La postergación del debate por los cambios en la normativa laboral le dio aire a la CGT. La central obrera redefine su estrategia y piensa en medidas para febrero.
La marcha de la CGT contra la reforma laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) espera un fin de año más movido. La postergación del debate sobre la reforma laboral abrió un paréntesis inesperado en la disputa planificada para enfrentar el proyecto que impulsa el Gobierno.
Al cierre del filo del año en la central obrera se muestran confiados. Entienden que el proyecto tal cual había sido proyectado por el Gobierno "no existe más". En ese marco la cúpula sindical atribuye el freno del debate legislativo al éxito de su propia gestión ante los gobernadores y los bloques parlamentarios del Congreso.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el Gobierno no se dio por vencido, sino que postergó el debate para el 10 de febrero de 2026.
Hay tregua, pero no cese de hostilidades. El nuevo triunvirato prioriza la vía diplomática por sobre la movilización callejera, pero al mismo tiempo no deja dudas de que está dispuesto a llevar adelante medidas de fuerza.
La marcha que encabezó la CGT para posicionarse frente a la reforma laboral fue masiva pero no multitudinaria. Ese dato quedó guardado en la retina de los dirigentes sociales que en ese marco decidieron profundizar y sostener el diálogo político con distintos actores.
Cristina Jerónimo, por caso, entabló contactos directos con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y mantuvo encuentros institucionales con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). También sumó a esta red de influencias a Claudio Vidal (Santa Cruz), un dirigente de extracción petrolera, junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), a pesar de la marcada identificación de estos últimos con la Casa Rosada en los últimos meses. La alianza política entre el sindicalismo y los estados provinciales resultó efectiva para frenar el ímpetu del oficialismo, que pretendía una media sanción durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
La "mesa chica" de la CGT cultiva, además, una relación pragmática con el "ala política" del Poder Ejecutivo. Santiago Caputo figura como el interlocutor principal de los gremios, escoltado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem. Estos funcionarios admiten ante los gremialistas su desacuerdo con el ímpetu refundacional de Federico Sturzenegger, a quien culpan de un exceso de dogmatismo que extremó las posiciones y distanció a los gobernadores.
En ese marco, y al compás que marca Caputo, la CGT entiende que el Gobierno finalmente se conformará con cambios menores.
El aspecto financiero también ocupa un lugar central en la disputa de poder. El ministro de Salud, Mario Lugones, prometió hace dos meses el giro de 60.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales con el fin de paliar el rojo en sus cuentas. El Gobierno solo transfirió una parte minoritaria y congeló el resto de los desembolsos tras el triunfo oficialista en las elecciones del 26 de octubre. La CGT ya dio por perdidos estos fondos extra, pero mantiene su alerta ante el contenido del proyecto de ley. Los dirigentes analizan con extrema preocupación la creación del fondo para despidos (FAL). Según la visión de la "mesa chica", este cambio normativo significa el fin definitivo del sistema de obras sociales.
Bajo este escenario, la idea de un paro nacional pierde fuerza frente a la estrategia de receso que la central obrera adoptó para el verano. Los dirigentes admiten que el descanso táctico dura hasta febrero, cuando el Senado reanude la actividad parlamentaria con toda intensidad. Esta pausa permite al gremialismo reagrupar fuerzas y fortalecer alianzas institucionales en lugar de arriesgar capital político en la calle durante la temporada estival. La cúpula sindical maneja con cautela la herramienta de la huelga general por la fragmentación interna y la falta de garantías de un apoyo masivo.
Existe un interrogante profundo sobre la respuesta de las bases ante una eventual radicalización de las medidas de fuerza. Los propios sindicalistas reconocen que muchos de sus afiliados votaron a favor de Javier Milei y que, posiblemente, mantendrían esa elección hoy. Esta realidad limita de forma drástica la capacidad de acción de los gremios y el éxito de una protesta de gran escala. Además, sectores clave para el funcionamiento del transporte, como la UTA, no forman parte de la organización de un paro en este momento. Por esta razón, la conducción cegetista considera el paro nacional como el último recurso en un escenario donde el acompañamiento de los trabajadores y la movilización no están garantizados.
Del otro lado, el oficialismo reorganiza sus prioridades legislativas. Patricia Bullrich instruyó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) para que dedique el mes de enero a la evaluación de retoques y modificaciones al texto de la reforma. El objetivo consiste en asegurar los votos que fallaron en la Cámara de Diputados y ampliar el consenso con los aliados. La jefa del bloque oficialista privilegia ahora la aprobación del Presupuesto 2026 por pedido directo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la "mesa chica" presidencial. Bullrich olfatea el peligro de un revés parlamentario y prefiere solidificar alianzas antes de la fecha clave del 10 u 11 de febrero.
En ese marco, y con el panorama claro, la CGT apuesta a una resistencia de tres frentes: la vía institucional mediante negociaciones en el Congreso, la vía judicial a través de presentaciones por inconstitucionalidad en los tribunales y la movilización callejera cuando el escenario sea oportuno. La postergación del debate parlamentario, que es tomada como victoria por los dirigentes gremiales, otorga un tiempo extra para que los gremialistas fortifiquen los puentes tendidos con senadores y gobernadores. Mientras tanto, el fantasma del paro nacional queda en suspenso. La central obrera sabe que un fracaso en la convocatoria a una huelga debilitaría su posición frente a un Gobierno que todavía goza de capital político. El verdadero campo de batalla será el recinto de la Cámara alta.