La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido enfática al anunciar que caerá "todo el peso de la ley" sobre Uber ante los incumplimientos "presuntamente" cometidos por la empresa en España.
En sus declaraciones, la ministra subrayó que el Gobierno no permitirá que Uber eluda sus responsabilidades en materia laboral, especialmente en lo relacionado con la legislación sobre los trabajadores de plataformas digitales. "Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España", declaró Díaz en la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', aprobado en el Consejo de Ministros de agosto.
Contra los falsos autónomos
Díaz recordó que la Ley Rider, aprobada en 2021, busca regular la situación de los trabajadores que distribuyen productos a través de plataformas como Uber. La vicepresidenta también defendió que la reforma al Código Penal sobre los falsos autónomos no fue implementada en vano, sino para erradicar una "deficiencia grave" en la contratación de trabajadores. "Lo hicimos con Glovo, y lo vamos a hacer con Uber", insistió, dejando claro que ninguna empresa, por grande que sea, estará por encima de la ley.
Ley rider, registro horario digital
La ministra de Trabajo también destacó la importancia de la nueva regulación, denominada Ley Rider, con la que el Gobierno busca eliminar las malas prácticas en el sector de las plataformas digitales. Además, subrayó el reciente avance con la tramitación urgente del reglamento que regulará el registro horario digital, accesible para los trabajadores, sindicatos y la propia Inspección del trabajo.
Las próximas medidas
Yolanda Díaz también presentó el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', que incluye el aumento de inspectores y una significativa inversión en nuevas tecnologías. La ministra detalló que, en lo que va del año, la Inspección ha realizado más de 859.000 actuaciones, detectado a 46.000 falsos autónomos y recuperado 33,5 millones de euros para los trabajadores. Entre los objetivos del plan se destacan la reducción de la siniestralidad laboral, la prevención de los riesgos vinculados al teletrabajo y las plataformas digitales, y la lucha contra el fraude y la economía irregular.