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"Vergüenza": la peripecia del proyecto de Casa de Galicia que fracasó pero con el que FA va a insistir
"¡Verguenza!", gritaron las diputadas del MPP, Lucía Etcheverry y Cecilia Cairo cuando la Cámara de Diputados se quedó a un legislador de alcanzar el quórum necesario.
Las bancadas del Partido Colorado, el Partido Nacional –salvo por Carmen Tort y Marcos Portillo– y el Partido Independiente reeditaron la imagen de bancas vacías que el Senado había dejado la noche anterior y resolvieron no presentarse para dificultar el ingreso a la cámara baja el proyecto de ley para cubrir la deuda por créditos laborales con exfuncionarios de Casa de Galicia.
De haber alcanzado los 50 diputados presentes, entre varios suplentes que no pudieron asumir al no votarse las licencias de los titulares, se hubiera disparado un complejo vericueto del reglamento parlamentario para llevar el texto a comisión, aprobarlo allí con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, llamar a una nueva sesión para las 20 horas y tratar de alzar las manos antes de que el reloj marcara el fin del plazo constitucional para aumentar gastos del Estado.
Y de haberlo logrado, el Poder Ejecutivo hubiera vetado la nueva ley. La redacción acordada el día anterior en el Senado implicaba un desembolso de US$ 30 millones de Rentas Generales para cubrir una parte de los US$ 42 millones reclamados por los extrabajadores por concepto de créditos laborales adeudados desde el concurso de la liquidada mutualista. El gobierno estaba dispuesto a comprometer menos de la tercera parte: US$ 8 millones.
"La limitación económica existe", había dicho ante los senadores de la comisión de Asuntos Laborales del Senado el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco. La "inviable" suma de US$ 30 millones acordada entre la oposición y Cabildo en comisión –a la que luego se sumaron los blancos Sergio Botana y Juan Straneo– condujo a los tres ministerios implicados (Economía, Trabajo y Salud Pública) a afirmar a los legisladores de la coalición que deberían vetar la iniciativa.
El gobierno también objetó el artículo 7° que obligaba a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a contratar a los 494 trabajadores no médicos y 455 médicos que aún permanecen en una "bolsa de trabajo" para ser distribuidos entre los cinco centros de salud establecidos por ley.
"Lo que no puede hacer ASSE, porque no tiene créditos para eso, es incluir en su plantilla a mil trabajadores. No tiene crédito, no hay posibilidad", sostuvo el jerarca del Ministerio de Economía el miércoles.
De hecho una parte de la disertación de las autoridades ante los senadores intentó hacer ver que el hecho de estar en la "bolsa de trabajo" no implica necesariamente que se trate de desempleados, algo que molestó al Frente Amplio e incluso a los dos blancos que luego prestarían sus votos.
El gobierno también apuntó que la iniciativa demostraba "el esfuerzo se hizo" de crear "un fondo específico" para los exfuncionarios, pero que también habían habido –a través de la Liga de Defensa Comercial, un seguro de paro especial y el vigente Fondo de Garantías de Créditos Laborales– otros pagos. "No es que les estemos dando la cuarta parte, lo que sucede es que ya han cobrado", sostuvo Fernando Blanco.
El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián, expuso que hay 262 médicos dentro de los 455 que están en la "bolsa de trabajo" que "actualmente tienen cargo titular en otras instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud". De sumarse suplentes y otras contrataciones precarias se alcanzan "420 médicos que formaban parte de Casa de Galicia, que no fueron absorbidos por las mutualistas, pero que tienen vínculos con otras instituciones". "Quedarían sin convocatoria 35 trabajadores de los 455", afirmó el jerarca blanco, aunque aclaró que eran números "preliminares".
Respecto a los 494 no médicos que ninguna otra mutualista ha absorbido, Satdjián argumentó que hay 130 "trabajando en algún otro prestador", lo que deja un saldo de "364 que aún no fueron convocados". El jerarca reconoció que en Uruguay "es muy común el multiempleo y eso antenta contra el trabajador, la estabilidad de la institución y en definitiva contra el usuario". Pero al mismo tiempo acotó que ya hay 94 exfuncionarios de Casa de Galicia que "no pueden ser incorporados a ASSE porque ya están trabajando en ASSE".
La revancha del FA y lo que decía el gobierno
La coordinadora de la bancada frentista en Diputados, Lucía Etcheverry, dijo tras la fracasada sesión que "hay todavía una modificación que permitiría resguardar absolutamente de que el proyecto no está afectado por el plazo constitucional", y por tanto tratarse en comisión aún después del límite de este viernes, a un año exacto de las elecciones.
"Si lo veta no agrega más que oscuridad a un ya opaco proceso de liquidación de Casa de Galicia que el gobierno llevó adelante", acusó Etcheverry. La oposición estudia por estas horas con sus abogados un mecanismo que garantice el monto aprobado en el Senado pero sin desembolso de Rentas Generales, sino que salga por completo del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, establecido por ley desde 2018, indicaron fuentes de la izquierda a El Observador.
El subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, explicó el miércoles en el Senado que entendían que ese fondo aseguraba los créditos preconcursales, ya verificados en el concurso de Casa de Galicia. "Allí hay dinero, pero comparten un escenario con varias empresas que están en concurso. (...) Van a encontrar satisfecho el cobro (...), aunque no sabríamos decir cuándo", dijo.
"Es decir que nosotros creamos un fondo especial para los trabajadores de Casa de Galicia, para garantizarles el cobro de los créditos posconcursales. (...) Si fuera el fondo preconcursal, cobran en el hoy vigente, y si se trata de créditos posconcursales, cobran en el fondo que estamos tratando de crear", apuntaba el número dos del Ministerio de Trabajo.
La intención del gobierno era asegurar $174 mil por trabajador con el fondo específico, aunque la cifra aprobada en el Senado por el FA, Cabildo y dos blancos asciende a $600 mil.
El director de Finanzas Públicas complementó que "hoy la ley 19.690" (dentro de la que está comprendida el citado fondo) "no estaría dando solución a la situación de los trabajadores de Casa de Galicia". "A veces se habla de un monto, pero para adentro es muy heterogéneo el tema de los créditos de los trabajadores. De hecho, hubo trabajadores que nunca dejaron de trabajar y cobraron el seguro de paro especial que se dio", ejemplificó.
El senador comunista Óscar Andrade acusó entonces de que "la propuesta puede ser de recibo para el caso de desesperación". "Nunca recomendaría a un trabajador que tiene $ 700 mil para cobrar que acepte $ 170 mil, salvo que esté en situación de desesperación. (...) Está claro que recorrería el camino jurídico con la sentencia judicial firme e iría al fondo de insolvencia", afirmó, en una premisa que también recogerían en las siguientes horas los cabildantes y Botana: la eventualidad de un juicio.
"Ustedes deben entender que es muy difícil pensar en hacer la cuenta de que, como hubo un seguro de paro especial, disminuye la posibilidad de cobro de despido. Entiendo la cuenta desde el punto de vista del Poder Ejecutivo (...) en términos técnicos es irreprochable, pero en términos de construcción de salida política nos genera mucha dificultad, más allá de que se la entienda. Uno no cobra el seguro de paro especial pensando que está cobrando a cuenta del despido y de la diferencia de licencia y aguinaldo", dijo Andrade.
Rando sugirió a Manini no votar
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, sugirió al líder de su partido, Guido Manini Ríos y a la senadora Irene Moreira que no votaran la redacción sustitutiva que había impulsado el FA, en la misma línea que los tres ministerios se habían expresado en comisión. Los senadores devolvieron sus "razones legislativas" para mantenerse firmes, según reconstruyó El Observador.
El General dijo el miércoles a El Observador que "va a ser mejor de esta forma y no por la vía judicial, con costos mucho mayores para el Estado", y agregó que la voluntad de "veto" del Ejecutivo demuestra que "hay diferencias": "Ayer un articulo nuestro sobre los fiscales en la Rendición de Cuentas fue vetado, y eso marca claramente que hay diferentes visiones de distintas cosas, por algo tenemos distintas propuestas en muchos temas".
