Reflotar el acuerdo UE-Mercosur desató protestas iracundas. Una oferta ablandó a Lula (y provocó a Macron): triplicar ayuda para adaptarse a estándares verdes
El presidente francés Macron es uno de los principales opositores al acuerdo UE-Mercosur. Al punto que luego de las protestas de agricultores en París a comienzos de año le pidió a la UE que suspiendiera todas las negociaciones. Lula, en cambio, siempre fue un gran defensor de la integración sudamericana y del tratado UE.-Mercosur. Le costó aceptar que cambiaran requisitos en un acuerdo cerrado en 2019 pero finalmente aceptó porque cree en la necesidad de alianzas con otros bloques.
París está rodeada. Al menos en cinco puntos claves de acceso a la ciudad las autopistas fueron bloqueados por interminables caravanas de tractores. Los agricultores franceses no se mueven. Son los principales enemigos del acuerdo UE-Mercosur.
La situación lleva más de una semana y el Gobierno tiene movilizados a unos 15.000 efectivos. Conocen su poder. Es el sector agrícola de más peso de la UE, con 100.000 millones anuales, alrededor del 18% de la producción anual.
Son los principales enemigos del acuerdo UE-Mercosur pero no los únicos. En simultáneo, cortes similares se producen en Alemania, donde unos 1.500 tractores interrumpían la circulación con foco en Hamburgo.
La misma escena se repite en Bruselas, Bélgica. Y también en Italia, con protestas en Roma, Venecia e incluso agricultores franceses sumándose a manifestaciones en Turín.
Hablamos de fines de enero de este año. No del mes pasado. De un malestar intenso que no es nuevo, más allá del ascenso de la derecha, que sabrá (como supo en la campaña) capitalizar esa irritación.
Pero fue Emmanuel Macron quien le pidió a la recién reelecta presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, poco después de las protestas, que suspenda las negociaciones para un acuerdo con el Mercosur.
Incluso lo hizo público en una conferencia de prensa: "Francia se opone a las negociaciones porque se trata de un acuerdo que se cerró hace ya unos años y no impone al Mercosur reglas homogéneas a las nuestras”.
Macron, en cambio, elogió el trato sellado con Chile en cuanto a la reciprocidad de los requisitos de producción. Los agricultores también fueron una oposición clave en el acuerdo de libre comercio con EE.UU. que se congeló bajo la administración de Trump.
Unos 100 legisladores de su partido enviaron una carta al Ejecutivo europeo en ese entonces para advertir sobre los peligros del Mercosur para los agricultores franceses por su naturaleza “anacrónica”.
Unos meses antes, en la conferencia de la ONU sobre el clima en Dubai, Macron había insistido en el tema asegurando que las concesiones ambientales obtenidas por el bloque no habían sido suficientes y que los productos importados del Mercosur tendrían una “desagradable huella de carbón”.
Resulta claro que la oposición no es nueva. Tampoco es prerrogativa de la derecha, aunque la ha sabido aprovechar en la previa electoral con críticas y promesas oportunas.
En líneas generales se comprometieron a abordar los problemas de competencia y de transferencia de propiedades rurales así como a revertir el plan para elevar impuestos al combustible rural y fijar multas a las empresas que no respeten las reglas en las negociaciones de precios.
Sí, todo hace esperar que el mayor peso de la derecha hará aún más difícil que se clausure este acuerdo anunciado en forma preliminar en 2019 después de más de dos décadas de negociaciones y nunca implementado.
Pero como bien prueba la reciente ofensiva en España de la izquierda (Sumar), precedida y por la de ultraderecha (Vox), pidiendo al Congreso que se frenen el tratado, la cuestión parece ir más allá de lo simplemente partidario.
En Sumar toman, por un lado, el argumento de los propios agricultores, al decir que los precios de entrada de las importaciones llevan años "presionando a la baja" los precios pagados a productores españoles.
Y por otro, el esgrimido a nivel europeo por las condiciones de producción, sobre todo en materia ambiental, cuando exige “cláusulas espejo”, que sean monitoreadas por un Comité Permanente sobre Importaciones.
Pedro Sánchez, por su parte, el presidente, dice no tener inconveniente con la firma del tratado. Pero mientras EE.UU. y China se disputan la injerencia en Latinoamérica, España queda un poco más lejos.
La relevancia política del país en la región se viene esfumando desde hace dos décadas. El reciente episodio de mutuos insultos y agravios sólo muestra hasta qué punto está erosionada.
Algo estratégicamente torpe, además, si se considera que hay 33 países en América latina y el Caribe y no se puede esperar que todos sean aliados ideológicos.
Quizás un punto aún más interesante sea que la España que alguna vez se ofreció a servir de puente entre Europa y América latina no hizo mucho por ayudar a cerrar el acuerdo y hoy realmente no resulta necesaria. Ni como intermediaria ni como puente.
Brasil y México (extra Mercosur) son, hace rato, economías mucho más grandes que la española, con su propio acceso a los grandes interlocutores globales.
Pero a nivel cultural, los lazos siguen ahí. Y no sólo una inmigración que busca trabajo. Muchos latinoamericanos con recursos están convirtiendo a Madrid en una nueva Miami (aunque quizás no sea tan buena idea).
Esto se refleja también a nivel turístico. Hay casi 900 vuelos semanales entre España y América latina, incluyendo el Caribe. Pero nos vamos de las fronteras del Mercosur.
La última vez que la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, estuvo hacia fines de febrero en Francia, no ocultó su enorme desánimo.
Exigían que los productos que ingresen adoptaran los mismos estándares en relación a la protección del medio ambiente y contra la deforestación. Desde el Mercosur se recibió con cierta molestia la iniciativa.
Específicamente, el problema fue con Lula. Una vez más, el acuerdo se estancaba. Esta vez por la resistencia de Brasil.
Fue durante la última visita de Von der Leyen al país que Lula le explicó su posición. Su planteo era que la UE cambió las reglas del juego de un acuerdo cerrado en 2019 al introducir el “Green Deal”, que planteó nuevos desafíos de adaptación a distintos sectores de la economía.
El “Green Deal “ o Pacto Verde se aprobó en 2020 y persigue como objetivo que la UE sea climáticamente neutral para 2050, esto significa, que logre tener cero emisiones netas de carbono (gases de invernadero).
En todo caso, la jefa del Ejecutivo comunitario insistió. Se cerraron nuevos pactos de libre comercio con Chile, Nueva Zelanda y Kenia.
Pero se debe trabajar -aseveraba- para concluir antes de que acabe el año con los que siguen sobre la mesa: Australia, México y Mercosur, y poco después los de India e Indonesia.
A esta altura, Von der Leyen aún no había sido reelecta ni la derecha había arrasado aún en la votación del 9J del Parlamento europeo. Buscaba seguramente poder tachar algunas metas en su lista en caso de que su continuidad no pudiera darse.
Quizás anticipando ese escenario, previendo que de seguir en el cargo debería alinearse con la nueva fuerza emergente, Von der Leyen hizo una jugada audaz en una Europa fastidiada.
La nueva carta fue un aporte de fondos de cooperación a la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia para que puedan adaptar sus economías a los nuevos desafíos que plantearía una nueva zona de libre comercio entre los dos bloques.
Así nadie podría hablar de competencia desleal. Se demandarían los mismos estándares pero en un comienzo, se facilitaría su cumplimiento.
“La UE está dispuesta a facilitar fondos de cooperación para ayudar a una implementación exitosa del acuerdo del Mercosur”, dijo Francisco García, jefe del equipo para América del Sur de la Dirección para la Cooperación con América Latina de la Comisión Europea.
La UE venía desembolsando unos 200 millones de euros de fondos de cooperación al Mercosur, de los cuales la Argentina recibe 50 millones, Brasil. 70 millones y Paraguay, 80 millones. En el nuevo esquema, los fondos, aunque no se precisaron, se triplicarían.
En estas condiciones, Milei, que ya estaba adentro, ni lo duda. Se dice que Paraguay alberga algunos reparos. En Uruguay, que este año celebra elecciones, hay acuerdo entre los partidarios que lo más beneficioso es firmar.
Quedaba por terminar de aflojar la incomodidad brasileña por este tardío barajar y dar de nuevo sobre lo que ya estaba decidido.
El Mercosur cerraba el año pasado con señales de cierto dinamismo.
Por un lado, sobre finales del 2023, tras 16 años de negociaciones, en las que había permanecido como miembro asociado, Bolivia se incorporó como quinto miembro pleno del bloque. Venezuela fue suspendida en agosto del 2017.
Por otra parte, en la cumbre de Río, a mediados de año, el Mercosur firmó un Acuerdo de Libre Comercio con Singapur (TCL). Una señal positiva en la medida en que se trata del primer acuerdo de libre comercio en casi 15 años, cuando firmó con Egipto y Palestina.
Es además el primero de estas características con un país del sudeste asiático, lo que se espera podría dar impulso a otros en una región de gran vitalidad económica.
Hay que decir, sin embargo, que el bloque ha luchado, desde su creación en marzo de 1991, con sus propias fracturas y parálisis internas.
Sólo por rememorar un ejemplo reciente, está el caso de la cumbre que se celebró en julio de 2022 en Paraguay.
El clima era de semejante tensión que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se negó a firmar el comunicado conjunto. Como si la precariedad del proceso de integración necesitara más pruebas.
El conflicto residía en que Uruguay estaba negociando en forma unilateral un acuerdo con China, algo que en términos normativos, suponía una violación del tratado fundacional del bloque.
Pero como decía Pepe Mujica, ex presidente y referente del Frente Amplio Uruguayo, “siempre vamos a estar con una pata afuera del Mercosur”. Se refería a que la idea era ganar acceso a mercados y que el bloque debía servir de vehículo y si no, no podían dejar de avanzar.
En tanto Brasil, con Jair Bolsonaro al frente entonces, estaba enfocado en minimizar la estructura institucional del bloque y firmar acuerdos extrarregionales para reducir el carácter proteccionista, con el trasfondo de una China con enorme apetito por los commodities de la región.
Además, desde el 25% que se negociaba entre socios a fines de los noventa, el comercio intra-comercio en el Mercosur se había desplomado a casi 10% para 2021.
Los últimos datos, del 2023, revelan que el comercio intra-zona fue de u$s 47.411 millones, un 3% más que el año anterior. En tanto, el extra-zona, es decir, el intercambio con otros países o bloques del mundo, alcanzó casi los u$s 669.000 millones.
Las principales exportaciones del bloque son soja, petróleo, mineral de hierro, maíz y azúcar, en ese orden de importancia. En el comercio entre miembros del Mercosur el principal producto es también la soja pero después el menú de los principales bienes transados cambia por completo: vehículos para transporte de mercancías, energía eléctrica, vehículos para transporte de personas y trigo.
Por cierto, el proyecto de Uruguay de un acuerdo con China sigue sin pie. Después de que resultara infructuoso el intento de lograrlo en forma unilateral, espera el inicio de su presidencia pro témpore en julio.
Su intención es impulsar a nivel Mercosur un Tratado de Libre Comercio con China, un escalón más arriba del conseguido a fines del 2023 de asociación estratégica integral a fines del año pasado.
En cuanto a Alberto Fernández, de la Argentina, no tenía mayor interés en impulsar la integración, en la línea kirchnerista de “arreglarse con lo propio”.
Pero en Brasil, pese al estancamiento del Mercosur, y con las elecciones cerca, muchos ansiaban el regreso de Lula, gran defensor de la integración sudamericana, para intentar reactivarlo.
Volvemos entonces al Lula actual que no se termina de convencer. La oferta de la Comisión de la UE está enmarcada dentro de una nueva estrategia para reforzar su posicionamiento geopolítico denominada “Global Gateway”.
Es un programa que depende directamente de Von der Leyen -que recién será nombrada formalmente en unas dos semanas- y que está dotado de 300.000 millones de euros hasta 2027.
El presidente brasileño pudo cruzarse tanto con Von der Leyen como con Macron en la cumbre del G7 en Apulia, en el sur de Italia. Parece ser que allí Lula reconsideró su posición. Aunque ya pasó tanto tiempo que quizás sea que ya nadie quiere dar más vueltas.
Eso sí, en la última jornada de la cumbre Lula dio una conferencia de prensa y dejó en claro que su concesión no significaba nada más que eso.
La incertidumbre política en Francia, las trabas de una derecha radicalizada, las protestas de los propios agricultores pueden estirar los tiempos. Como si 25 años no fueran nada.
“Le dije a Von der Leyen que después de todas las negociaciones que Brasil hizo para cambiar el acuerdo, está listo para cuando la Unión Europea quiera firmar. Ahora el problema son ellos”.
La pelota, señores, ahora está en su cancha.