Una radio en Punta del Este y un personal trainer: continúa la investigación del caso Balcedo

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Burgueño figura como titular de la firma Minblon Sociedad Anónima, adjudicataria de la FM 89.5 de Punta del Este. Durante la detención del sindicalista en su chacra El Gran Chaparral fueron incautados 14 vehículos de alta gama, uno de ellos ploteado con publicidad de esta radio. Además, desde julio de 2016 retransmite la radio Red92 de La Plata (Argentina), que es propiedad de Balcedo.

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Esta tarde también serán allanados otros locales y domicilios de personas relacionadas con el sindicalista argentino y su pareja, entre ellos un personal trainer, informó El País.

Audiencia

En la audiencia de formalización, que se llevó adelante esta mañana, el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, presentó toda la evidencia recabada por la Fiscalía en los allanamientos realizados con anterioridad: el efectivo, los animales exóticos y la documentación de los cofres fort. El fiscal acusó tanto a Balcedo como a Fiege de incurrir en delito de lavado en modalidad de ocultamiento en calidad de actores y dolo directo, además de participación en tráfico. Según Morosoli, los vehículos incautados entraron en forma clandestina al país, lo que, aunque no sería un crimen, amparado en el artículo 32 del nuevo Código del Proceso Penal se puede conectar con otras causas. Morosoli sostuvo que 150 días le parecía un tiempo idóneo para terminar con la investigación en curso y esperar los resultados de las pericias que hacen falta.

Además, se hizo mención a las armas encontradas en El Gran Chaparral de Playa Verde, las que no están registradas.

La semana pasada, la Justicia argentina remitió a Uruguay el pedido de extradición y repatriación de bienes de Balcedo y su esposa, Paola Fiege, quienes fueron detenidos el 4 de enero luego de un pedido de captura internacional por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

Según lo que establece el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), si la persona requerida "estuviera sometida a proceso penal" en Uruguay, se podrá diferir la entrega hasta que cumpla la pena en el país. De lo contrario, la norma indica que "se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado".

El objetivo de la Fiscalía fue formalizar la causa antes de que se fijara la audiencia por la extradición, porque además ya se contaba con varios elementos para poder acusarlo.