Con un total de 54 naciones, el listado lo integran potencias como Estados Unidos y China, siendo esta última "el principal verdugo del mundo".
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional actualizó en abril su reporte de países que mantienen la pena de muerte para delitos ordinarios dentro de su legislación.
Con un total de 54 naciones, el listado lo integran potencias como Estados Unidos y China, siendo esta última "el principal verdugo del mundo".
Excluyendo al gigante asiático, el 87% del total de las 1.518 ejecuciones registradas a nivel global en 2024 se concentraron en sólo dos países: Irán y Arabia Saudita.
"La ejecución es el castigo máximo e irrevocable: el riesgo de ejecutar a una persona inocente nunca puede eliminarse", enfatizó Amnistía Internacional.
En la perspectiva general, el informe advirtió de un aumento del 32% respecto al número de 2023, lo que elevó el total a la cifra anual más alta desde 2015. "Este aumento se debió principalmente a los incrementos en tres países: Irán, Irak y Arabia Saudita", explicó la pesquisa.
Según Amnistía Internacional, de todas las ejecuciones conocidas en 2024, el 42% se llevaron a cabo ilegalmente por delitos relacionados con las drogas en cuatro países: China, Irán, Singapur y Arabia Saudita.
En tanto, no se pudo determinar cifras mínimas creíbles para las ejecuciones llevadas efectuadas en la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y Vietnam, naciones que "siguen castigando a las personas con la muerte de forma generalizada".
Además, debido a la crisis actual, Amnistía Internacional tampoco pudo confirmar una cifra para Palestina y Siria.
Además de Estados Unidos y Puerto Rico (por su condición de territorio asociado), otras seis naciones de las Américas conservan la categoría de pena capital dentro en su sistema legal: Cuba, Belice, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Bahamas.
Aunque las últimas ejecuciones conocidas fueron en 2003, se aplica para delitos como homicidio, terrorismo, violación agravada, secuestro y narcotráfico, siendo el fusilamiento el método usual.
En 2010, las condenas pendientes en el corredor de la muerte fueron conmutadas.
En Belice, la pena de muerte por ahorcamiento es una sanción legal vigente, aplicada para el delito de asesinato, a menos que se demuestren circunstancias atenuantes.
Según el registro de Amnistía Internacional, no se realizan ejecuciones desde 1985.
La pena de muerte en Jamaica es legal y se aplica sólo por homicidio agravado mediante la horca, aunque su última ejecución data de 1988.
Siendo el único país de Sudamérica y bajo la modalidad de horca, Guyana mantiene el castigo capital dentro de su sistema de penalidades, aunque no lo pone en práctica desde 1997.
La pena de muerte en Trinidad y Tobago también reviste el carácter legal, siendo el único país del Caribe anglófono que la activa por asesinato, efectivizada mediante horca.
La pena de muerte sigue siendo legal en Bahamas y se aplica mediante la horca, aunque se registran ejecuciones desde el año 2000.