Contexto
¿Qué tipo de producto ofrecía Unicoin y cómo funcionaba?
Unicoin comercializaba “certificados de derechos” que supuestamente otorgaban a los compradores el derecho a recibir criptoactivos llamados Unicoins. Estos tokens, según la empresa, estaban respaldados por una cartera internacional de activos reales, principalmente propiedades inmobiliarias y participaciones en empresas pre-IPO, que garantizaban su valor y estabilidad. Además, la compañía ofrecía acciones ordinarias de Unicoin como parte de sus esquemas de inversión.
¿Qué es la SEC y cuál es su rol?
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) es el organismo regulador del mercado de valores estadounidense. Su principal función es proteger a los inversores, asegurar mercados justos y eficientes, y facilitar la formación de capital. Para eso, supervisa y regula la emisión y el comercio de valores financieros, como acciones, bonos y criptoactivos, garantizando que las empresas cumplan con las leyes federales, eviten fraudes y brinden información clara y veraz a los inversores. En este caso, la SEC intervino tras detectar lo que considera un fraude masivo en la oferta de certificados y tokens de Unicoin.
¿Qué alegó la SEC sobre la naturaleza real de esos activos?
La SEC afirma que esos activos inmobiliarios y participaciones nunca valieron más que una fracción muy pequeña de lo que se afirmaba públicamente. Los ejecutivos de Unicoin, según la denuncia, exageraron el respaldo real de los tokens para inducir a error a miles de inversores.
¿Cómo se promocionaban estos certificados y qué alcance tuvo la campaña?
Unicoin lanzó una extensa campaña publicitaria que incluyó anuncios en aeropuertos internacionales, en miles de taxis neoyorquinos, televisión y redes sociales. Esto permitió captar más de 5.000 inversores que compraron certificados de derechos con la expectativa de obtener rendimientos seguros y estables basados en criptoactivos “de próxima generación”.
¿Cuáles fueron las irregularidades financieras señaladas?
Entre las irregularidades destacadas está la afirmación falsa de que Unicoin había vendido certificados por más de US$3.000 millones, cuando en realidad recaudó apenas US$110 millones. También se señalaron ofertas y ventas no registradas ante la SEC, una violación grave de la Ley de Valores de 1933. Además, se acusa que algunos inversores prohibidos de participar fueron engañados para comprar certificados mediante precios preferenciales.
¿Qué cargos específicos enfrenta cada uno de los ejecutivos?
Alex Konanykhin, CEO y presidente, y la empresa son acusados de violar las disposiciones antifraude y las normas de registro federal. Silvina Moschini y Alex Domínguez enfrentan cargos por violaciones de las disposiciones antifraude. Konanykhin también es señalado como “persona de control” responsable por ciertas violaciones de la empresa. Por último, Richard Devlin, asesor legal, fue sancionado por negligencia al realizar declaraciones erróneas en memorandos privados de colocación.
¿Cómo respondió Moschini ante estas acusaciones?
Moschini negó las acusaciones y las calificó como una “persecución fabricada y vengativa” orquestada por la administración de Gary Gensler en la SEC, a quien acusó de llevar adelante una “guerra legal” contra Unicoin. En un comunicado público dirigido a inversores, afirmó que esta acción perjudica el espíritu emprendedor estadounidense y prometió que “la verdad prevalecerá”.
¿Qué impacto tuvo esta denuncia en el mercado y en la reputación de Unicoin?
Aunque no se detallan reacciones del mercado, la denuncia implica la suspensión inmediata de operaciones relacionadas con la oferta de certificados y un severo golpe a la confianza de inversores. La amplia cobertura mediática y la vinculación directa de la figura pública de Moschini elevan el perfil del caso, con potenciales consecuencias legales y financieras para la compañía.
Cómo sigue
El caso continuará en la Justicia federal del Distrito Sur de Nueva York, que deberá determinar si Unicoin y sus ejecutivos infringieron las leyes federales de valores, especialmente las disposiciones antifraude y de registro. En función de esa decisión se podrán imponer sanciones, medidas cautelares y restituciones a los afectados. Mientras tanto, la SEC ya logró avanzar contra uno de los acusados con una sentencia firme y multa.
