En esta conversación exclusiva, el Ministro de Justicia de la Nación repasa la trastienda de la reforma, las críticas recibidas, los desafíos pendientes del sistema judicial y la próxima gran transformación que, asegura, está en marcha: la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py.
¿Qué significa haber podido lograr presentar un proyecto de reforma del Código Penal?
Es un hecho histórico. El Código Penal nació en 1921 y su autor tardó seis años en elaborarlo. Luego, a lo largo del tiempo, hubo distintos proyectos: el de Jorge E. Coll y Eusebio Gómez; el de 1941 de José Peco; el de Sebastián Soler en los 60; Isidoro De Benedetti, el de Ricardo Levene (h), pero ninguno llegó siquiera a presentarse; todos quedaron en el camino. Desde 1921 el mundo cambió: no existían los automotores -incorporados recién en 1955 por ley especial-, tampoco las tarjetas de crédito, internet ni los delitos cibernéticos. Todo fue transformándose. Nos tocó un trabajo enorme. El primer paso fue la designación de una comisión presidida por Jorge Buompadre, abogado y tratadista correntino muy prestigioso, con un amplio equipo. Nos entregaron un proyecto de 300 artículos, muy ordenatorio, que integraba al Código Penal todas las leyes especiales dispersas. Luego, junto con Augusto Garrido, Pablo González, Jazmín Irurzun y Ramiro Lucini, trabajamos un año y medio: viajes, encierros en el sur, viernes completos de 9 a 21 hs, domingos también, hasta llegar a un código de 912 artículos, novedoso y adaptado a la modernidad, que incorpora bienes jurídicos nuevos: la familia, los delitos contra jurados -hoy inexistentes- y los de discriminación. Actualmente estoy haciendo denuncias por discriminación: detuvieron al joven que lanzó una barra de hierro desde su ventana, mientras insultaba a su vecina judía y su bebé y ese delito no está tipificado. Por eso lo incluimos. Finalmente, en una tercera etapa, con el apoyo del Dr. Fernando Soto, abogado de Seguridad, realizamos el análisis final del código, que nos llevó más de un año.
Al menos un año. Porque cuando se reunió con la comisión fue el primero de octubre del año pasado…
Exacto, más de un año y muchos sacrificios. Por ejemplo, te cuento: cuando empecé, me levantaba todos los días a las seis de la mañana para trabajar en esto, una hora antes de lo que solía hacerlo. Fue un esfuerzo enorme. Por eso, ver que el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich -gran impulsora del Código y de sus leyes- lo presentaran, fue una satisfacción inmensa. Para nosotros, que no somos políticos sino más bien jurídicos, es un logro tremendo. Hemos seguido escribiendo sobre el tema en revistas jurídicas, en diarios y distintos medios, difundiendo el trabajo. Y ya está circulando. Sinceramente, no he recibido las críticas que imaginaba. La dogmática jurídica es muy diversa: hay garantistas, punitivistas… pero creo que este sistema es ideal, es equilibrado. Establece un mínimo que permite la libertad, pero eleva los máximos, fija prisión y también multa. Que duela el bolsillo: los delitos de codicia, de beneficio patrimonial, deben tener multa; y comiso anticipado. Durante esos días sentí una felicidad enorme. Cerramos una etapa. Le decía a los chicos: “Me sentiría mal si no lo presentáramos”. Y lo hicimos. Ahora será el Congreso quien lo debata. Hoy está en otras prioridades, pero llegará el momento. Ya lo tiene el Presidente, que deberá elevarlo. Y está bien que se discuta, que se enriquezca. Lo mismo ocurrió con la ley de minoridad, donde se hicieron aportes valiosos; en cambio, el juicio en ausencia se aprobó sin modificaciones.
Entonces se podría decir que el proyecto final es mucho más que la proyecta que había realizado la Comisión…
Sí, la comisión en un primer momento hizo una tarea extraordinaria de ordenamiento: mantuvo el código existente e incorporó las leyes especiales dispersas. Pero yo sentí que había que avanzar más: sumar los fallos de la Corte de los últimos diez años, incorporar ideas de Javier Milei y resolver cuestiones discutidas en la jurisprudencia. Por ejemplo, el tema del dinero: algunas salas decían que no configuraba contrabando, otras que sí; nosotros lo aclaramos en una línea: “mercadería es esto, e incluye dinero”. Lo mismo con banda y asociación ilícita: había tres fallos plenarios que generaban confusión, y nosotros precisamos: banda es esto, cartel es esto, secta es esto.
Para reducir la discrecionalidad…
Claro. Beccaria, en el siglo XVIII, decía que el juez no debía interpretar la ley: los tipos penales deben ser claros, sin dudas ni para el imputado, ni para la víctima, ni para el querellante, y menos para el juez. Si no, los tipos abiertos o en blanco permiten arbitrariedades. Por eso, este Código busca precisión, claridad y justicia.
Luego de tanto trabajo llamó la atención no verlo en la presentación del proyecto de reforma junto a Milei y Bullrich…
Sí, pero eso fue deliberado.
¿Por la campaña electoral?
No, no, liberado por todos. En este aspecto, la presentación era de naturaleza política, con las ideas de basta de impunidad, tolerancia cero, etcétera. La persona indicada es Patricia. A mí no me interesa subirme a un escenario, a mí me interesa que salga la que haya salido el proyecto de Código. Yo estaba feliz. Y si ahora somos nosotros, más allá de Patricia, quienes le damos el soporte jurídico -artículos en revistas especializadas, conferencias jurídicas, una exposición que estamos organizando en una facultad-, empiezan a surgir trabajos de autores de la doctrina penal que lo comentan. Buompadre, en Corrientes, ya lo está presentando. Además, se van a elaborar dos libros sobre el Código que van a hacer los muchachos. Eso es lo que me interesa: que el proyecto se consolide y triunfe en el mundo.
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Cúnelo Libarona señalando la foto de la primera entrevista que le dio a Quorum.
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Augusto Garrido, Pablo Alejandro González, Ramiro Lucini y Jazmín Irurzun, uno de los tantos domingo de trabajo.
Se planteó en muchos medios como que el proyecto en general había sido producto sólo del trabajo de la Comisión. ¿Eso molestó?
Sí, bastante. Te voy a explicar por qué con un ejemplo. Después de que la Comisión nos entregó el Código, trabajamos más de un año modificándolo. El proyecto original tenía 300 artículos; el nuestro llegó a 900. Tuvimos que crear mucho. Si comparás ambos textos, son totalmente distintos. Valoro enormemente el orden y el esfuerzo de la Comisión y sus integrantes, pero creo que nosotros hicimos un análisis diferente. Incluso los propios miembros de la Comisión me dijeron: “Este código es superador al nuestro”. Es un código dogmático, constitucionalista y que contempla los derechos de la víctima. Nosotros protegemos especialmente los bienes jurídicos más relevantes hoy: la vida, la libertad, la propiedad, la familia, la igualdad ante la ley, todos valores que incorporamos. El Código de 1921 ya no respondía a la realidad actual; hacía falta un Código de 2025. Por eso incluimos delitos cibernéticos: contratamos al profesor Eric Hilgendorf, de Alemania, especialista en la materia, quien nos dio siete clases en el Ministerio y nos envió un proyecto que incorporamos. También consultamos a sociedades agropecuarias y a la Sociedad Rural por los delitos del campo; a fiscales de Azul; a la DAIA y la AMIA sobre discriminación; a empresas de seguros por las estafas en el sector. Consultamos organismos diversos, verificamos e investigamos cada tema. Incluso trabajamos con las Madres del Dolor en materia de delitos viales, un problema serio por la cantidad de víctimas. Ellas nos entregaron un memo con entre ocho y diez agravantes, y nosotros agregamos dos más vinculados a los delitos automotores. Las Madres del Dolor en materia de tráfico vehicular, que se producen muchos delitos. Ellas nos dieron un memo con agravantes que tenían ocho o nueve agravantes, y nosotros le agregamos dos casos más de delitos automotor.
Está claro que hubo mucho trabajo para llegar al proyecto que presentaron…
Sí, y cuando uno trabaja mucho, duele ver que otro se cuelgue la cocarda, como se dice. Una de las críticas que más me molestó fue la de un autor que me dijo: “Pusiste penas muy elevadas”. Sí, las puse. Pero pensalo así: si me roban la billetera, la puedo recuperar; tramito el DNI, el carnet, pierdo algo de dinero, nada más. Ahora, si me paso meses escribiendo un libro, pintando un cuadro o, como vos, haciendo una nota, y alguien me lo copia, ¿qué daño es mayor? Hablaba con la gente de ADEPA sobre prensa. Me dijeron: “pusiste penas graves para la injuria”. Claro que sí. Vuelvo al ejemplo: me roban la billetera, la recupero; pero si un diario publica “Mariano Cúneo es ladrón”, eso no se recupera jamás. Para mí, a esta altura, lo más valioso es el honor: 65 años de trabajo, un apellido, hijos. Es mucho más grave que me dañen la reputación a que me roben la casa. Por eso fijé penas de uno a seis años: el honor vale. En Alemania, en España, también vale. Entonces, cuando alguien aparece adjudicándose el trabajo, me parece injusto. Siempre reconozco a todos: en cada nota, menciono la comisión, su integración. Pero participamos muchos: nosotros, los chicos, y el equipo de Seguridad. El Código no lo hizo una sola persona, lo hicimos entre 50. Por eso me molesta que alguien se atribuya todo el mérito; es injusto también con quienes trabajaron domingos enteros. Te cuento una anécdota: Buompadre, el presidente, me insistía todos los fines de semana: “¿Cómo va el Código?”. Yo le mandaba fotos nuestras trabajando los domingos. Pero también hay gestos que compensan todo. Patricia estuvo fantástica: dos de mis hermanos fueron al acto, la saludaron, y ella les dijo: “El Código lo hizo su hermano, yo solo lo presenté. Su padre estaría orgulloso”. Mis hermanos se emocionaron. Milei también me abrazó y me dijo: “Mariano, enorme su trabajo. Muchas gracias”. Eso me alcanza. El domingo, a las once de la noche, con Jasmín hicimos la denuncia por el ataque antisemita a esa familia. El agresor está detenido y ellos agradecidos. Ese mensaje vale más que cualquier titular. Yo siempre digo: no puede tolerarse que alguien le arroje un fierro a un bebé o grite ‘qué asco nacer judío’. Tenemos que dar ejemplo y terminar con la impunidad. Por eso, cuando veo los diarios hablar de Patricia, me alegra, pero no me importa. Yo hice mi trabajo, los chicos están felices, yo también. Eso es justicia. A esta altura de mi vida, ya no busco trascender. A los 30, 40, 50 estaba en televisión. Hoy prefiero estar con mis amigos, mi familia, mi nieto. La exposición ya no me interesa. Pero sí me importa la justicia del reconocimiento: no es justo -ni para mí ni para el equipo- que después de tantos domingos de trabajo alguien se lleve el crédito.
¿Qué otra cuestión particular del proyecto considera importante?
Mirá, ordenamos todos los fraudes y estafas que estaban dispersos en el Código y creamos nuevas figuras. Incorporamos, por ejemplo, el desvío de planes sociales -como los casos que detectó Sandra Pettovello-, las indemnizaciones o subsidios falsos presentados por personas que simulan estar enfermas o tener discapacidad, y los nombramientos irregulares: gente designada que cobra un sueldo sin trabajar. En estos casos, consideramos punibles tanto al que designa como al designado. Todas esas conductas no estaban específicamente contempladas. En materia de derecho penal general, precisamos claramente el ámbito territorial de aplicación de la ley y reordenamos toda la dogmática jurídica, que antes estaba condensada y desordenada en un único artículo, el 34. Ahora establecimos un orden lógico entre las causas de justificación y las de inculpabilidad. Quedó mucho más claro y prolijo. En ese sentido, recibí el llamado de muchos colegas que me felicitaron por el trabajo.
También tienen en cuenta el tema de agravar las penas para las falsas denuncias…
Eso lo propuse desde el primer día. ¿Cuál es el problema? La falsa denuncia, que se agrava especialmente en materia de seguros -donde el 70 u 80% son falsas- y también en los casos de género. En estos últimos, cuando impide el contacto dentro de una familia, el daño es gravísimo, porque afecta no solo en lo personal y familiar, sino también en lo patrimonial, en el crédito y en el trabajo. La denuncia verdadera, por supuesto, merece castigo al culpable; pero la falsa causa un perjuicio enorme. Por eso, debe ser considerada un agravante.
¿El incremento de penas no implicará un mayor colapso del Sistema Penitenciario?
El sistema punitivo que establece el Código funciona de la siguiente manera: fija un mínimo de tres años, lo que permite una condena en suspenso, pero agrava considerablemente el máximo. Incluye múltiples agravantes y atenuantes, por lo que el juez debe evaluar en cada caso si corresponde una pena en suspenso o una pena más alta -seis, ocho, nueve o hasta 15 años- según las circunstancias. También contempla multas. Un ejemplo simple lo ilustra: dos personas cometen un robo con armas. Una lo hace por necesidad, para alimentar a su familia; la otra, por codicia. No sería justo imponerles la misma pena. En base a la tabla de agravantes y atenuantes, al primero podría aplicársele tres años en suspenso, mientras que al segundo, seis años de prisión efectiva. Es un sistema casi “matemático”, que exige al juez moverse dentro de esos márgenes según el caso. Esto no debería generar complicaciones: existen múltiples alternativas dentro del cumplimiento de la pena. Por ejemplo, la prisión domiciliaria, que es una opción válida y necesaria, especialmente para personas mayores o enfermas. Estamos ampliando el uso de pulseras electrónicas para facilitar este tipo de medidas. En definitiva, debe haber un cambio de enfoque en la aplicación de las penas. No se trata sólo de castigar, sino de hacerlo con criterio, humanidad y proporcionalidad, reconociendo las diferencias entre las motivaciones y las circunstancias de cada delito.
¿Se va a presentar este año?
Yo creo que eso ya es una cuestión política. Es decir, lo decidirán la Presidencia y Javier Milei: cuándo será el momento, cuándo cuenten con los senadores y las alianzas necesarias. Mi trabajo, en ese sentido, está terminado. No me refiero a la política, sino al Código Penal. En lo que respecta al Código, ahora voy a dedicarme a lo académico: a las facultades, a las conferencias. Hace poco hablé en Salud sobre los delitos contra la salud, por ejemplo. Pablo, que trabajó muchísimo, está preparando un artículo, y Augusto va a escribir otro para la revista jurídica La Ley, con distintos enfoques. Lo importante ahora es fortalecer la base jurídica, separarla de lo político y lograr que el tema se trate.
Aprovechando la charla, ¿llega el acusatorio a Comodoro Py?
Ahí estamos. Te cuento: hemos avanzado mucho. Para darte datos concretos, instalamos seis salas de audiencias nuevas con tecnología de grabación que conserva el material durante años, con micrófonos y cableado. Seis en Comodoro Py y tres en Avenida de los Inmigrantes. En cuanto a equipamiento, tengo tres organismos distintos bajo mi órbita: Consejo de la Magistratura, Procuración (fiscales) y Defensoría. A todos hay que asistirlos. Les compramos más de 150 computadoras a las defensorías y un importante lote de equipos de última generación para los fiscales. La Procuración me agradeció por los UFED, dispositivos carísimos para peritajes. Ahora estoy gestionando las computadoras de los jueces. En infraestructura, pusimos a disposición el mejor edificio disponible, el Alfonsín, donde funcionarán nuevas unidades de la Procuración. También conseguimos el inmueble “La Monedita”, de 1.500 metros, para instalar la oficina de sorteos, una cámara Gesell y un espacio para recepción de víctimas, con 3.500 metros de jardín. Además, conseguimos otro inmueble para trasladar las defensorías, liberando 900 metros en Comodoro Py y 200 en Avenida de los Inmigrantes. Al Consejo les ofrecimos el edificio de Sarmiento y Cerrito, valuado en dos millones de dólares, a pagar con descuentos futuros. Allí podrían trasladarse los juzgados de planta baja de instrucciones y el octavo piso de menores, lo que ampliaría considerablemente el espacio. El dilema pendiente es el personal: hay más empleados en los juzgados -por contratos- y habría que reforzar las fiscalías. Estoy proponiendo una solución que deben acordar Horacio Rosatti y Eduardo Casal, porque implica pases. Las partidas ya están resueltas: Economía, con el ministro Luis Caputo, aprobó el traspaso de fondos de los juzgados a las fiscalías. El resto, montos y detalles, lo definirán ellos. Incluso dispusimos psicólogos del cuerpo técnico. Las condiciones están dadas; todo depende de ganas, compromiso y actitud. Los jóvenes tienen empuje: el Colegio de Abogados hizo más de 40 capacitaciones; nosotros organizamos otras en Buenos Aires, UBA, Salta, Jujuy, Mendoza. Se formaron y siguen formándose. El nuevo Código, tarde o temprano, se va a imponer. Hoy ya funciona en 14 provincias -antes sólo en dos-, y llegará también al fuero Penal Económico y a Comodoro Py. No puede haber tres códigos distintos: uno provincial, uno federal y otro local. Hay que pensar en el futuro de Argentina y en lo que es mejor para el país. El sistema actual es obsoleto: procesos interminables, insatisfacción para el imputado y la víctima, críticas de los propios operadores judiciales. El nuevo Código elimina al juez de instrucción -figura inquisitiva que investigaba y juzgaba- y establece un sistema acusatorio: fiscal versus defensor, con un juez imparcial. Desaparece el expediente escrito: todo será digital, grabado, oral. Es un cambio extraordinario. Los plazos se reducen drásticamente. Las estadísticas del interior, desde Rosario hasta Mendoza, muestran que el sistema funciona incluso en distritos complejos. Además, Capital tiene ventajas: no tiene narcomenudeo, y los jueces no son multifunción como en el interior, donde atienden causas laborales, civiles o comerciales. Otro punto a favor: las causas de lesa humanidad están concluyendo -quedan unas 27, muchas en Casación-, liberando personal experimentado que puede incorporarse a las fiscalías. Todo está preparado; sólo falta decisión y compromiso.
¿Está la actitud, el compromiso y las ganas?
Creo que el panorama está dividido. Los jueces tienen ganas, los defensores tienen ganas, los abogados también, y diría que el 70% de los fiscales está entusiasmado. Pero hay gente de mi generación, colegas a los que aprecio mucho y conozco hace 40 años, que se resisten al cambio: les cuesta leer algo nuevo, estudiar, adaptarse. Mis propios hermanos son un ejemplo: los tres me cargan. Me dicen “¿no podías esperar un par de años más?”. Uno se puso a estudiar y está contento; los otros dos me dicen: “El día que me toque un juicio, veré”. Hay una gran resistencia a lo nuevo. Yo ya pasé por tres códigos. Empecé en Tribunales allá por 1979, después vino el cambio del 92-93, y ahora este nuevo. Pero este Código, para mí, es el mejor: me encanta la oralidad, debatir cara a cara con el fiscal o la defensa, tener al juez enfrente y al imputado o a la víctima al lado. Es fantástico. Todo es oral y los juicios terminan mucho más rápido. Te doy un ejemplo simple: un hombre cruza la frontera de Mendoza con contrabando de dinero -que en el nuevo Código está definido como mercadería-, lo detienen con testigos, videos y secuestro del dinero. Se hace un juicio abreviado y en 24 o 48 horas queda condenado. Hoy, con el sistema actual, ese mismo caso implica detenerlo, trasladarlo, tomarle una declaración larguísima, procesarlo, esperar la apelación, citar testigos tres veces, requerir la elevación a juicio, preparar la prueba, hacer el debate oral… y pasan cuatro años y medio hasta la sentencia. En cambio, con el nuevo Código, todo es ágil y eficaz. En Venado Tuerto, por ejemplo, hubo un caso de lavado de dinero con ocho imputados resuelto en tres meses bajo el nuevo sistema, o en el caso del ex juez Marcelo Bailatte utilizando el nuevo código: investigación preliminar, acusación y condena. Rápido y claro. Yo ya estoy de vuelta, me queda poco tiempo. En realidad, nosotros vinimos a cambiar la Justicia, y esto realmente lo hace. El sistema funciona y cada vez mejor.
¿Este tipo de cambios no debería acompañarse de solucionar, al menos en parte, la enorme cantidad de vacantes que hay?
Creo que es el objetivo de este año.
¿De 2025?
Sí, después de las elecciones, al menos, se van a enviar los pliegos al Senado. Ahora hubo mucho conflicto: es muy difícil gobernar sin el Congreso. Y los jueces iban a ser un punto de tensión en la Cámara alta. La aspiración es llegar a tener un Senado más sólido, con mayor capacidad técnica y política, donde se pueda conversar, consensuar y debatir, para que finalmente se aprueben los nombramientos judiciales, de una vez y para siempre. Para mí eso es fundamental; es una deuda pendiente, aunque la coyuntura política actual lo impide.
¿Sólo pliegos?
Corte, Procuración y otros temas institucionales se discutirán más adelante.
