A partir del 1° de febrero de este año, las ventas con tarjeta de débito pasaron a tener una comisión máxima de 1,5%, desde el 2,2% en el que estaba fijado el límite con anterioridad. En el caso de las tarjetas de crédito, el arancel pasó a 4% (hasta febrero era de 4,5%).
El MEF estima que con el tiempo existe la posibilidad de extender el acuerdo para llevar los aranceles a 0,85% para los casos de débito y 2,25% para el crédito, argumentando que el mayor número de transacciones permite que se pueda ampliar el beneficio, sostuvo el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba.
Sin embargo, Fernández de Cambadu entiende que estas reducciones no son suficientes, ya que los comercios no pueden pagar un 4% de arancel (en el caso del crédito), ya que lo que venden generalmente "son cosas de poco valor, con márgenes de ganancia reducidos", indicó.
Hace tres años, Cambadu en conjunto con cámaras empresariales del interior del país, comenzaron a dialogar con el gobierno para reducir los aranceles.
Los empresarios de la Cámara Regional del Este (Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Maldonado, Lavalleja, Pando y Chuy), están recolectando firmas para, a través de un plebiscito, derribar parcialmente la ley de inclusión financiera e incluir en la Constitución de la República que los pagos con tarjetas sean opcionales y no obligatorios.
La reforma promueve que no pueda "restringirse el uso de efectivo", cuando en los hechos, el uso de efectivo no está restringido, excepto en el caso de las estaciones de servicio durante la noche, explicó Vallcorba a Subrayado.
Un emblema en Montevideo del pago en efectivo o con crédito de la casa es la tienda de electrodomésticos Carlos Gutiérrez. La directora de la compañía, Juliana Gutierrez, dijo a El Observador que además de vender al contado y con crédito de la casa, se trabaja con giro a través de redes de cobranza. Además, sostuvo que están evaluando "formas de incorporar tecnología a los procesos de pago sin agregar costos".
Gutiérrez explicó que la cartera de clientes ha aumentado en los últimos años, pese a que el local se maneja sin tarjetas: "Es cierto que algunos clientes consultan por qué no aceptamos tarjeta de débito, y les explicamos que entendemos que la comisión es muy alta y que deberíamos trasladarla al precio".
La directora de la empresa comentó que, aunque algunos clientes estuvieran dispuestos a pagar ese costo, la ley de inclusión financiera "no permite que la persona tenga la libertad de elegir si paga el sobrecosto por usar débito o paga con efectivo a un precio más barato".
"(La obligatoriedad de aceptar un medio de pago electrónico) sería una medida muy negativa. Nos obligaría a aumentar los precios, eso es lo que hacen los comercios que aceptan tarjeta". Juliana Gutiérrez, directora de Carlos Gutiérrez.
Por su parte, la heladería Popi, con locales en La Paloma y La Pedrera (Rocha), y Punta del Este y La Barra (Maldonado), trabaja únicamente con efectivo "por una cuestión ideológica", sostuvo el dueño de los locales de Popi en Rocha, Alcides Perdomo.
"Me resisto a la obligatoriedad", explicó. "La gente está cada vez más con tarjetas y eso repercute en el comercio", añadió. Hay un control del Estado sobre las personas, lo que consumen, y lo que hacen, según Perdomo.
Las heladerías tienen un cartel en la entrada que avisa que solo se acepta el pago en efectivo. Consultado sobre el impacto de esta medida en los clientes, Perdomo dijo que algunas personas se molestan. "Ha habido alguna queja, sobre todo de gente mayor que piensa que vendemos con dinero para evadir impuestos. Nosotros tenemos facturación electrónica, estamos en la legalidad. Es una cuestión ideológica la decisión de no trabajar con tarjetas", sostuvo.
Otro aspecto que complica al comercio, según Perdomo, es que los proveedores no aceptan tarjetas y hay que pagarles al contado. "Cuando los clientes pagan con débito se demora dos días en depositar el dinero y si hay que pagarle al proveedor al contado tenes que ir al banco, sacar la plata. Es más tiempo y a veces los proveedores no esperan", dijo.
En el caso del restaurante Sushi True, su propietario, Danny Sadi, dijo que ya comenzó el trámite para la incorporación del pago con tarjeta de débito, pero actualmente está "en pausa". "Es un negocio muy chico, apunta mucho a la calidad en el producto, por lo cual utilizamos los productos más caros y en mayor cantidad. A mí usar la tarjeta de débito, para la cantidad de cuentas que recibo, me significa aumentar los precios un 5%", afirmó Sadi.
Los clientes de Sushi True están avisados en la misma carta que no se acepta tarjeta de débito o crédito para el pago. "También trabajamos con transferencia bancaria. Fue un problema con la explosión de los cajeros, que no tenían dinero, entonces hace tres meses incorporamos la transferencia", sostuvo."No tengo otra opción. Si pongo (pago con débito) tengo que aumentar los precios. O bajo la calidad del producto o aumento los precios. Prefiero no bajar la calidad". Danny Sadi, propietario de Sushi True.
"Los costos". Esa es la respuesta que más se reitera cuando los comerciantes o representantes de cámaras empresariales del interior del país explican por qué no se adhieren a la inclusión financiera.
Alegan, además, que las cadenas o comercios más grandes obtienen beneficios respecto al uso de tarjetas, con descuentos que se aplican para los clientes.
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Eso afirmó el presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, Tomás Casas. "En Minas hay cuatro grandes superficies, que tienen beneficios de descuentos de tarjetas. Pagan porcentajes más bajos por la gestión de la inclusión financiera (por acuerdos con los bancos). Esa es la razón por la que muchos comercios, en la medida que pueden, se mantienen por fuera del sistema para manejar su dinero en efectivo", agregó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereira, dijo que en el interior, los pequeños comercios que siguen en pie lo hacen porque generan "un plus" y aunque no acepten medios de pago electrónicos, la gente opta por ellos. "Puede hablar con los dueños, si tiene un problema le fían. Todo ese tipo de cosas genera cierta supervivencia", indicó.
En 2017, el gobierno prorrogó el subsidio de arrendamiento de terminales POS para los comercios que iniciaran actividades o facturaran menos de 4 millones de Unidades Indexadas (unos $ 15 millones). De esa forma, el 70% del arrendamiento está subsidiado, lo que permite que cualquier comercio tenga acceso al aparato más básico a un precio máximo de $ 100. Este subsidio será del 40% del arrendamiento el próximo año.
Por otro lado, se elevaron los porcentajes para las empresas de reducida dimensión económica. En esos casos el subsidio alcanza actualmente el 100% y será de 70% en 2019.
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