Cobertura preventiva de Obamacare
La Corte Suprema rechazó un recurso contra una disposición de la Ley de Asistencia Asequible, conocida como Obamacare, que establece un panel que recomienda servicios y medicación preventiva que deben ser cubiertos sin costo por las aseguradoras, entre ellos chequeos anuales, estudios para detectar el cáncer o vacunas.
Se estima que sólo en 2020 unos 150 millones de estadounidenses se beneficiaron de esta disposición, según el Instituto O'Neill, del centro jurídico de la Universidad de Georgetown, en Washington, recogió The Guardian.
Esta disposición había sido impugnada por un grupo de empresarios cristianos, que se oponían por motivos religiosos a la cobertura de una medicación preventiva contra el VIH, conocida como PrEP (pre-exposure prophylaxis). Los demandantes afirmaban que se violaban sus derechos religiosos al hacerles "cómplices de facilitar el comportamiento homosexual, el consumo de drogas y la actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer".
Además argumentaron que el proceso era inconstitucional porque el panel de expertos médicos no había sido aprobado por el Senado.
Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, el tema ya no era el debate religioso, sino las designaciones dentro del panel, compuesto por 16 expertos independientes. El máximo tribunal determinó a su vez que los miembros de este grupo pueden ser destituidos a voluntad por el secretario de Salud y que éste puede revisar sus recomendaciones antes de que entren en vigor.
El gobierno de Trump, que ha sido un fuerte crítico del Obamacare, defendía sin embargo esta disposición.
Libros LGBTQ+ en escuelas públicas
Otro de los fallos este viernes del tribunal le dio la razón a un grupo de padres de Maryland y dictaminó que podrán retirar a sus hijos de las clases que utilizan libros de cuentos LGBTQ+ en escuelas públicas. La Corte Suprema determinó que las escuelas no podrán exigir a los niños de primaria que asistan a clases en las que se utilicen los libros si los padres expresan objeciones religiosas al material.
Los jueces apoyaron así por 6 votos contra 3 el reclamo de estos padres vinculado a un programa adoptado en 2022 por las escuelas públicas del Condado de Montgomery, en los suburbios de Washington. Los demandantes aseguraron que tenían derecho a proteger a sus hijos de contenido que contradice sus creencias religiosas al apoyar matrimonios homosexuales o los derechos de personas transgénero.
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Libros objetados por un grupo de padres en Maryland por su contenido LGBTQ+
AP
La introducción de los libros "junto con su decisión de no permitir la exclusión voluntaria, supone una carga inconstitucional para el derecho de los padres al libre ejercicio de su religión", escribió el juez Samuel Alito.
La juez Sonia Sotomayor, que votó en contra, escribió que la decisión provocará "caos en las escuelas públicas" del país. "Dada la gran diversidad de creencias religiosas en este país, las innumerables interacciones que se producen cada día en las escuelas públicas pueden exponer a los niños a mensajes que entren en conflicto con las creencias de los padres", añadió.
El dictamen se da en medio de un debate en varios estados sobre la prohibición de determinados libros en escuelas, como el que se dio en Florida.
Verificación de edad para portales porno
A su vez, la Corte Suprema convalidó una ley de Texas que exige que los sitios web pornográficos verifiquen la edad de sus usuarios, rechazando que esto viole la libertad de expresión e impulsando así los esfuerzos para proteger a los niños del acceso a este contenido.
Texas es uno de los aproximadamente 20 estados de EEUU que implementan controles para que los consumidores de pornografía sean mayores de 18 años, lo que, según los críticos, viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda.
Otros países como Francia, Reino Unido y Alemania también aplican restricciones de acceso a los sitios web para adultos basadas en la edad.
Por su parte, empresas como Meta presionan a los legisladores de Washington para que los gigantes de los teléfonos inteligentes implementen la verificación basada en la edad en sus tiendas de aplicaciones.
La ley de Texas fue aprobada en 2023 por la legislatura del estado, de mayoría republicana, pero fue bloqueada inicialmente tras una impugnación presentada por una asociación comercial de la industria del entretenimiento para adultos. Un tribunal federal de distrito falló a favor de la Coalición por la Libertad de Expresión, argumentando que la ley restringía el acceso de los adultos a contenido protegido por la Constitución.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones, dominado por los conservadores, confirmó el requisito de verificación de edad, lo que llevó a la organización a presentar su caso a la Corte Suprema.
Según la ley, las empresas que no verifiquen adecuadamente la edad de los usuarios se enfrentan a multas de hasta 10.000 dólares diarios y de hasta 250.000 dólares si un menor se expone a contenido pornográfico como resultado.
Subsidios para financiar internet en zonas rurales
La Corte Suprema rechazó además una demanda contra el Fondo de Servicio Universal, establecido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que añade un cargo a las facturas telefónicas para proporcionar miles de millones de dólares al año en servicios telefónicos e internet subsidiados en escuelas, bibliotecas y zonas rurales.
La FCC, que creó el fondo en 1996, recauda el dinero de los proveedores de telecomunicaciones, quienes trasladan el costo a sus clientes.
Un grupo de defensa conservador con sede en Virginia, Consumers' Research, había desafiado esta práctica con el argumento de que el fondo representa un tipo de impuesto y que sólo los funcionarios electos tienen el poder de imponerlos. Además, cuestionaba que la ley no estableciera cuánto dinero se puede recaudar a través de este programa.
