que es imprescindible un mínimo consenso de los partidos políticos acerca de las políticas que favorecen el interés general, como la portabilidad numérica, donde la dimensión individual es compatible con el bienestar colectivo. Lograr una avenencia en torno a un nuevo derecho y que forma parte de la “identidad digital” de los ciudadanos, como definió acertadamente el ministro de Industria, Omar Paganini. 

Se trata de una genuina política de la competencia que elimina un injusto coto de caza favorable al estado frente a la empresa privada. 

Es una medida en práctica en muchos países desarrollados; en América Latina está presente en las principales economías y en casi toda América del Sur, incluso en Argentina, aprobada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Venezuela es la excepción.

Estudios realizados en Chile, México y Perú coinciden en los efectos positivos para los usuarios de telefonía celular y en que no hubo trasiegos insostenibles entre las empresa telefónica. 

Ojalá que los ejemplos internacionales y la experiencia de Uruguay hasta el día del referéndum ayuden a ahuyentar fantasmas y a correr el velo de la ignorancia.