Por otro lado también establece la obligación de escuchar a los menores antes de tomar decisiones sobre la guarda y custodia
Marcha contra la violencia de género en España
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica contra la violencia vicaria, una iniciativa pionera que por primera vez define y tipifica esta forma de violencia machista en el ordenamiento jurídico español.
El texto incorpora la violencia vicaria como delito específico en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a hijos e hijas menores, sino también a otros familiares y parejas de las mujeres.
La ley, impulsada por el Ministerio de Igualdad y con la participación de los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, contempla penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes ejerzan este tipo de violencia, además de la imposición de penas accesorias, como la prohibición de difundir públicamente detalles del crimen o la tenencia de armas durante un periodo de tres a cinco años.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que se trata de la primera normativa integral centrada en este tipo de violencia, definida como aquella que busca infligir dolor a las mujeres mediante el daño a personas de su entorno cercano, especialmente hijos e hijas, pero también ascendientes, hermanos o parejas actuales y anteriores.
Redondo ha explicado que el texto persigue tres grandes objetivos: garantizar la protección de las víctimas, concientizar a la sociedad sobre la gravedad de estas agresiones, y dar cumplimiento al renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye cerca de 40 medidas sobre violencia vicaria.
Entre las novedades del anteproyecto también destaca la obligación de escuchar a los menores antes de tomar decisiones sobre la guarda y custodia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
Asimismo, la ley prevé formación obligatoria en violencia vicaria para jueces y fiscales como requisito para el acceso y promoción en las carreras judicial y fiscal.
Una vez aprobado en primera vuelta, el texto será sometido a los informes preceptivos de los órganos constitucionales antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Preguntada por la posible postura del Partido Popular en las Cortes, la ministra se ha mostrado confiada en que esta formación participará activamente en el proceso legislativo para contribuir a mejorar el texto, recordando que el PP apoyó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género el pasado febrero.
FUENTE: El Observador