El Departamento de Justicia de la administración Trump solicitó una apelación de emergencia a la Corte Suprema para que bloquee las órdenes judiciales que exigen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk entregue documentos sobre sus operaciones a un grupo de vigilancia gubernamental.
El procurador general, John Sauer, también pidió bloquear la declaración bajo juramento de Amy Gleason, administradora de DOGE, identificada por el gobierno como líder de la iniciativa de reducción de presupuesto.
El caso fue iniciado por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que sostiene que el DOGE es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA), por lo que se debería tener acceso a los registros de sus operaciones. Por su parte, la administración argumenta que DOGE está exento de solicitudes de documentos porque es simplemente un cuerpo asesor presidencial, sin autoridad para tomar decisiones independientes.
La demanda de CREW, presentada en febrero, alega que el DOGE “ejerce un poder sorprendentemente amplio” sin transparencia sobre sus acciones. En marzo, el juez federal de distrito Christopher Cooper determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento y apuntó a sus afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales.
“Cancelar cualquier contrato gubernamental parecería requerir una autoridad sustancial, y cancelarlos a esta escala ciertamente lo requiere”, escribió Cooper. El DOGE “probablemente tiene al menos cierta autoridad independiente para identificar y despedir a empleados federales, y cancelar programas y contratos federales”, dijo.
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Cooper ordenó a DOGE y a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) entregar registros solicitados por CREW y permitió la realización de una investigación legal llamada discovery, que incluye la toma de declaraciones bajo juramento.
La administración Trump sostiene que estas órdenes violan la separación de poderes y ponen en riesgo la confidencialidad de los consejos al presidente.
Un panel del tribunal federal de apelaciones en Washington suspendió inicialmente la orden de Cooper, pero un panel diferente la reactivó posteriormente. Desde entonces, Cooper ha establecido plazos para que la administración cumpla antes del 13 de junio.
Esta apelación es una más de las múltiples solicitudes aceleradas que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema en los primeros cuatro meses de su segundo mandato para frenar decisiones judiciales preliminares sobre diversas políticas, incluida la agenda migratoria y planes de despidos federales.
