Los inversores en países con regímenes fiscales que Estados Unidos considera injustos se enfrentarían a tasas impositivas más altas. El gravamen se aplicará sobre los ingresos obtenidos en EEUU, si es que el proyecto de ley fiscal que se tramita en el Senado se convierte en ley.
Una sección del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo, ataca a países como Canadá, el Reino Unido, Francia y Australia que imponen "impuestos a los servicios digitales" a grandes empresas tecnológicas como Meta Platforms Inc. También se dirige a países que utilizan disposiciones de un acuerdo multinacional para impuestos corporativos mínimos, apuntó la agencia Bloomberg.
La decisión de atacar a aliados con los que EEUU mantiene tratados fiscales de décadas de antigüedad subraya la disposición del presidente Donald Trump a modificar o romper acuerdos de larga data con otras naciones.
La denominada Sección 899 incluye “lo que podría llamarse un ‘impuesto de venganza’ contra lo que Estados Unidos considera impuestos injustos que otros países imponen a las empresas estadounidenses”, afirmó Robert Kepes, socio del bufete de abogados tributarios Morris Kepes Winters LLP en Toronto.
Inversores deberían pagar más
Los inversores institucionales, como fondos soberanos de inversión, fondos de pensiones e incluso entidades gubernamentales, se verían afectados, así como los minoristas y las empresas con activos en Estados Unidos.
La Sección 899 aumentaría la tasa del impuesto federal sobre la renta de los ingresos pasivos estadounidenses —como dividendos, intereses y regalías— obtenidos por personas e instituciones con sede en los países afectados. El primer aumento sería de cinco puntos porcentuales, que se incrementaría en otros cinco puntos cada año hasta un máximo de 20 puntos por encima de la tasa legal.
Los convenios tributarios tienen como objetivo evitar que una entidad sea gravada varias veces por los mismos ingresos. Esta sección del proyecto de ley “anula efectivamente ciertas obligaciones de los convenios tributarios estadounidenses, lo que supone una desviación significativa de los compromisos adquiridos desde hace tiempo”, según un análisis realizado por los abogados de Greenberg Traurig LLP.
La legislación también invalida normas especiales para organismos gubernamentales como los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco de Canadá está actualmente exento de la retención de impuestos por parte de Estados Unidos, "pero esto sugiere que se aplicaría una retención de impuestos", declaró Ronald Nobrega, socio de Fasken Martineau DuMoulin LLP, sobre el proyecto de ley.
La amplitud del proyecto de ley también sugiere que podrían aplicarse retenciones de impuestos a los ingresos estadounidenses obtenidos en cuentas de jubilación protegidas de impuestos. "Habría una responsabilidad fiscal inesperada para muchos inversores y empresas canadienses", afirmó Nobrega.
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Trump contra la OCDE
La Asociación de Gestión de Valores e Inversiones, un grupo industrial canadiense, estima que la legislación estadounidense costaría a los inversores canadienses hasta 81.000 millones de dólares canadienses (59.000 millones de dólares estadounidenses) en impuestos adicionales durante siete años.
El proyecto de ley exige que el gobierno identifique a los países con un régimen fiscal injusto, según Kepes, lo que da tiempo a las naciones para intentar negociar una salida al impuesto.
Trump ha criticado constantemente lo que considera impuestos discriminatorios, como el esfuerzo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por cambiar las normas fiscales para las grandes multinacionales digitales y garantizar que las empresas globales paguen un impuesto mínimo sobre sus ingresos en todos los lugares donde operan. Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente retiró a Estados Unidos del trabajo de la OCDE sobre un impuesto global.
La Alianza Empresarial Global (Global Business Alliance) afirmó en un comunicado que el proyecto de ley estadounidense "invita a una guerra fiscal global" y perjudicará la credibilidad de Estados Unidos y socavará la inversión. Algunas empresas internacionales se enfrentarían a tasas impositivas mucho más altas en Estados Unidos y "los trabajadores estadounidenses, no los gobiernos extranjeros, serían los más afectados por las consecuencias económicas", afirmó el grupo.
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Canadá, Francia y Reino Unido, en problemas
La economía canadiense está altamente integrada con la de Estados Unidos, siendo el mayor comprador de productos fabricados en ese país y un importante exportador. En muchos sectores, las empresas canadienses y estadounidenses operan con facilidad en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, el gobierno canadiense ha adoptado tanto un impuesto a los servicios digitales como un impuesto mínimo global. El primero consiste en un impuesto del 3% sobre los ingresos superiores a 20 millones de dólares canadienses obtenidos en Canadá por servicios que "dependen de la interacción, los datos y las contribuciones de contenido de los usuarios canadienses" y se aplica a las principales empresas tecnológicas estadounidenses, como Meta y Alphabet Inc.
Países europeos, como Francia, el Reino Unido e Italia, implementaron gravámenes similares durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, argumentando que Estados Unidos estaba ralentizando las negociaciones globales de la OCDE sobre las normas fiscales para la era digital. Estas medidas enfurecieron a las empresas tecnológicas estadounidenses y a Trump, quien amenazó con imponer aranceles. El gobierno francés declaró a principios de este año que no renunciará a su impuesto a los servicios digitales a pesar del riesgo de represalias estadounidenses.
