Corrupción en el PSOE: el Supremo cita a Ábalos y Koldo para el 27 de noviembre y decide si quedan detenidos
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por los delitos de organización criminal, cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años para ambos.
21 de noviembre 2025 - 10:59hs
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente convocó para el próximo 27 de noviembre al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a una audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En esta instancia, el magistrado evaluará si mantiene o modifica las medidas cautelares que pesan sobre ambos en el caso Koldo, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares solicitaran su revisión. Estas últimas, coordinadas por el Partido Popular, ya adelantaron que pedirán el ingreso en prisión.
La Fiscalía eleva las penas y ve mayor riesgo de fuga
En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos que incluyen organización criminal, cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares, por su parte, solicitan 30 años para ambos.
Actualmente, los dos imputados deben comparecer cada quince días, no pueden salir de España y tienen el pasaporte retirado. El juez ya había advertido en junio que su decisión de mantenerlos en libertad se sostenía “por el momento”, dado que el riesgo de fuga puede aumentar a medida que avanza la causa y se acerca el juicio oral.
Un caso que se ramifica y alcanza a otros implicados
El proceso también incluye al empresario Víctor de Aldama, a quien se le piden siete años de cárcel por su colaboración con la Justicia. La Fiscalía le atribuye delitos de organización criminal y cohecho, además de uso de información privilegiada, aunque no solicita para él una revisión de medidas cautelares.
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El Ministerio Público sostiene que existió un “preciso reparto de funciones” entre los tres investigados para obtener beneficios económicos aprovechando la posición política de Ábalos.
Además de las penas de prisión, pide multas que superan los 3,9 millones de euros para el exministro y Koldo, y exige indemnizaciones a empresas públicas por contrataciones presuntamente irregulares, así como el decomiso de ganancias del cohecho estimadas en 430.298 euros.
