El Congreso avaló este jueves el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados como Canarias a otras autonomías, con el apoyo de los socios de investidura y el voto en contra de PP y Vox.
Con 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención, el Congreso refrendó el texto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de distribución de los jóvenes, tras el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 17 de marzo para que la formación independentista lo apoyara.
Es un resultado muy diferente a lo que ocurrió el 23 de julio del año pasado, cuando un texto parecido, en forma de proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, no superó su primer paso de tramitación por la oposición del PP, Vox y Junts.
Tras la votación, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, celebraron el resultado, en la última intervención del ministro en el Congreso antes de ser operado por el cáncer que padece.
El mecanismo para la distribución de los menores contempla el traslado en el primer año de unos 4.000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta -las cifras aún no están cerradas- y permitirá a las regiones sobrepasadas derivar en 15 días a los nuevos menores que reciban.
Una conferencia para definir criterios de la reubicación
El siguiente paso será la celebración de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo 28 de abril, en la que se establecerán finalmente los criterios para la reubicación de menores, a pesar de que el Gobierno aún no cuenta con los datos correctos por parte de todas las comunidades.
En el debate, al que asistió el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), PP y Vox votaron en contra de la iniciativa frente al resto de grupos, que defendieron el decreto ley y apelaron a los diputados canarios del PP para que voten en conciencia y a favor de su tierra, al tiempo que criticaron el "racismo" de Vox.
Tanto Torres, como el diputado del PSOE, Luc Andre Diuf, preguntaron a los legisladores del PP si "dejarán tirados" a sus vecinos, y argumentaron que la norma surgió del diálogo entre el Gobierno de España y Canarias, donde el PP cogobierna junto a Coalición Canaria.
Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cervera, celebró el acuerdo alcanzado con el Gobierno por considerar que pone fin "a un sistema de reparto que no funcionaba" y que, "por el incumplimiento de otros, presionaba innecesariamente a Cataluña".
También como algo "positivo" ha calificado el decreto el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, que valoró que se avance hacia "una mirada unificada hacia la infancia, venga de donde venga" y reprochó al Gobierno su "oposición inicial" a hacerse cargo del millar de menores solicitantes de asilo al que lo obligó el Supremo, mientras que el PNV mostró su apoyo a la norma pero pidió que "mas allá de parches, aporte soluciones duraderas".
El PP consideró la norma un "parche" y una "chapuza administrativa"
La diputada del PP Ana Isabel Alós criticó con dureza contra el real decreto, que tildó de "parche" y "chapuza administrativa", y consideró que no será una solución para Canarias porque "se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas".
Recordó que el decreto fue fruto de la cesión al "chantaje de los independentistas" para la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, en la que el Gobierno utilizó --según dijo-- a los menores como "moneda de cambio".
Vox, por su parte, también rechazó la medida que considera "otro paso más en ese efecto llamada de la mano de las mafias" y cargó contra la inmigración irregular, a la que responsabilizó de la "progresiva islamización" de Europa.
