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Violencia de género: horas de espera, espacios reducidos y escasez de técnicos
Se abrió la puerta de la sala de denunciantes y una mujer con papeles en la mano se levantó de la silla con ímpetu. "Estoy esperando y no me llaman" dijo acercándose a la funcionaria del Juzgado de Familia Especializado. Hacía dos horas que tenía pendiente una audiencia. Su caso no es el más grave, porque algunas personas llegan a esperar seis, ocho o más horas para una audiencia, una pericia o una entrevista con alguno de los integrantes del equipo técnico que asesoran a los jueces.
Las denuncias por violencia de género de mujeres, niños y adolescentes vienen en aumento en los últimos años. Por otro lado, los delitos cometidos por menores de edad vienen descendiendo desde 2014 por lo que dos juzgados de Adolescentes serán transformados en juzgados de Familia Especializados, como informó Búsqueda días atrás.
El Poder Judicial tiene por estas horas la misión de instrumentar estos cambios y ubicar físicamente a los nuevos juzgado. Hay varios aspectos a tener en cuenta, entre ellos lo edilicio, el personal y la logística. El director general de los Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, explicó a El Observador que se analizará "si se van a mudar" los juzgados a donde funcionan actualmente los otros turnos, en la sede de Rondeau y Valparaiso, o si permanecerán en la sede de Adolescentes en Bartolomé Mitre y Buenos Aires.
En caso de que no se concrete la mudanza, Pesce dijo que es necesario prever cómo se realizarán las pericias, ya que parte del equipo técnico tendría que trasladarse. "Todo se está evaluando", puntualizó.
En las oficinas del equipo técnico trabajan 20 personas entre psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que se dividen en dos oficinas. Hay cuatro computadoras para subir los expedientes al sistema, y una quinta en el lugar donde se elaboran informes, que al mismo tiempo funciona como comedor.
Hay dos salas para realizar las entrevistas, y se utilizan algunas oficinas que no estaban destinadas a ese fin, como la habitación donde funciona la Cámara Gessel, ya que no funciona adecuadamente.
Los trabajadores han reclamado una ampliación de las instalaciones, más equipamiento y técnicos especializados, incluso la compra de juguetes para los niños, ya que el tiempo de espera puede dificultar el proceso técnico cuando deben hablar con un perito. Sin embargo, la respuesta que se encontraron en varios intentos es la dificultad de implementar cambios ante la falta de presupuesto.
Los juzgados de Familia Especializados fueron creados en 2004 y comenzaron a funcionar cuatro turnos. Después fueron seis, en 2018 se sumaron dos más y en noviembre del año pasado se sumó el 9° y 10° turno, por lo que cuando empiezan a funcionar los dos nuevos, serán 12 en total.
En un mes, solo dos juzgados enviaron 215 expedientes para una dupla de técnicos, y el que tuvo menos trabajo mandó 53 para realizar los informes sobre los que se apoyan las decisiones judiciales. Además, se tienen que atender las urgencias y las evaluaciones de riesgo, como está previsto en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género.
En busca de recursos
La nueva ley en funcionamiento desde 2018 prevé que, una vez que se recibe la denuncia, el tribunal deberá "adoptar las medidas de protección urgentes" y "celebrar audiencia dentro de las 72 horas". Previo a este paso, el equipo técnico del juzgado elevará un informe de evaluación de riesgo.
En los hechos, no siempre se cumple con ese plazo. La exjueza penal, Julia Staricco, asumió en el juzgado especializado en noviembre del año pasado. Al ser un sede nueva, la agenda para fijar audiencias no está llena, pero la magistrada afirmó que "le consta" que hay colegas "que tienen mucha más demanda" por la acumulación de casos, lo que deriva en un incumplimiento de los plazos previstos.
Asegura que en ocasiones hay "largas jornadas de trabajo por situaciones que no pueden esperar para resolverse". De hecho, el pasado miércoles, en uno de los días más cargados de la semana, Staricco tuvo 17 audiencias.
Para la magistrada, dos juzgados más "van a permitir cumplir con los plazos que establece la ley". De todas formas, destacó la importancia de reforzar los equipos técnicos. "Por más juzgados que se creen si los equipos técnicos no van a poder con ellos después se hace un embudo, un cuello de botella", ya que con los mismos profesionales las personas a ser atendidas "estarían todo el día esperando", sostuvo.
En su discurso de asunción, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle dijo que las denuncias por hechos de violencia doméstica, la escasez de infraestructura adecuada por parte del Poder Judicial, la falta de creación de juzgados y los equipos interdisciplinarios, traen como efecto "la falta de prestación de un servicio de calidad y rapidez que reclama la sociedad civil".
Entre algunas de las medidas que destacó fue la "redistribución de recursos humanos" y buscar "mayor flexibilidad en los horarios de trabajo para el mejoramiento del servicio de justicia" para paliar la falta de recursos.
El año pasado, la SCJ compró un colegio en la Aguada para instalar el Centro de Justicia, Familia y Género, donde se atenderán todos los casos de violencia doméstica. Pero por el momento no se pudieron realizar las obras de remodelación debido a la falta de recursos. De hecho, Minvielle adelantó en febrero de este año que su inauguración "no puede pensarse en menos de dos años y medio o tres".
Al respecto, Pesce explicó que está negociando una propuesta con el Ministerio de Vivienda para hacer viables las obras. "El Poder Judicial tiene algunos terrenos, que por su ubicación son atractivos para la construcción de viviendas y que podría ser interés del ministerio y a cambio de esos terrenos tendríamos los recursos para la reforma que tenemos que hacer en la sede".
Larga data
La Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) denuncia que desde el año 2015 hay al menos 400 vacantes administrativas, situación que debido a la directriz del presupuesto austero enviada por el Poder Ejecutivo, permanecerá incambiada, apuntó el secretario general de AFJU, Pablo Elizalde.
Según informó días atrás El Observador, el Poder Ejecutivo pidió que tomen como base el decreto que impone un ahorro de al menos 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones –excluidas las partidas salariales–, que rige para la Administración Central.
Un estudio realizado en 2017 cuando se aprobó la ley, detalla que el costo para ponerla en marcha desde cero era de $ 970 millones (US$ 22 millones al valor del dólar actual). De esos rubros, $ 200 millones estaban destinados a inversiones y $ 770 millones a sueldos y gastos de funcionamiento.
Elizalde sostuvo que en el interior la atención de la violencia de género es "mucho peor". "Los equipos técnicos solo están en las capitales de los departamentos, es complejo para abordar la problemática que todas las personas sean atendidas por un profesional".
Como ejemplo, mencionó a la ciudad de Libertad en San José, donde trabaja un psicólogo y un asistente social para atender a una población de casi 15.000 personas.
