Diego Battiste
A Cabildo Abierto, se le ha vetado, desoído y hasta rechazado iniciativas que luego se adoptaron cambiando su formato o disimulando el plagio. Así ha ocurrido también con el tema de la usura en los préstamos al consumo, autorizados por la Ley de Astori (Ley 18212 de diciembre de 2007 durante el gobierno de Vázquez) y a pesar de la prohibición constitucional.
Desde hace más de dos años Cabildo Abierto ha planteado la necesidad de buscar una solución al endeudamiento masivo de miles de pequeños deudores oprimidos por el expolio impuesto por Bancos y Entidades Financieras prestamistas, y se ha posicionado como una voz poderosa en defensa de los más desprotegidos.
Con ese propósito ha proyectado una ley de re estructuración corrigiendo la usura y en aras de buscar lo que ha llamado “deuda justa “, para terminar de una vez con un abuso notorio que incrementa el monto del crédito concedido hasta el punto de hacerlo impagable, pues multiplica por cuatro, cinco o diez veces el capital prestado y lo convierte en una verdadera exacción totalmente inconstitucional, subrayando además un principio ético fundamental como es la necesidad de proteger a los más frágiles de las prácticas financieras abusivas.
El pequeño deudor embretado en un monto que no podía pagar de manera alguna con sus menguados ingresos, era calificado como de categoría 5 o sea “incobrable”, pasaba al “clearing de deudores” y su vulnerabilidad se acentuaba al punto de sufrir la exclusión total de un sistema que es verdaderamente predatorio.
Ahora bien. Planteado el tema por C.A. en la Coalición de Gobierno se le analizó, se discutió y a pesar de la evidencia del gran número de pequeños y muy vulnerables deudores afectados, se le dio largas al asunto y con obvio malestar, se dejó de prestar atención a su propuesta.
Como respuesta, el General Manini ordenó a sus filas iniciar una recolección de firmas buscando su apoyo popular para una reestructura en busca de lo que dio en llamar “deuda justa” y consiguió hasta el momento el logro de más de 300.000 voluntades, para reformar el artículo 52 de la Constitución de la República a los efectos de que la tasa máxima de interés sea determinada por ley aprobada con mayoría especial de dos tercios.
A su vez y mientras dicha ley no sea aprobada, la reforma Constitucional planteada por Cabildo Abierto propone fijar el interés máximo por todo concepto en 30 por ciento sobre los montos adeudados, convertidos a Unidades Indexadas.
Por otro lado, todas las deudas contraídas antes del 18 de Julio del 2023 podrán ser canceladas mediante el pago del monto convenido inicialmente con una tasa efectiva anual del 4%, lo que aplica para deudas no superiores a UI 200.000.
Ante esta realidad, presionado por el avance en la recolección de firmas para la iniciativa de reforma constitucional de C.A., el sistema bancario preocupado, optó por el mal menor y apoyó a través de sus gremiales una reestructura que acaba de anunciar el gobierno por medio del Banco Central, asumiendo el papel de benefactores con ideas ajenas.
Las diferencias entre ambas propuestas son significativas. Mientras CA. propone un cambio estructural, profundo y regulado por el Estado para asegurar una protección definitiva contra la usura con una propuesta que abarca deudas con públicos y privados, con límites de deuda superiores y con limitación de la tasa de interés, el sector privado propone una programa de flexibilización de las condiciones existentes y con un plazo perentorio, lo que es claramente insuficiente.
Resulta una obviedad decir que sin la presión de Cabildo Abierto y su exitosa recolección de firmas que le anuncia un rotundo apoyo popular, ni el gobierno, ni el Presidente del Banco Central ni la Asociación de Bancos privados (ABPU) o de Administradoras de Crédito (ANEAC) y demás financieras que, en gran parte pertenecen a los mismos Bancos, hubieren procedido a Reestructurar absolutamente nada.
Los argumentos que se daban en contra de la Reestructura de Cabildo, o sea respetar los acuerdos privados, no cambiar las reglas de juego, o la seguridad jurídica y no poner el riego el crédito para adelante, ahora no son graves, parecen no existir más, y el gran salvador es el Banco Central, pero con una idea de Cabildo Abierto.
Del mismo modo parece ocurrir con el único plan verdaderamente estratégico para afrontar la inseguridad pública, que ha presentado C.A. y que por ahora no se asume.
Y cuando se ha buscado mejorar una situación como sucedió con el pequeño retoque que se hizo en materia de forestación, que mejoraba el sistema actual sin tocarlo en lo esencial, la ley que se logró aprobar fue vetada por el Presidente.
Queda claro que Cabildo Abierto está marcando un rumbo tangible en la política y en la economía Uruguaya; y seguirá siempre luchando por la justicia social y la defensa de los más desprotegidos por más obstáculos que se le interpongan.
