El panorama no mejora en el Congreso para el Gobierno. Sin construcción de nuevos puentes y con las elecciones legislativas a menos de un mes, el margen de maniobra para evitar la avanzada de la oposición se estrecha cada vez más.
En ese contexto, el próximo jueves el recinto de la Cámara alta abrirá sus puertas para tratar los vetos a la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario.
Los textos ya fueron rechazados por la Cámara baja, por lo que el eventual rechazo del Senado conminará al Gobierno a tener que poner en vigencia la norma.
Desde la oposición están confiados. En el interbloque que preside José Mayans, y que agrupa al peronismo, dan por descontado no solo el quorum, sino también los dos tercios necesarios para avanzar con el rechazo del veto.
Las dudas son pocas. Los antecedentes son claros. Los textos originales recibieron una amplia mayoría el 21 de agosto pasado, cundo fueron tratados por primera vez. La emergencia en pediatría, conocida como ley Garrahan, cosechó 62 adhesiones. Por su parte, la norma que blinda el financiamiento universitario logró 58 avales sobre 72 miembros.
Ante ese escenario, se espera que tan solo los libertarios, y algún eventual aliado del Gobierno, respalden los vetos de Milei.
El Palacio y la calle
Más allá de lo que suceda dentro del Congreso, como sucedió las últimas semanas, la tensión se trasladará puertas afuera del Palacio Legislativo.
Tanto los distintos sectores de la comunidad educativa como los sindicatos vinculados al área de salud convocan a una movilización para el próximo jueves.
Al igual que sucedió cuando se llevó adelante la sesión por el tratamiento de los vetos en la Cámara baja, los distintos sectores que buscan el rechazo de la decisión presidencial se movilizarán rumbo al Congreso.
En diálogo con El Observador, Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el Garrahan, confirmó que los trabajadores del hospital movilizarán. La convocatoria es para este jueves al mediodía. La columna partirá 12.30 hacia Congreso.
Ley Garrahan
La Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia por un año y establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios. El texto enfoca estos fondos en bienes de uso, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, y personal esencial para la atención pediátrica en el país.
Además, la ley exige la recomposición salarial inmediata del personal de salud (asistencial y no asistencial) que atiende a niños, garantizando que el aumento no resulte inferior a los valores reales de noviembre de 2023.
También, el proyecto exime del pago de ganancias al personal de salud que desempeña actividades críticas, horas extras o guardias. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un “impacto fiscal” de $65.573 millones desde julio hasta diciembre.
Financiamiento universitario
La Ley de Universidades impone la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Este ajuste se hará el 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, en el periodo comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024. Para el año en curso, el texto establece subas bimestrales.
El Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y la sanción de la presente ley, aplicando un porcentaje no menor al IPC. La normativa también obliga a convocar a una negociación paritaria, al mes de la reactivación de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses calendario.