La elección para autoridades municipales tiene una fuerte carga simbólica: será exactamente un día antes del aniversario de las presidenciales de 2024, en las que Maduro se mantuvo en el Palacio de Miraflores en medio de denuncias de fraude respaldadas por copias de actas, el informe del Centro Carter y el desconocimiento de una larga lista de países.
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Maduro votando en las elecciones legislativas de mayo
AP
Al control absoluto de las instituciones, el respaldo de las Fuerzas Armadas y el accionar represivo de los cuerpos de seguridad, el mandatario sumó, tras su oscura reelección, un recurso menos visible pero muy poderoso: la desconfianza generalizada en el voto como instrumento de cambio. Según un estudio de la encuestadora Delphos, realizado entre el 29 de abril y el 4 de mayo, el 27,4 % de los venezolanos en edad de votar desconfía del Consejo Nacional Electoral, mientras que un 23,9% afirma que ejercer el sufragio ya no tiene sentido.
En este clima, lo previsible es que una parte significativa del electorado se mantenga al margen de las elecciones municipales. Todo indica que María Corina Machado, principal figura de la oposición, reiterará el llamado a la abstención que hizo en las elecciones de gobernadores, lo que consolidaría un escenario de participación reducida. Al proceso probablemente solo concurrirán actores opositores con poca capacidad de convocatoria, partidos sometidos a intervenciones judiciales y agrupaciones que mantienen canales de entendimiento con el oficialismo.
La semana pasada, la Plataforma Unitaria, que agrupa a la mayoría de la oposición, publicó un comunicado en su cuenta de X donde afirmó que "el voto, como expresión genuina de la soberanía popular, no puede seguir siendo vulnerado" y reiteró que "la verdad expresada por el pueblo venezolano" en las elecciones presidenciales de 2024 "debe ser el punto de partida del debate nacional".
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En la otra acera, el Gobierno prepara su maquinaria. "Después de los procesos de consulta de base, de postulaciones, después del análisis cualitativo, cuantitativo y en perfecta coordinación política, espiritual, ideológica, ya tenemos 335 candidatos de la revolución bolivariana para los 335 municipios", anunció Maduro.
El dilema de la oposición
Los antecedentes de 2005, 2018 y 2020 evidencian que los llamados a la abstención impulsados por la oposición no se tradujeron en avances concretos. Por el contrario, acentuaron la desmovilización de sus bases y profundizaron la fragmentación interna, lo que terminó subordinando su estrategia al efecto de las sanciones internacionales que, si bien ejercieron presión sobre el Gobierno, resultaron insuficientes para desencadenar una transición política.
Tras el fraude electoral del año pasado es imposible que pensemos que el Gobierno va a reconocer resultados que les sean adversos. Puede ser una oportunidad para la resistencia política, no para el cambio político (María Isabel Puerta) Tras el fraude electoral del año pasado es imposible que pensemos que el Gobierno va a reconocer resultados que les sean adversos. Puede ser una oportunidad para la resistencia política, no para el cambio político (María Isabel Puerta)
No obstante, en el otro lado de la balanza pesa la poca credibilidad en el árbitro electoral, lo que complica llamar a votar y el riesgo de que participar en las elecciones legitime al sistema.
María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Colorado, considera que para la oposición tendría sentido acudir a las elecciones como una estrategia orientada a confrontar al Gobierno, articular sus fuerzas y construir una hoja de ruta común. "Tras el fraude electoral del año pasado es imposible que pensemos que el Gobierno va a reconocer resultados que les sean adversos. Puede ser una oportunidad para la resistencia política, no para el cambio político”, opina.
Explica que “lo más cercano a la realidad es que en Venezuela hay una autocracia, ausencia de libertades fundamentales, inexistencia de un Estado de derecho y la subordinación de las instituciones, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, al poder Ejecutivo. Persecución contra la oposición y represalias internas dentro del propio chavismo como forma de control. No hay duda sobre la naturaleza autoritaria del régimen y su consolidación se está dando, sobre todo, a partir del fraude electoral”.
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La opositora venezolana María Corina Machado en marcha en Caracas contra la reelección de Maduro, el 3 de agosto
EFE
El politólogo Jesús Castellanos destaca que “la oposición democrática en Venezuela enfrenta un dilema enorme y pocas posibilidades de acción. El evento del próximo 27 de julio no es una elección; es un esfuerzo de Nicolás Maduro para legitimar unas estructuras de poder -ahora municipales- a distribuirse entre el partido oficialista y otros sectores, a la medida del régimen que, con tal de participar, son capaces de tolerar una elección sin ningún tipo de condiciones”.
“Desde el punto de vista electoral, el régimen, después de las elecciones presidenciales de 2024, pasó a otra etapa en su autoritarismo. De uno con alto déficit competitivo, se pasa a un autoritarismo cerrado, sin condiciones electorales y en el cual la voluntad popular, el derecho al voto y el pluralismo son abiertamente desconocidos”, agrega.
Ante la interrogante de si se ha cerrado la posibilidad de una salida electoral al conflicto político, indica que “la salida electoral no está cerrada en Venezuela, pues es y debe ser la única vía para una transición política en paz". "En este momento no hay condiciones, pero confío en la figura de la negociación. Un régimen cimentado en tal alto nivel de ilegitimidad es de difícil gobernabilidad y sostenibilidad en el tiempo, inclusive contando con la violencia, como ha sido en los últimos años”, añade.
La mano dura
En su informe sobre Venezuela, Castigados por buscar un cambio, Human Rights Watch señaló que tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 el régimen de Maduro desató una feroz represión. Las fuerzas de seguridad y grupos armados perpetraron asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores y ciudadanos extranjeros, utilizando el miedo y la violencia para sofocar el descontento.
“Human Rights Watch recibió reportes creíbles de 25 asesinatos ocurridos en el contexto de protestas”, dijo la organización no gubernamental y agregó que “entre las personas asesinadas hay 24 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana”.
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Represión policial en una protesta en Caracas tras las elecciones de 2024
EFE
Dos semanas antes de las elecciones de gobernadores, en mayo de este año, el Gobierno aseguró que desarticuló “planes terroristas” y detuvo a más de 50 personas, entre ellos a Juan Pablo Guanipa, uno de los colaboradores más estrechos de María Corina Machado.
Esta semana, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció una nueva ola represiva e informó que en los últimos días se ha incrementado el número de desaparecidos.
“Queremos alertar a la comunidad internacional de que no nos dejen solos, porque en las últimas semanas hemos tenido 60 desaparecidos, y sigue la prisión política, y sigue la persecución política para todos quienes piensan distintos y para todos quienes se atreven a alzar la voz”, dijo Andreina Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 tras ser acusado de terrorismo y líder del Comité.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en las cárceles venezolanas permanecen 932 presos políticos.
