El epicentro del conflicto radica en la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, algo sin precedentes en México. Esta iniciativa busca reformar profundamente un sistema judicial que, según el presidente, está afectado por la corrupción y los privilegios de altos cargos.
Sin embargo, críticos y gremios del sector judicial han manifestado que este cambio podría erosionar la independencia del Poder Judicial, sometiéndolo a los vaivenes políticos.
Desde el lunes pasado, miles de empleados judiciales, agrupados en sindicatos como Renovación, iniciaron una huelga indefinida, cerrando simbólicamente oficinas en más de 16 estados. A este paro se sumaron jueces y magistrados que, liderados por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, decidieron suspender actividades a partir del 21 de agosto, exigiendo un diálogo con el Congreso y el presidente, reveló la agencia AFP.
Sus principales preocupaciones giran en torno a la eliminación de fideicomisos laborales, el recorte de beneficios y la posible pérdida de la carrera judicial que hasta ahora garantizaba el acceso meritocrático a los cargos más altos del sistema judicial.
"La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal", señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
“Desde mi punto de vista, primero es una venganza”, dijo Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, según publicó el New York Times.
El proyecto de dictamen de la reforma judicial será evaluado el próximo 26 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tras la victoria en las elecciones de junio, el partido gobernante Morena, junto con sus aliados PT y PVEM, se proyectan como la mayoría dominante en el Congreso de México durante los próximos tres años. Con esta mayoría, podrían cambiar la Constitución y aprobar reformas, incluida la judicial, sin depender del respaldo de la oposición, según informó CNN.
¿Qué dicen López Obrador y Sheinbaum?
López Obrador, que en febrero envió al Congreso una veintena de enmiendas constitucionales que abarcan, además de la justicia, la seguridad social, la salud, el sector energético y el sistema electoral, ha restado importancia a las protestas.
El mandatario sugirió que estas no impactarán en la aprobación de la reforma, que en realidad beneficiará al país al reducir la corrupción. A su vez, considera que las huelgas son, en parte, un intento de proteger los intereses de una élite judicial acostumbrada a los privilegios.
Además, sostiene que esta medida es esencial para acercar la justicia al pueblo, aunque sus críticos argumentan que se trata de un esfuerzo por centralizar el poder y debilitar a una Suprema Corte que ha actuado como contrapeso a su gobierno.
“Lo que queremos es que haya un verdadero sistema de justicia en el país”, dijo el lunes la presidenta electa Claudia Sheinbaum, delfín de López Obrador, que asumirá su cargo el 1 de octubre. “Ahora va a tener más autonomía el poder judicial cuando se elijan a los jueces, a los magistrados y a los ministros. ¿Por qué? Porque a un juez lo va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta”.
El sindicato que está por fuera
En medio de la disputa, el mayoritario Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ) ha decidido mantenerse al margen de las huelgas, optando por el diálogo y destacando que varias de sus propuestas laborales han sido incluidas en el proyecto de dictamen que será discutido próximamente en el Congreso.
Sin embargo, denuncia presiones a sus miembros para unirse a los paros, algo que consideran atenta contra la libertad de trabajo.
La contrapropuesta de la oposición
El opositor Partido Acción Nacional (PAN) se involucró en la discusión sobre la reforma judicial.
El dirigente nacional Marko Cortés propuso algo distinto e innovador: jueces sin rostro o de identidad reservada, pero exclusivamente en casos de delincuencia organizada. Su intención es proteger la integridad y seguridad de los jueces en ciertas investigaciones de riesgo.
También propuso que sea obligatorio obtener un certificado de aptitud emitido por el Consejo de la Judicatura Federal como requisito esencial para ejercer cualquier puesto en el ámbito judicial.
La postura de EEUU y entidades extranjeras
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este jueves que la reforma judicial representa un "riesgo mayor para la democracia" y que, si se aprueba, "amenaza la relación comercial" entre ambas naciones.
"Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política", dijo en un comunicado.
"El debate sobre la elección directa popular de jueces (...), así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido", apuntó, y añadió que esta reforma podría facilitar "que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas".
Por su parte, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley bajó su recomendación para invertir en México ante el riesgo de que se apruebe la reforma judicial, informó El Universal esta semana. "Creemos que presenta riesgos para la narrativa de inversión del país", señalaron en un comunicado.
Para el banco estadounidense Bank of America, la reforma judicial propuesta representa el mayor riesgo para el sector corporativo en México.
La institución destacó que esta reforma “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia” en el país, según reveló El Universal de México.
