Nacional > Proceso Penal

Senado aprobó cambios al CPP en una sesión en la que se pidió el VAR y Bonomi se llevó alguna crítica

Hubo consenso para votar el proyecto general, que pasará a discutirse en Diputados
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04 de julio de 2018 a las 05:00

Con tan solo ocho meses de haber entrado en vigencia, el Código del Proceso Penal (CPP) está a punto de ser modificado. El Senado votó este martes reformas a varios aspectos de la norma, que incluyen cambios a la aplicación de la prisión preventiva, de las libertades anticipadas y de los procesos abreviados, la novedad del nuevo proceso. La votación tuvo el apoyo de la oposición pero dividió al Frente Amplio, donde se dispuso la libertad de acción siempre y cuando no se pusiera en riesgo el proyecto.

Durante más de cuatro horas, la mayoría de los senadores parecieron blindarse contra los señalamientos de la academia, de la Asociación de Fiscales y de la Institución de Derechos Humanos que criticaron las modificaciones al régimen de prisión preventiva y de las libertades anticipadas, por considerar que de ser aprobados los cambios, se estaría volviendo a un sistema inquisitivo, del cual Uruguay huyó cuando el 1 de noviembre de 2017 comenzó a regir el nuevo CPP.

La sesión recogió críticas a la política de seguridad del gobierno y no escapó a la fiebre mundialista con una mención al VAR -el sistema de video utilizado por los árbitros en el Mundial de Rusia de 2018 para revisar jugadas o decisiones polémicas- por parte del senador nacionalista Jorge Larrañaga para cuestionar afirmaciones de legisladores del oficialismo.

El proyecto de ley, que ahora cuenta con media sanción, obliga a que los fiscales pidan al juez prisión preventiva en casos de reiterantes que cometieron delitos gravísimos. En esos casos los fiscales no podrán acordar con los victimarios una pena menor a la prevista en el Código Penal en el llamado proceso abreviados –cuando fiscales y delincuentes llegan a un acuerdo para reducir la pena y resolver el caso en poco tiempo sin llegar a juicio-, del que ahora podrán comenzar a participar las víctimas.

La reforma de la norma propone, además, limitaciones a la libertad anticipada para delitos como el homicidio, copamiento, secuestro o contra la libertad sexual de las personas.

El senador del MPP Charles Carrera, dijo que una de las principales reformas es que se pone "negro sobre blanco" las funciones que deben cumplir la Policía y la Fiscalía cuando actúan en conjunto. En esa línea, la senadora frenteamplista Daniela Payssé reconoció que tuvieron que "hacerse cargo" de los problemas que tenía la nueva norma. "Nosotros nos habíamos comprometido hacer una evaluación (al año) pero se han detectado algunos puntos que necesitan enmiendas de carácter legislativo", afirmó.

El único artículo que volverá a la Comisión de Constitución y Legislación será el relativo a la declaración de los imputados ante la Policía con autorización del fiscal. El proyecto establecía que era necesaria la presencia del abogado defensor para que el imputado pudiera declarar ante la Policía pero los senadores saben que, en los hechos, el abogado no se hace presente en el lugar al momento de la detención. Por lo tanto, volverán a discutir este artículo.

El consenso de oposición y oficialismo que reinó este martes en la cámara alta para votar el proyecto a nivel general se cortó en dos oportunidades.

Por un lado, las críticas vinieron desde un sector del oficialismo a algunos puntos de la reforma propuesta por el Ministerio del Interior. El senador de Casa Grande (Frente Amplio) Rafael Paternain, suplente de Constanza Moreira, fue crítico con algunos de los cambios propuestos.

"Nos cuesta mucho modificar comportamientos. Todos compartimos o todos estamos socializados en el patrón de la cultura inquisitiva. Tenemos un extraño consenso punitivo y es muy difícil salir de esa lógica", dijo el legislador y agregó: "Nos estamos concentrando en unas cosas pero no en otra, tenemos porcentajes muy altos de reincidencia y no hemos podido determinar cómo esos factores se reproducen".

De todos modos, Paternain votó a favor de las modificaciones a la libertad anticipada, pese a que en la comisión de Constitución y Legislación había hecho lo contrario. El senador argumentó que lo votó "para respetar los acuerdos de la bancada".

Los senadores de la oposición aprovecharon para volver a marcar la situación de inseguridad del país y criticar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por relacionar el aumento de los delitos con la aplicación del nuevo CPP.

"Yo sé que estamos tratando esto cuando faltan tres días para el partido entre Uruguay y Francia, pero que la gente no se crea que estas modificaciones van a traer magia. El problema está en el gobierno, está en el presidente de la República y cómo se eligieron las políticas de seguridad", dijo el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.

En ese momento y continuando con sus alusiones futbolísticas fue que Larrañaga pidió el VAR para "revisar" el hecho que el problema de la seguridad pública está en el gobierno y no en el nuevo CPP.

Según el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el proyecto de ley con modificaciones al CPP "nace del incremento espeluznante de la inseguridad, motivado por una lluvia de delitos". "El ministro del Interior no ha tenido mejor ocurrencia que trasladar responsabilidad (del aumento de delitos) al CPP. El CPP es eso, un código de procedimiento de los hechos delictivos. No es un productor de delitos. Y el señor ministro pretendió explicar que el hecho de ausencia de prisión preventiva era lo que determinaba el incremento delictivo. No es así en absoluto", dijo

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El senador nacionalista Javier García acusó al Ministerio del Interior de manipular cifras de delitos. "Es de una gravedad absoluta, exigimos que dé a conocer, que sea transparente en el manejo de las cifras oficiales". Según datos preliminares, durante el primer semestre las denuncias de rapiñas aumentaron más de 50%. A su vez, el senador Luis Lacalle Pou dijo que los cambios son oportunos y que el gobierno realiza un "ensayo y error con la vida de la gente".

Para retrucar esas afirmaciones, el senador Rafael Michelini aseguró que en el aumento de denuncias de delitos "hay un código que tiene que ver".

"Si los jueces recibían 360 mil denuncias y solo pasaban 220 mil y ahora el código exigen que se pasen todas, no es que aumentaron las rapiñas, ahora se registran todas ¿Ustedes creen que la Policía no quiere hacer su trabajo? Hay cosas que estamos reordenando, pero vamos paso a paso", aseguró.

Pero no solo Bonomi y su gestión fueron objeto de crítica. También hubo cuestionamientos a la academia, que no comparte los cambios votados en el Senado. "Es realmente increíble la falta de pragmatismo con el contraste con la realidad. Quienes están detrás de los escritorios sueñan con Repúblicas aéreas, alejadas de la realidad", dijo con enojo el senador colorado Pedro Bordaberry, a lo que Larrañaga agregó una horas después: "Si siempre coincidiéramos con la cátedra, entonces no tendría sentido estar sentados acá. Somos parlamentarios".

Nueva comisión

Los legisladores votarán como aditivo la creación de una comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal, de carácter "permanente y consultivo". La comisión la conformarán el Ministro del Interior, un ministro de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal de Corte.

Deberán realizan estudios técnicos y formular las propuestas que consideren y deberán enviar a la Asamblea General un informe semestral en el que podrán sugerir reformas legislativas.


¿Cuáles artículos dividieron a los senadores?

De los 16 artículos del proyecto, la mitad se aprobaron por unanimidad y la mitad se desglosaron.

Artículo 5

Permite el registro personal a sospechosos de haber cometido un delito. Se aprobó con los votos del FA y del Partido de la Gente.

Artículos 7 y 8

Obliga a los fiscales a pedir prisión preventiva para reiterantes de delitos gravísimos. Se votaron con la excepción del PCU, Casa Grande y el Partido Socialista.

Artículos 10 y 11.

Modifican el proceso abreviado y limitan los beneficios de reducción de la pena, así como la libertad condicional para determinados delitos. Se aprobó solo con los votos del FA. La oposición pretendía que se agregaran más delitos, como la rapiña. Casa Grande argumentó en contra pero lo apoyó para que se aprobara.

Artículo 12

Estipula la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada para reincidentes de delitos graves (como hurto agravado, rapiña o violación). Lo votaron todos menos Casa Grande.

Artículo 15

Agrega dos incisos al artículo que regula la producción de pruebas en las audiencias. Fue votado por todos los senadores menos los dos del Partido Socialista.


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