Uruguay vuelve a aislarse de los países de la región por Venezuela

Llevaba una declaración impresa en letra grande con una sugerente frase escrita con lapicera: “lo jurídico por encima de lo político”. Las siete palabras eran una clara referencia a las expresadas por José Mujica ("lo político por encima de los jurídico") siete años atrás para apoyar el controvertido ingreso del país caribeño al Mercosur. El canciller fue escueto al fundamentar la decisión del gobierno.

La salida fue la “consecuencia natural”, en palabras del director del Comité de Derecho Internacional Público del CURI y catedrático en la materia, Alejandro Pastori Fillol, de lo que había ocurrido algunas horas antes en Nueva York, a más de 8.500 kilómetros de Montevideo, cuando Uruguay fue el único de los 18 países que votó en contra de la resolución del TIAR.

La crisis venezolana ha sido un parteaguas en la región y un tema particularmente sensible para la cancillería uruguaya, que en estos cinco años ha hecho equilibrios entre las dos posturas que reinan en el Frente Amplio.

A fines de junio, el vicecanciller Ariel Bergamino había adelantado la posición del gobierno al retirarse de una asamblea de la OEA señalando que se estaba vaciando su “institucionalidad” al admitir la presencia de representantes del designado como presidente encargado Juan Guaidó.

El canciller dijo que la resolución sentaba un “gravísimo precedente” en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al “principio de la solución pacífica de las controversias” y al principio de “no intervención”, porque incluía la posibilidad de una “intervención armada”, justificada en el artículo 8 del TIAR.

“Esto es una grave afectación al sistema multilateral y los que creemos en él no podríamos permitir que sucedan estas cosas”, justificó y señaló que la decisión de votar en contra de la resolución no suponía pronunciarse a favor del gobierno de Nicolás Maduro sino del “derecho internacional, la paz y la institucionalidad de las organizaciones regionales”.

Nin Novoa consideró que el tratado estaba “obsoleto”, un argumento similar al expresado por Nicaragua, México, Ecuador, Bolivia y Cuba en anteriores ocasiones, aunque agregó que era “inconducente” y que se estaba haciendo un “uso inapropiado”.

El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República dijo a El Observador que la salida dejaba a Uruguay en una situación de “aislamiento” en el contexto regional en el cual existe otro “consenso”.

“Queriendo o sin querer parece respaldar a Maduro. Es inevitable que quien diga que 'esto es una resolución ilegal', aunque pretenda fundamentarla, está dando una especie de develado respaldo a Maduro. Es muy difícil quedar en una posición de equilibrio, Uruguay queda en una posición aislada en política internacional”, razonó Pastori.

Para el experto, la decisión de Uruguay de aferrarse al derecho internacional es incoherente con otras posturas tomadas por la cancillería. “Cuando uno defiende el derecho internacional hay que defenderlo todo y ahí es donde empieza a renguear la posición del ministro. Puede tener razón en algunos aspectos referidos del TIAR, pero no podés estar en una posición intermedia respecto a la posición en Venezuela. Esa bipolaridad hace que parezca que la posición uruguaya sea de apoyo a Maduro” y la medida de lo jurídico por encima de lo político debe ser aplicada “siempre”.

“Falta coherencia respecto a la política exterior de Uruguay en este tema, no es posible condenar un acto que se considera irregular jurídicamente, retirarse de un tratado y no tomar medidas igualmente importantes, claras y decididas, frente a otras transgresiones que se vienen dando”, agregó y señaló que le daba la “impresión” que daba “miedo” ir “a fondo en un caso y no en el otro”.

La “denuncia”, amparada en el artículo 25, fue enviada a la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se efectivizará recién en dos años, cuando otro gobierno esté al mando. En caso de querer reingresar, el próximo canciller deberá enviar otra carta a la OEA expresando que deja sin efecto la denuncia y Uruguay será reincorporado tras la aprobación del órgano de consulta.

Pastori consideró que los países integrantes del TIAR (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, y Venezuela) se habían “excedido” en utilizar al tratado para adoptar “sanciones que no respondían al objetivo” del tratado y dijo que habían realizado una “interpretación forzada”.

El catedrático dijo que a la cancillería uruguaya le asistía razón en parte de su argumentación, pero señaló que decir que era una “puerta abierta a la intervención armada” y que se han adoptado sanciones “casi como un preámbulo es una exageración” porque el TIAR tiene que estar en consonancia con el artículo 53 de la carta de Naciones Unidas.

“El uso de la fuerza entra dentro de un supuesto que no se desprende de esta resolución. Siempre tendrá que pasar por el Consejo de Seguridad de ONU”, sentenció.