La serie temporal evidencia la volatilidad de las emisiones argentinas: desde las 387,2 millones de toneladas de 2018, cayeron a 347,9 millones en 2019, repuntaron a 393,1 millones en 2020 y continuaron subiendo hasta alcanzar las 401,2 millones en 2022. Esta última cifra representa el nivel más alto de emisiones de todo el período analizado.
Según los datos oficiales, el dióxido de carbono representó el 59,8% del total de emisiones en 2022, seguido por el metano con el 32,2% y el óxido nitroso con el 6,3%. Los hidrofluorocarbonos completaron el panorama con apenas el 1,6% restante. El predominio del CO se mantuvo estable durante los cinco años, promediando el 58,3% del total.
La información cobra particular relevancia porque Argentina se comprometió ante la comunidad internacional a través de múltiples instancias. Primero, mediante su adhesión al Acuerdo de París en 2015, un tratado internacional legalmente vinculante bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
En su Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de 2016, el país se comprometió a reducir sus emisiones un 15% para 2030. Pero fue en 2020, con la Segunda NDC, cuando endureció significativamente sus objetivos: no exceder las 359 millones de toneladas de CO equivalente para 2030, lo que representaba una disminución del 19% respecto a las proyecciones de aquel momento.
El compromiso se volvió aún más exigente en 2021, cuando Argentina actualizó su meta hasta las 349,16 millones de toneladas para 2030. Estas promesas sitúan al país entre las naciones con objetivos climáticos más ambiciosos de la región.
Con las emisiones actuales 42 millones de toneladas por encima del objetivo para 2030, el país enfrenta el desafío de reducir aproximadamente 8,7 millones de toneladas anuales durante los próximos seis años para cumplir sus compromisos bajo el Acuerdo de París.
Argentina rural: el sector que más contamina
El análisis sectorial reveló que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura concentraron entre el 36,4% y el 49,1% de las emisiones totales según el año analizado, posicionándose como el principal emisor de gases de efecto invernadero del país.
Le siguieron en importancia el suministro de electricidad, gas y agua (16-18% del total), las industrias manufactureras (13-17%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (10-16%). Estos cuatro sectores reunieron el 89,5% de todas las emisiones durante el período estudiado.
La predominancia del sector agropecuario se explica principalmente por las emisiones de metano derivadas de la actividad ganadera. Argentina cuenta con uno de los stocks bovinos más grandes del mundo, con aproximadamente 53 millones de cabezas, y exporta alimentos para aproximadamente 400 millones de personas. El informe del INDEC reveló que mientras otros sectores emiten principalmente dióxido de carbono, la agricultura concentra las mayores emisiones de metano, un gas 25 veces más potente que el CO en términos de calentamiento global.
El documento también detalló la distribución temporal de las emisiones por sector. En 2019, las emisiones del sector agropecuario representaron el 49,1% del total, la proporción más alta de la serie, debido principalmente a emisiones netas relacionadas con cambios en el uso de la tierra y silvicultura. En 2022, esta participación se redujo al 44,3%, aunque siguió siendo la más significativa.
El informe también mostró que las actividades productivas fueron responsables del 93,5% de las emisiones, mientras que los hogares aportaron el 6,5% restante, principalmente a través del consumo de combustibles para electricidad, calefacción y transporte personal. En términos de intensidad, la economía argentina emitió 10,7 toneladas de CO equivalente por cada 1.000 pesos de valor agregado bruto en 2022, un indicador que se mantuvo relativamente estable durante todo el período analizado.
El informe del INDEC utilizó como fuente principal el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero contenido en el Primer Informe Bienal de Transparencia que Argentina presentó en diciembre de 2024, marcando la adopción de nuevos estándares internacionales más rigurosos para el reporte de emisiones.
Los resultados presentados corresponden a una cuenta experimental que podrá sufrir modificaciones en próximas revisiones, según aclaró el organismo estadístico. Sin embargo, las cifras reflejan el desafío que enfrenta Argentina para conciliar su rol como potencia agroalimentaria global con los compromisos climáticos internacionales.
Cuando la realidad supera a las promesas
La brecha entre los objetivos climáticos y los resultados concretos no es exclusiva de Argentina. Una tendencia global emergente muestra que países desarrollados y en desarrollo enfrentan obstáculos similares para cumplir con metas que parecían factibles en el papel pero resultan complejas en la práctica.
Según el último Informe de Brecha de Emisiones 2024 de las Naciones Unidas, las emisiones globales en 2025 serán un 54% más altas que en 1990 y seguirán siendo un 50% superiores en 2030. El organismo advirtió que si los países no aumentan drásticamente sus compromisos, el mundo se encamina hacia un aumento de temperatura de 2,6 a 3,1°C durante este siglo, muy por encima del objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París.
La realidad es que para 2025, apenas 13 de los 195 países habían presentado sus NDC actualizadas, incluyendo a Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Esta lentitud en la actualización de compromisos refleja las dificultades técnicas y políticas que enfrentan las naciones para traducir objetivos ambiciosos en políticas concretas.
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José Jáuregui, doctor en Ciencias Agrarias, documentó en redes sociales el caso emblemático de Australia, donde Meat & Livestock Australia logró reducir sus emisiones un 78% desde 2005, pero no mediante mejoras tecnológicas sino por menor cantidad de ganado y menos deforestación. "Pese a fuertes inversiones (más de 100 millones de dólares australianos), y avances en genética, suplementos como el alga roja y captura de carbono en suelos, la neutralidad para 2030 resultó inalcanzable", explicó el especialista citando declaraciones de Jason Crowley, director de la organización australiana.
La experiencia australiana ilustra un patrón que se repite globalmente. Nueva Zelanda eliminó el controvertido "impuesto a los eructos" del ganado después de enfrentar masivas protestas del sector rural. Países Bajos postergó sus metas de reducción de nitrógeno de 2030 a 2035 pese a un fallo judicial que las respaldaba, tras manifestaciones de agricultores que bloquearon rutas y aeropuertos. Reino Unido, considerado líder en política climática, atrasó la prohibición de venta de automóviles a combustión ante presiones de la industria automotriz.
Francia, anfitriona del histórico Acuerdo de París, también enfrentó dificultades similares. El país retrasó 10 años, hasta 2035, el plan para reducir su dependencia nuclear del 75% al 50% que originalmente debía completarse en 2025. Su propio Alto Consejo para el Clima declaró que los esfuerzos del gobierno para reducir emisiones son "insuficientes" y que el país tiene dificultades para adaptarse a la transición energética.
Por su parte, Alemania, considerada líder mundial en transición energética, también enfrentó presiones similares. El país retrasó el cierre de centrales de carbón hasta 2038 y alargó la vida de instalaciones que debían cerrar, debido a tensiones en el mercado energético por la guerra de Ucrania. Además, logró que la Unión Europea permita la venta de automóviles a combustión después de 2035 mediante una exención técnica, y se espera que no alcance sus objetivos climáticos acordados para 2024.
Estos retrocesos revelan una tensión creciente entre los compromisos climáticos asumidos en foros internacionales y las realidades productivas, económicas y sociales de cada país. Jáuregui advirtió que "una ganadería 'cero emisiones' en 5 o 10 años suena lindo, pero no es viable sin perder producción, competitividad y rentabilidad". El especialista sostiene que "la sostenibilidad se construye con ciencia, innovación y tiempo. No con slogans que agraden a burócratas".
