El Consejo de Ministros aprobó la declaración de zona catastrófica —oficialmente denominada “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”— para los territorios arrasados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el 23 de junio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 118 las emergencias registradas en estos meses, de las cuales 113 corresponden a grandes incendios forestales. En la actualidad, quince de esos incendios se mantienen en nivel 2 de gravedad potencial, el más elevado.
“Estamos ante la mayor catástrofe de los últimos años” “Estamos ante la mayor catástrofe de los últimos años”
, afirmó Marlaska, quien subrayó que la decisión del Gobierno abre la vía para que los afectados puedan solicitar las ayudas que la ley contempla.
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Una declaración que abarca casi todo el país
En su primera reunión tras el receso estival, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó esta declaración en 16 de las 17 comunidades autónomas, afectadas por desastres vinculados al cambio climático en los últimos tres meses.
La medida incluye tanto incendios como inundaciones y permite activar los mecanismos administrativos para compensar los daños. Marlaska recordó que la resolución no concede ayudas de manera inmediata, pero sí habilita a los ministerios competentes a dictar órdenes, resoluciones y bonificaciones fiscales o laborales.
Entre ellas figuran bonificaciones en la Seguridad Social, medidas laborales extraordinarias, ayudas agrícolas y compensaciones a municipios. Además, el Gobierno podrá, en caso necesario, aprobar más adelante un real decreto con ayudas específicas y dotación económica.
¿Qué implica la declaración de zona catastrófica?
La declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, antes llamada zona catastrófica, está regulada en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015.
Con esta decisión, el Consejo de Ministros reconoce oficialmente los daños sufridos en un territorio y activa una batería de medidas que pueden incluir:
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Ayudas económicas directas a particulares por daños en viviendas y enseres de primera necesidad.
Compensaciones a municipios por los gastos derivados de la emergencia.
Subvenciones por daños en infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.
Líneas de crédito ICO para empresas y autónomos afectados.
Exenciones fiscales, como la reducción o eliminación del IBI y del IAE en las zonas dañadas.
Medidas laborales y de Seguridad Social, como reducciones de jornada, suspensión de contratos o aplazamientos en el pago de cotizaciones.
Antecedentes recientes
El Ejecutivo ha recurrido en varias ocasiones a esta herramienta en los últimos años. En 2021, se aplicó tras la borrasca Filomena y la erupción del volcán de La Palma. En 2022, se declaró para los grandes incendios que arrasaron miles de hectáreas en toda España. Más recientemente, en noviembre de 2024, el Gobierno declaró zona catastrófica a 78 municipios afectados por la DANA de octubre, acompañada de un paquete de ayudas de 10.600 millones de euros.
