Rodríguez representa a inversores que habían apostado a Wenance en Uruguay y que denunciaron a la fintech por una estafa de más de US$ 5 millones. También hay otra denuncia hecha por una estafa de más de US$ 10 millones que involucra a más de 300 inversores y que es liderada por los abogados Andrés Ojeda, Fernando Posada y Martín Fridman por Ferrere.
Las denuncias en Uruguay involucran estafa, delitos económicos o apropiación indebida, dependiendo de los términos del contrato que cada inversor firmó con Wenance.
¿En qué está la demanda de Wenance en Uruguay?
El fiscal dijo a El Observador que aún no hay novedades y que se "están analizando las actuaciones".
En esa línea, el abogado Rodríguez dijo que el proceso en Fiscalía “va un poco lento” y que aún están en proceso de recabar el testimonio de otros cuatro testigos adicionales. Asimismo, la Fiscalía designó un perito contable a los efectos de investigar los balances de la empresa y lo ocurrido con el dinero de los inversores.
“El perito contable fue designado a los efectos de bajar a tierra los balances de Wenance y entender algunos desvíos de fondos que fueron para otras entidades que aparentemente están vinculadas con la estructura del grupo en Argentina, España y hasta en cuentas personales del propio Muszak”, indicó Rodríguez.
Sin embargo, el abogado manifestó que dado los “muchos otros asuntos” que maneja la Fiscalía, el proceso “va lento”.
De acuerdo con Rodríguez, el equipo de Lideco —formado principalmente por contadores— “está mucho más avanzado” en entender “cómo fue la maniobra” de Wenance en Uruguay y “cuentan con mucha más información”, por lo que pedirán la reunión con Fiscalía para que el interventor aporte los nuevos elementos a la investigación, brinde la información recopilada y las conclusiones iniciales.
El rol de la Lideco y el intercambio de información con Wenance Argentina
El juzgado concursal dio un plazo a Lideco para presentar el informe final, el cual vence cerca del 20 de mayo aproximadamente. Desde Lideco, Fernando Cabrera explicó a El Observador que desde el pasado 29 de diciembre trabajan en la recolección de información para finalmente determinar si la situación se resuelve con un acuerdo privado de reorganización —una herramienta del proceso concursal para reestructurar pasivos de una empresa— o si finalmente se impulsa el concurso de acreedores necesario.
Si bien Cabrera dijo que la información recabada hasta el momento es de carácter confidencial, contó que el diálogo e intercambio de información de la Lideco con Wenance, se da con los representantes de la gerencia de la empresa en Argentina.
“Funcionan desde Buenos Aires básicamente. Les pedimos información, nos la mandan, hemos tenido reuniones virtuales y en una oportunidad hasta viajaron algunos representantes” a Uruguay, indicó Cabrera quien además dijo tener “contacto fluido” con la defensa, en términos concursales, de Wenance en Uruguay. En tanto, el defensor de la empresa en lo penal, es el abogado Jorge Barrera.
Según indicó el abogado Rodríguez, las autoridades de Wenance "dan la información solicitada a cuenta gotas de manera intencional para ganar tiempo". Si bien desde Lideco, Cabrera rechazó hacer comentarios sobre esta afirmación, sí dijo que el proceso de obtención de la información ha tenido idas y vueltas y que el hecho de que Muszak "esté imposibilitado de cruzar" a Uruguay, "dificulta un poco" el acceso fluido a los datos.
"Les pedimos información, la analizamos, hacemos nuestras consultas sobre lo que recibimos y planteamos la necesidad de tener más información. Puede ser que haya algunas cosas que nos pasaron, (a las) que les formulamos observaciones, ahí la reformulan, la envían de nuevo y en eso estamos", detalló Cabrera.
"Es un hecho histórico en Uruguay a nivel financiero"
Días atrás, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) instruyó a Wenance Uruguay a que cese sus actividades de intermediación financiera. La compañía recibió una serie de denuncias por estafas el año pasado y en Argentina, donde opera con el mismo nombre, se presentó a concurso de acreedores.
Según indicó el abogado Rodríguez, el objetivo es "lograr la formalización" de Muszak en Uruguay aunque eso "tendría poco efecto" porque se tendría que pedir la extradición, algo que el abogado calificó como "otro lío mayúsculo".
"Si se formaliza a Muszak, para los abogados que estamos acusando es ostensible la maniobra por apropiación indebida por lo menos y sino por estafa. Si bien académicamente hay una resistencia a la concurrencia de ambas figuras, otras partes de la doctrina entienden que sí se puede y nosotros también porque acá hay una estafa, hay un dolo en la maniobra", opinó.
De todas formas, la formalización implica iniciar un proceso formal de investigación por la presunta comisión de un delito, por lo que no implica una condena. "Si bien la fiscalía entiende (lo que ocurrió), quiere tener más elementos para poder formalizarlo (a Muszak). Para nosotros es obvio que corresponde la formalización", indicó Rodríguez.
Diego Battiste
Asimismo, el abogado explicó que actualmente "no hay un ámbito real" de negociación entre la empresa y los inversores que la denunciaron. Dijo que no descartan llegar a un acuerdo pero señaló que este tiene que ser "en términos serios" y no la oferta "impresentable" que la compañía había presentado.
En relación a los montos involucrados por la operación de Wenance a nivel local, Rodríguez dijo que "este es un hecho histórico en Uruguay a nivel financiero".
El caso
Según la denuncia presentada por el estudio Ferrere y los abogados Ojeda y Posada, los 300 inversores que denuncian a Wenance alegan que le entregaron dinero a cambio de que, desde la fintech, cedieran a cada uno parte de la cartera de microcréditos que, justamente, ellos captan a través de préstamos personales que otorga Welp.
En base a su modelo de negocios la rentabilidad de los inversores está atada estrictamente a la cobranza de esa cartera cedida. El riesgo de la inversión es la eventual insolvencia o morosidad de la cartera adquirida.
Sin embargo, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador a los inversores se les había dicho que la morosidad se ubicaba entre el 8% y el 10% y al ser una tasa de morosidad baja se constituía como una inversión segura. "No hay una explicación lógica, razonable, legítima y, sobre todo legal, que justifique la desaparición del capital. No ocurrió ningún evento, catástrofe o circunstancia extraordinaria en Uruguay que evidencie una subida tan abrupta en esa tasa de morosidad", afirmaba el reclamo de 300 inversores que junto a estos nuevos 55 esperan una respuesta por la inversión de su dinero.
Uruguay no es el único país en el que la empresa tiene problemas, de hecho su situación es tanto o más compleja en Argentina y también en España. "Ellos aducen que como pasó lo de Argentina no pudieron pagar acá, pero esto no es un banco. Es un sistema de otorgamiento de micro-créditos con lo cual tengo determinados deudores asignados a mí que pagan o no pagan su deuda, no es que hay una corrida", había explicado Ojeda a El Observador.
