Luiz Inácio Lula da Silva iniciará su cuarto mandato en Brasil en un entorno político menos favorable que el de los tres anteriores. Deberá gobernar con un Congreso de tendencia conservadora, en el que sus aliados son minoría, con una administración estadounidense alineada con su adversario, Flávio Bolsonaro, y en una región donde predominan los gobiernos de derecha. A sus 81 años, además, no podrá aspirar a la reelección en 2030, lo que abre la discusión sobre qué legado quiere dejar.
El escenario llega con los mercados a contrapié: tras la primera vuelta habían descontado con rapidez una victoria de Bolsonaro. En ese contexto, un informe de JP Morgan plantea que la reacción inicial será negativa, pero que el triunfo de Lula no supone un cambio duradero en las perspectivas del país: a mediano plazo, el impacto sobre el crecimiento será neutral y la clave estará en el frente fiscal.
Mercados y economía en Brasil
“Esperamos una reacción negativa de los mercados a corto plazo, aunque no consideramos que el resultado electoral suponga un cambio duradero en las perspectivas de Brasil”, sostiene el banco. El golpe responde a una cuestión de expectativas: el 5 de octubre, primer día de negociación tras la primera vuelta, el Ibovespa registró su mayor suba diaria en seis años y, durante la semana siguiente, las tasas largas cayeron cerca de 150 puntos básicos, hasta ubicarse en torno al 12%.
Con el resultado final, JP Morgan prevé que parte de ese movimiento se revierta. En renta fija, las tasas largas probablemente repuntarán y los mercados descontarán menos recortes de la Selic, hoy en 13,75%. El real también podría ceder terreno, aunque el “carry” (el rendimiento adicional por mantener la moneda) seguirá siendo de los más altos entre los emergentes, lo que debería limitar su depreciación.
En la bolsa, advierte el informe, espera "una corrección cuya magnitud variará según el sector”. Los bancos y las empresas domésticas sensibles a las tasas lideraron el rally y son los más expuestos. Los exportadores, como Vale y Suzano, quedan mejor posicionados. Para Petrobras y otras empresas vinculadas al Estado, las perspectivas son “más dispares”.
Lula centró su campaña en mantener la regla fiscal de 2023, proteger los programas sociales y usar la inversión pública, las empresas estatales y los bancos públicos para impulsar el crecimiento. Según JP Morgan, “gran parte de esta agenda ya está en marcha y puede mantenerse sin necesidad de una votación en el Congreso”. Incluye los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la exención del impuesto a la renta para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales (vigente desde enero de 2026), el Novo PAC y el regreso de Petrobras a la distribución de combustibles.
Las medidas y su impacto
El Congreso también aprobó una enmienda constitucional que pone fin a la semana laboral de seis días, con 75 votos a favor y uno en contra en el Senado el 14 de octubre, incluido el apoyo de Flávio Bolsonaro. Está pendiente de promulgación y fija la jornada máxima en 42 horas semanales dos meses después de su publicación y en 40 horas un año más tarde, sin reducción salarial.
El resto de las propuestas deberá pasar por un Congreso en el que los aliados de Lula son minoría. Requieren leyes los nuevos impuestos a las rentas altas, los recortes de beneficios fiscales, la ampliación de Bolsa Família, el Ministerio de Seguridad Pública y la regulación del trabajo por aplicaciones, que por ser ley complementaria necesita 257 diputados y 41 senadores. Ampliar el papel del Gobierno federal en seguridad pública exigiría una enmienda constitucional: 308 diputados y 49 senadores, en dos rondas de votación.
Para el banco, “la continuidad del gasto público debería sostener el consumo y mantener un impacto prácticamente neutral sobre el crecimiento económico”. Las eventuales ganancias adicionales de la renta variable dependerán más del apetito global por emergentes que de factores internos.
La gran incógnita es fiscal. “Una cuestión clave para los mercados es si descontarán un mayor deterioro de la situación fiscal de Brasil”, plantea el informe. En agosto, la deuda bruta alcanzó el 82,9% del PIB y la mayor parte del presupuesto se destina a gastos obligatorios, “lo que deja poco margen para ampliar los programas existentes sin contar con nuevas fuentes de ingresos”.
Las claves según JP Morgan son las siguientes:
- Ministro de Hacienda: un nombramiento que genere confianza en los mercados ayudaría a disipar las preocupaciones.
- Presupuesto 2027: el Congreso debe aprobarlo antes de fin de año. Uno ajustado a la regla fiscal sería una buena señal; los indicios de “una política de gasto menos restrictiva” mantendrían elevadas las tasas largas y la prima de riesgo.
- Febrero: la elección de los presidentes de ambas cámaras, que establecen la agenda legislativa. Según el banco, “el resultado permitirá evaluar con cuánto apoyo cuenta el Gobierno para aprobar sus propuestas”.
En lo internacional, JP Morgan estima que una reducción del arancel estadounidense del 25% “parece menos probable que bajo un gobierno de Flávio Bolsonaro”. Las relaciones con China, destino de cerca del 29% de las exportaciones brasileñas, se mantendrían intactas.
El informe cierra con una pregunta sobre el futuro: “Otra cuestión importante es cómo Lula definirá su legado”. Podría priorizar programas sociales, inversión pública y reformas laborales, lo que favorecería el consumo pero aumentaría las presiones fiscales, o bien buscar una economía estable y finanzas públicas más sólidas. Según el banco, la manera en que equilibre estos objetivos “será un factor clave para el comportamiento de los activos brasileños hasta finales de la década”.
