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Venezuela y un paso más al socialismo: el gobierno ahora controla todos los precios

Ahora el gobierno define el porcentaje de rentabilidad; crece la fiscalización

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07 de febrero de 2018 a las 05:00

Fabiana Culshaw
Especial para El Observador

Del conjunto de leyes que el gobierno venezolano ha ido decretando a lo largo de los años, existe una que deja pálidas al resto por el impacto que ha tenido, y sigue teniendo, en el sector privado: la ley Orgánica de Costos y Precios.

Dicha norma, reformada hace algunas semanas, ha generado cambios profundos en las estructuras de las empresas y es una de las principales causas de quiebra financiera de gran parte de estas, según representantes de Fedeindustria, Fedecámaras y la Cámara de Comercio de Caracas. Antes de ser modificada la ley establecía un tope en el margen de las ganancias de todos los actores de la cadena productiva de los distintos bienes y servicios, y en el pasado noviembre el gobierno decretó que ese límite queda eliminado y que será el Ejecutivo el órgano que defina el porcentaje de rentabilidad, según el sector económico y otras variables.

Con la reforma ya vigente, la Superintendencia correspondiente (Sundee), que vela por su cumplimiento, ha emprendido una fuerte fiscalización en lo que va del año, lo que agrega presión al ya alicaído sector privado venezolano, cada vez más reducido.

La letra de la ley original

Creada en noviembre de 2013, la ley de Precios establecía un tope máximo de ganancias del 30% en relación a la estructura de costos del bien o servicio, para cada actor de la cadena de comercialización.
El presidente Nicolás Maduro señaló que la intención era controlar la especulación con los precios que se estaba dando en todos los rubros del país, incluyendo los más sensibles para la población, como el de alimentos.

La ley distinguía los "costos de producción" de los "gastos ajenos a la producción". Los "costos de producción" son aquellos que se derivan de la adquisición y transformación que le da al producto o servicio su condición de terminado o prestado. Por su parte, los "gastos ajenos a la producción" incluían los de administración, almacenaje secundario, gastos de representación, publicidad y gran parte de los tributos que deben pagar las empresas.

El problema estaba en que, según la ley, solo "los costos de producción" podían ser incluidos en la estructura de costos de las empresas, es decir transferidos al precio final de venta al público. Pero los "gastos ajenos a la producción" (que son muchos) pasaron a tener que ser asumidos por las empresas, lo que generó serios desbalances. Para la fiscalización de la ley se creó ese año la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), órgano que tenía entre sus atribuciones la fijación de los precios máximos, así como la fiscalización del cumplimiento de los mismos. La Sundee está adscrita a la Vicepresidencia del Área Económica.

Los unos y los otros

Desde un comienzo, algunos sectores advirtieron que las empresas de mayores costos serían las más impactadas, pero que también sería un gran reto para las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales carecen de suficientes recursos para salir adelante.

El Ejecutivo respondió que implementaría programas de asistencias técnica y tecnológica para que el empresariado mejorara sus procesos productivos y cálculos. Sin embargo, los mecanismos no terminaron de definirse.

Lo cierto es que mientras el gobierno afirmaba que la ley combatiría la "especulación mercantilista" y protegería al consumidor final de "precios exagerados", el empresariado insistía que el tope a las ganancias coartaba el libre mercado y que ese margen no les permitiría subsistir o reponer la mercancía.
En los últimos tres años, se ha dado una nueva ola de cierre de empresas que no han podido sostener un balance entre las estructuras de sus costos y precios.

En los últimos diez años, 500 mil empresas han desaparecido. En el año 2002, el país contaba con 830 mil compañías y hoy en día existen menos de 250 mil.

"La ley Orgánica de Costos y Precios ha sido un eslabón más de toda una cadena que atenta con la supervivencia del sector privado en Venezuela, un empujón más que precipitó la quiebra masiva de comercios. La economía se cae a pedazos. Nadie quiere, o puede, vender productos a pérdida", dijo a El Observador Víctor Maldonado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.

La reforma

La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) modificó la ley de Precios a fines de noviembre de 2017, eliminando el tope máximo. En su lugar, determina que el Ejecutivo Nacional pasa a ser la entidad que establece el precio final al consumidor según la naturaleza del producto o servicio, su estacionalidad, niveles de productividad, envergadura de la empresa, región o localidad, oportunidad de producción y distribución. Básicamente, los "precios acordados" (así se los llama) resultan de una mezcla entre la productividad y la distribución, lo que genera un margen comercial en cada unidad de producto y servicio.

"Se cambió una ley nefasta, por otra que también lo es. Va en contra de los derechos del empresariado y de los consumidores. Solo agrega controles, discrecionalidad, caos en el mercado y desestimula a la inversión", dijo Maldonado.

"El artículo 10 especifica que los precios de los diferentes rubros serán revisados periódicamente, lo que es una absoluta pérdida de tiempo, de burocracia sin sentido", agregó.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas advirtió que el país está sumido en el desabastecimiento y que muchos productos de la canasta básica (incluyendo los que ofrece el gobierno a precios subsidiados) son revendidos en el mercado negro muy por encima de los precios que establece el gobierno y sin ningún tipo de fiscalización. El gobierno, sin embargo, defiendo sus políticas socialistas y emprende una nueva avanzada de controles en todo el país en aras de la "justicia social", según dice.

Las sanciones previstas por incumplimiento

Ante la falta de cumplimiento de los "precios acordados", las sanciones previstas son: decomiso, multas, ocupación del local, su cierre temporal o definitivo, sanciones hasta 10 años de prisión a los empresarios o comerciantes, según la gravedad del caso. Las sanciones de prisión más graves están contempladas para quien incurra en usura o contrabando de extracción. También se podrá decretar la suspensión del "Registro Único de actividades económicas y comerciales" de tres meses a diez años, el cual se requiere para diversos trámites empresariales, incluyendo la solicitud de divisas para la importación de materia primas y alimentos. La ley establece que el Ejecutivo puede iniciar procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos.


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