Entre la medianoche y las siete de la mañana, cuando Valencia duerme y las calles vacías parecen un escenario silencioso, Santiago Luis Blanco (Buenos Aires, junio de 1992) se movía con total impunidad. Montado en un patinete eléctrico, con un casco negro colgado del brazo, Blanco no era un vecino más regresando a casa: era, según la Policía Nacional, “un depredador sexual que aprovechaba la penumbra para cazar”.
Con un tono convincente y palabras aprendidas de su experiencia, se presentaba como agente de la policía o Guardia Civil, solicitando documentación, hablando de “redadas” o “controles rutinarios”. Bajo esta falsa autoridad, cometía agresiones sexuales. Por este modus operandi, la prensa local lo bautizó como “el violador del patinete”, informó este domingo El Español.
Blanco, de 33 años, contaba con un historial delictivo extenso y dos órdenes de expulsión de España que nunca se ejecutaron. El 22 de agosto fue detenido como presunto autor de seis agresiones, dos de ellas con penetración, además de robos y usurpación de funciones públicas, y actualmente permanece en prisión provisional.
Un patrón de violencia reiterado
Su historial no se limita a estas recientes detenciones. Ya había sido condenado por violencia de género tras maltratar a una de sus parejas en 2020, hecho que lo incorporó al sistema VioGen, encargado de proteger a víctimas de violencia machista. Su vida estuvo marcada por el consumo de drogas -cocaína, crack y marihuana-, arranques de ira y conductas violentas que varias fuentes policiales conocían desde hace años.
En febrero de 2025, Blanco contactó con una mujer en situación de prostitución, la citó en un portal, se hizo pasar por policía y la violó. Fue detenido, pero la causa no prosperó más allá de esa denuncia. Seis meses después, repitió el mismo patrón contra seis mujeres más, revelando un comportamiento sistemático y organizado.
La falla del sistema y la permisividad institucional
A pesar de su situación irregular y sus antecedentes, Blanco siguió residiendo en España sin restricciones, moviéndose por diferentes zonas de Valencia. Su expediente policial revela un historial de incumplimiento de órdenes de salida, amenazas para la seguridad pública y riesgo de fuga. Incluso se recomendó prohibirle la entrada al país durante cinco años, algo que nunca se ejecutó.
La Policía Nacional había alertado sobre el peligro que representaba, pero las medidas administrativas no fueron suficientes para detenerlo a tiempo. Hoy, el caso de Blanco evidencia tanto la brutalidad del individuo como las grietas en el sistema que permitió que continuara operando libremente.
Modus operandi y control delictivo
Fuentes cercanas explican que Blanco era convincente y manipulador. Imitaba el lenguaje policial, ordenaba cacheos y generaba miedo en sus víctimas, que muchas veces eran mujeres vulnerables o en situación de marginalidad. Tras consumar sus delitos, llegó a solicitar prendas íntimas de sus víctimas como trofeos.
Además, vivía de la gestión ilegal de pisos turísticos, algunos de ellos subarrendados y anunciados en plataformas como Airbnb, y de pequeños trapicheos de droga. Sus vecinos lo describen como hostil e imprevisible, y la Policía lo catalogaba como “un delincuente de manual”, aunque sus antecedentes anteriores no justificaban prisión preventiva.
Siete víctimas y la herida de Valencia
Hasta ahora se han identificado siete víctimas, aunque investigadores sospechan que podrían existir más. Las mujeres denunciantes fueron todas blanco de un patrón que combinaba engaño, violencia y abuso de autoridad. El caso recuerda, además, al de Iván Colóm, el llamado “violador del portal”, detenido meses antes en la misma ciudad.
Valencia enfrenta así una doble herida: la de las víctimas, y la de un sistema que, a pesar de múltiples alertas, no actuó a tiempo. La detención de Blanco abre un capítulo de justicia tardía, pero también evidencia la necesidad de revisar protocolos de seguimiento a delincuentes con antecedentes graves y situaciones irregulares en el país.
