La jueza federal del distrito de Los Ángeles Maame E. Frimpong encontró una "montaña de pruebas" que sugerían que las tácticas violaban la Constitución. Entre los demandantes, que sostenían que el enfoque de la administración constituía un "perfil racial flagrante", había ciudadanos estadounidenses detenidos durante los controles migratorios.
Un tribunal de apelaciones había mantenido la resolución de Frimpong, pero el gobierno argumentó que la orden restringía injustamente a los agentes encargados de llevar a cabo su amplia campaña contra la inmigración ilegal.
En el fallo de la corte, la mayoría del tribunal escribió que el gobierno a veces realiza controles para verificar el estatus migratorio de personas que trabajan en jardinería, construcción y otros empleos "que a menudo no requieren papeleo y, por lo tanto, son atractivos para inmigrantes ilegales; y que no hablan inglés, o apenas lo hablan". Y agrega: "Las detenciones migratorias basadas en una sospecha razonable de presencia ilegal han sido un componente importante de la aplicación de la ley migratoria en EEUU durante décadas, a través de varias administraciones presidenciales".
En una dura disidencia, suscrita por sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió: "Incontables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajos manuales. Hoy, la Corte somete innecesariamente a muchas más a estas mismas indignidades".
La administración Trump afirmó que la orden es demasiado restrictiva, "amenazando a los agentes con sanciones si la corte considera que se basaron en factores adicionales al realizar cualquier detención".
Una por una, la situación legal de las medidas migratorias de Trump
La mayoría de las políticas migratorias de la administración están bajo escrutinio judicial. La semana pasada se produjo un avance judicial respecto al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que el gobierno utilizó para acelerar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua, argumentando que se trata de una fuerza invasora.
La Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito dictaminó que el gobierno no está autorizado a invocar contra pandillas la ley de 1798, que solo se había utilizado tres veces en la historia del país, todas durante guerras declaradas: la guerra anglo-estadounidense de 1812 y las dos guerras mundiales.
Kristi Noem visita el Cecot en El Salvador - Reuters.png
Más de 250 venezolanos que el gobierno de Trump había deportado en marzo a El Salvador y estaban recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele fueron repatriados en julio a Venezuela, después de un complejo acuerdo negociado entre los tres países. Sin embargo, el litigio sobre el asunto continúa.
Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que el fallo frenó "la opinión del gobierno de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin ninguna supervisión de los tribunales". Pero Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente tiene la autoridad para "llevar a cabo operaciones de seguridad nacional en defensa de EEUU y expulsar a terroristas". "Esperamos ser reivindicados en cuanto al fondo de este caso", agregó, haciendo referencia a un próximo enfrentamiento judicial en la Corte Suprema.
Ciudadanía por nacimiento
Protesta- ciudadanía por nacimiento (2) - 15-5-25- AFP.jpg
Protesta frente a la Corte Suprema
AFP
El primer día de su segundo mandato, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Según la 14ª Enmienda, cualquier persona nacida o naturalizada en EEUU y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Sin embargo, el gobierno propone negar este derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o con residencia temporal, argumentando que es un "imán para la inmigración ilegal".
La medida había sido rápidamente impugnada y bloqueada por varios tribunales, pero la Corte Suprema dictaminó que los tribunales inferiores no pueden emitir prohibiciones de alcance nacional de manera indiscriminada contra medidas del Poder Ejecutivo.
Una corte federal de apelaciones de San Francisco falló a finales de julio que la orden de Trump es inconstitucional, y confirmó la decisión de un tribunal inferior en New Hampshire que bloqueó su aplicación a nivel nacional a partir de una demanda colectiva impulsada por ACLU, una vía que la propia Corte Suprema había señalado como válida para detener la aplicación de políticas que afecten a grandes grupos.
Deportaciones a terceros países
Deportados venezolanos llegan a El Salavador - Reuters.webp
Una de las dificultades que enfrentó el gobierno de Trump a la hora de deportar a migrantes indocumentados fue el rechazo de los países de los que son oriundos a recibirlos. La solución que encontró la administración fue enviar a los migrantes a países con los que no tenían vínculos, incluidos El Salvador y Sudán del Sur. Desde el gobierno afirmaron que estos inmigrantes a menudo fueron condenados por delitos violentos o provienen de países que no los reciben de regreso.
Grupos de defensa presentaron una demanda este año argumentando que se violan los derechos al debido proceso y que se está enviando a inmigrantes a países con un largo historial de violaciones de derechos humanos.
A finales de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones a terceros países sin antes concederles el derecho a argumentar que ello pondría en peligro su seguridad. Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida detuvo esa orden, lo que permitió la rápida expulsión de inmigrantes a naciones que no son sus países de origen.
Estatus de Protección Temporal (TPS) y parole humanitario
En su intento por incrementar el número de deportaciones, el gobierno de Trump busca eliminar los programas que otorgan autorización legal, aunque temporal, a las personas que viven y trabajan en Estados Unidos cuando las condiciones en sus países de origen se consideran peligrosas, ya sea por disturbios civiles o desastres naturales. Entre estos programas se encuentran el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario.
Venezolanos reclaman por la extensión de la TPS en EEUU. AFP.jpg
Los esfuerzos dieron lugar a demandas en todo el país, que argumentan que más de 1,5 millones de personas se encuentran bajo este tipo de protecciones. En mayo, la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump revocar el TPS y las protecciones del programa del parole humanitario mientras procedían las demandas. Como resultado, es posible que las personas que contaban con esas protecciones puedan ser deportadas antes que se completen los procesos legales.
La semana pasada, el juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen restableció las protecciones del TPS para 1,1 millones de venezolanos y haitianos, al fallar que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, carecía de autoridad legal para revocar las prórrogas otorgadas durante el gobierno de Joe Biden.
En la costa este del país, la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito debe decidir si ratifica la orden de un juez de Boston que suspende la cancelación de los programas de parole humanitario para aproximadamente 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
ICE detiene a trabajadores en Luisiana. AP.webp
Deportaciones exprés
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero que expandía el uso de la deportación acelerada, un proceso de deportación por la vía rápida para migrantes que ingresaron al país sin autorización y que han estado en el país menos de dos años. Este proceso permite su deportación sin necesidad de comparecer ante un juez.
Antes del segundo mandato de Trump, la deportación acelerada se aplicaba únicamente a migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevaban menos de 14 días en el país.
Varios grupos iniciaron demandas contra la medida y a finales de agosto, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó temporalmente la expansión del gobierno y sugirió que viola el derecho de las personas al debido proceso.
A principios de agosto, en otro caso, Cobb estuvo de acuerdo en bloquear temporalmente los esfuerzos del gobierno para ampliar las deportaciones exprés de inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos bajo el permiso humanitario o de beneficio público significativo para extranjeros. Cobb dijo que la "pregunta subyacente" del caso es si las personas que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de "defender su caso dentro de un sistema de reglas".
