Lo que importa
El Poder Ejecutivo argentino implementó un cambio significativo en su política de reconocimiento y protección a refugiados mediante el DNU 942/2024.
A partir de ahora, se excluirá del estatus de refugiado a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, así como a aquellos que realicen actos contrarios a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o inciten y participen en delitos.
Esta modificación busca reforzar el marco legal y garantizar que el refugio se otorgue solo a quienes realmente lo necesiten, en lugar de a aquellos que infringen gravemente la ley.
Contexto
La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Ley N°26.165) fue objeto de críticas debido al uso inadecuado del sistema por parte de algunos migrantes. Actualmente, un número significativo de solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) proviene de personas cuyos motivos no se alinean con la definición establecida por la ley. Esto generó un congestionamiento en los trámites y provocó que quienes verdaderamente requieren protección enfrenten demoras innecesarias en el reconocimiento de su estatus.
Además, el decreto establece que la condición de refugiado puede cesar por varias razones, tales como el acogimiento a la protección del país de nacionalidad, la recuperación de la nacionalidad perdida, la adquisición de una nueva nacionalidad con protección, o la residencia en otro país tras la desaparición de las circunstancias que justificaron su condición de refugiado, a menos que mantengan un temor fundado de persecución.
Cómo sigue
Con la implementación de este nuevo decreto, la CONARE será la encargada de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado. Este organismo otorgará un plazo para que aquellos que pierdan su condición regularicen su situación migratoria o abandonen el país.
A medida que se desarrollen los próximos meses, se espera que este ajuste en la política de asilo permita una gestión más eficiente y efectiva de las solicitudes de refugio en Argentina, garantizando así la protección adecuada a quienes realmente la necesiten y desincentivando el abuso del sistema por parte de aquellos que cometieron delitos internacionales.
