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Deudas, suicidios y falta de trabajo: las denuncias de extrabajadores de Casa de Galicia en el Parlamento
En medio de la discusión en el Senado por la Rendición de Cuentas, un grupo de exfuncionarios de la mutualista Casa de Galicia, cerrada a principios de 2022, denunció ante varios legisladores que todavía se les adeuda más del 80% del dinero que habían acordado, y reportó que varios trabajadores no fueron redistribuidos a otros centros de salud como marcaba la ley, algo que generó problemas de salud mental a muchos de ellos, al punto que ocho compañeros se suicidaron.
Este viernes la agrupación de exfuncionarios, encabezada por Jenniffer Ferrer y Verónica Puche, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta, que trata los artículos de la Rendición, según informó El País.
En el comienzo de su comparecencia, Ferrer indicó que "no se cumplió en todos los casos" el año de seguro de paro común que iba a empezar luego de que terminara el "seguro de desempleo especial de Casa de Galicia" en abril de 2023, un año después de que se promulgara la ley N° 20.022 que brindaría una solución para los empleados y socios de la mutualista, y que según la extrabajadora tuvo una "redacción a las apuradas".
Desempleados y fuera de la bolsa de trabajo
La 20.022 creo una bolsa de trabajadores del centro de salud cerrado. Sin embargo, Ferrer lamentó: "Al día de hoy no todos los funcionarios fuimos reintegrados a trabajar; algunos volvieron a la bolsa". Posteriormente Puche indicó a los legisladores presentes que en la actualidad hay 400 extrabajadores de Casa de Galicia que o no fueron reubicados o que con "diferentes maniobras" fueron "despedidos antes de los tres o seis meses".
A eso le suma a 70 funcionarios que nunca fueron "convocados" ni están en esa "bolsa de trabajo". "No se respetaron las pautas establecidas en la ley para el reparto de socios y funcionarios. Y soy un ejemplo de eso, ya que soy madre soltera con una menor a cargo, pero nunca me llamaron para trabajar en ningún lugar", criticó Puche.
"Ya se han suicidado ocho compañeros"
Por su parte, Puche se enfocó en el "daño" que todo este proceso le causó a los exintegrantes de la mutualista. "Todo esto provocó que muchos de nosotros nos endeudáramos y que al día de hoy no hayamos podido solucionar este problema", lamentó la exempleada, quien sostuvo que el cierre les cambió la vida de forma "radical".
"Ya se han suicidado ocho compañeros y muchos estamos en tratamiento de salud mental; no da vergüenza decirlo, porque es bastante normal ahora y hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces es tabú, pero la estamos pasando mal", continuó Puche, quien entiende que la "inestabilidad" económica y emocional "provoca pérdida de vidas, angustia, depresión, ataques de pánico y suicidios", y cree que los afectados necesitan cerrar este "ciclo".
Además, la extrabajadora acusó que muchos de los exintegrantes de Casa de Galicia están en "listas negras", y que hay "socios" de la mutualista, ellos mismos incluso, que "no tienen ni siquiera las historias clínicas para atenderse" porque quedaron dentro del centro.
"Hasta cuándo vamos a estar mendigando lo que nos corresponde por derecho. Lo que le solicitamos a esta comisión es la voluntad política para solucionar este tema y terminarlo de una vez, porque ya no damos más. Sabemos que no existe más Casa de Galicia y solamente queremos terminar con este tema, cobrar nuestra plata y seguir adelante con nuestras vidas", sentenció Puche en su comparecencia.
"Ya no hay más nada para rematar"
Según Ferrer, hasta el momento solo se han pagado dos cuotas de las deudas que mantiene la mutualista con los trabajadores. En diciembre recibieron un 11,395% del total de deudas, y en julio de 2023 se agregó un 2,3%. En ese sentido, indicó que la Rendición de Cuentas de 2022 marcó un presupuesto de US$ 8 millones para cubrir las deudas de los trabajadores, que cubrirían el 20% del total de US$ 42 millones que se le debe al total de la masa laboral.
Tras la primera declaración de las dos exfuncionarias, el senador frenteamplista Óscar Andrade consultó al grupo presente "cuál es el porcentaje de los créditos que estaría quedando por fuera", todavía sin cobrar.
Ferrer respondió que "ya no hay más nada para rematar por parte de Lideco (Liga de Defensa Comercial)", la encargada del concurso judicial de la mutualista, y por lo tanto no iban a cobrar "más nada" que el 20% antes mencionado.
Los trabajadores solo esperan que haya "algo para cobrar en setiembre", pero solo para aquellos que acordaron con Lideco un "fondo de garantía", cobrar la mitad de lo adeudado sin "derecho a reclamar por juicio". Los que no acordaron "no se les paga hasta después que termine el juicio, si se gana", añadió.
Los abogados que representan a los trabajadores les comunicaron que en total se recuperaron $ 110 millones para el pago de deudas. 30 millones de pesos fueron recuperados de "prestamistas", mientras que los restantes $ 80 millones provienen de "facturas de ASSE", pero solo se comprobaron $ 30 millones. Si se pueden ejecutar los $ 80 millones, se alcanzará el 20% de la deuda.
Por otra parte, el BPS les comunicó que "solo" tiene US$ 6 millones y "no tiene plata" para cubrir la deuda a los funcionarios. "Si el BPS recibe US$ 21.000.000 al año para pagar todos los gastos que tiene, es imposible que a nosotros nos pague US$ 42.000.000, porque no le paga a nadie más por dos años", expresó Ferrer.
Amanda Della Ventura, senadora frenteamplista que presidió la sesión de la Comisión del Senado, les indicó a los integrantes del grupo que "quizás se presente alguna propuesta para agregar al proyecto de ley de rendición de cuentas atendiendo esta situación tan grave".
