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Uruguayos gastaron más de US$ 38 millones en compras web en el exterior el año pasado
Los uruguayos incrementaron el gasto en compras en el exterior efectuadas a través de internet el año pasado. El sistema ya está consolidado entre los consumidores que son atraídos por productos que tienen un menor costo en origen. Uno de los aspectos que inciden en ese precio más bajo es que la mercadería ingresa al país sin el pago de impuestos, utilizando la franquicia de encomiendas internacionales. Pero eso ha generado críticas de sectores comerciales establecidos, que se sienten perjudicados por la exención de gravámenes que permite el régimen de compras.
Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) el año pasado se recibieron 391.828 encomiendas a través de couriers privados o el Correo. Significó un incremento de 6,4% respecto a un año atrás. Además, la DNA indicó que el gasto total fue de US$ 38,6 millones en 2018 frente a US$ 37,3 millones de un año atrás, con un crecimiento de 3,4%.
Para que las compras estén exonerados del pago de impuestos por importación no pueden exceder los US$ 200 o no sobrepasar los 20 kilos por vez. Además, cada persona física tiene permitidas tres operaciones al año. Cada una debe ser abonada con tarjeta de crédito o débito internacional y efectuada por un mayor de edad que sea el titular del plástico. Además, los artículos no pueden tener fines comerciales.
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El sistema de compras web en el exterior ha crecido en los últimos años y en 2018 alcanzó otro récord desde que fue regulado a mediados de 2012. Pero ese aumento también generó críticas de empresarios locales establecidos.
En febrero del año pasado, la Cámara de Comercio organizó un evento y presentó un estudio efectuado por CPA Ferrere a pedido de un grupo de empresarios. Allí, se informó que el régimen de compras en el exterior había generado en 2017 una renuncia fiscal de US$ 19 millones. También se mencionó que por cada envío recibido de US$ 200 se perdían US$ 345 de ventas locales. Ese informe tuvo una rápida respuesta de la Cámara Uruguay de Courier, que defendió la franquicia de encomiendas internacionales. Un año después las diferencias continúan.
El vicepresidente de esta última cámara cámara, Dardo Morales, indicó hace unos días a Subrayado que los compradores consiguen mejores precios y mayor oferta de artículos en el exterior. Además, expuso que el régimen evita los remarques abusivos que muchas veces hubo por parte de los importadores. Por tanto, actúa como un regulador del mercado.
Sin embargo otra es la visión de los comerciantes locales.
La asesora económica de la Cámara de Comercio, Ana Laura Fernández, recordó que aquel informe planteó alguna solución para reducir la inequidad fiscal. Una fue que el régimen de encomiendas se mantuviera, pero gravado con IVA.
“La cámara como entidad defiende el principio de libertad. Entonces, ¿por qué no reducir los aranceles que pagan las importaciones para que todos puedan trabajar en las mismas condiciones? Ese sería un camino intermedio”, dijo a El Observador.
La gremial está manteniendo contactos con el Ministerio de Economía y la DNA en la búsqueda de soluciones para dos sectores: los jugueterías y las ópticas. Cuando se realizan importaciones de estos artículos, además del pago de tributos, los comerciantes deben cumplir con determinadas exigencias donde intervienen el Ministerio de Salud Pública —para el caso de los lentes— y del LATU en los juguetes. “Sin embargo, cuando entran a través de la franquicia no cumplen con esos requisitos, porque supuestamente no se traen con fines comerciales”, explicó Fernández.
Cuando se realiza una compra en el exterior a través de internet el usuario puede utilizar la franquicia y evitar el pago de tributos u optar por un régimen simplificado donde se debe pagar un impuesto por el 60% del valor de la factura de origen. Si se elige esta variante la mercadería puede tener fines comerciales. Y esta es otra inequidad que señalan los comerciantes. “Si se usa el régimen simplificado no hay tope en la cantidad de encomiendas a recibir en el año, los artículos tampoco tienen controles del Ministerio de Salud Pública o del LATU y se pueden comercializar”, expresó la economista.
Fernández sostuvo que por eso, la gremial intercambia información con dependencias oficiales para “ver qué soluciones se le podrían otorgar a estos dos sectores en particular; hay justificativos para que las autoridades puedan tomar alguna medida”.
