Elon Musk cedió ante las autoridades judiciales de Brasil en su disputa por la regulación de contenidos de su red social X, suspendida en el país desde el 31 de agosto. La plataforma afirma que cumplió todas las exigencias de la Corte Suprema y pide el desbloqueo en el país sudamericano.
El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.
La empresa presentó nuevos documentos solicitados por el magistrado, por lo que afirma ya haber cumplido con todas las exigencias de la justicia brasileña, dijo a la agencia AFP una fuente cercana al caso, que pidió el anonimato. Al asegurar que cumplió con lo ordenado, la red pide su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios.
X dijo estar "dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley" y que respeta "la soberanía de los países" donde opera, según un tuit publicado en la noche del jueves en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales. "Creemos que el acceso de la población brasileña a X es esencial para una democracia dinámica y continuaremos defendiendo la libertad de expresión por medio del debido proceso legal", añadió en un mensaje en inglés y portugués.
Las exigencias de la justicia brasileña
La empresa ya había nombrado en los últimos días a un representante legal en Brasil, una de las exigencias para volver a funcionar.
Pero en un documento legal conocido el sábado, Moraes consideró que la exigencia para restablecer el servicio "no fue debidamente cumplida" y le dio un plazo de cinco días para consignar nuevos documentos. También ordenó a X pagar una multa de al menos cinco millones de reales diarios (913.000 dólares) por haber violado la suspensión la semana pasada.
El miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo. Al día siguiente dejó de funcionar de nuevo, tras acatar una orden de la justicia. X argumentó que ese restablecimiento temporal fue la consecuencia "involuntaria" de un cambio de servidor, pero Moraes consideró que había una intencionalidad "maliciosa, ilícita y persistente de la plataforma X" de saltarse a la justicia.
Consultada, la representación de X en Brasil, la firma de abogados Pinheiro Neto, señaló que no haría comentarios sobre los nuevos documentos presentados.
Por su lado, el STF señala que mantiene el caso en secreto de sumario.
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El conflicto Moraes-Musk
Moraes y Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión y la regulación de contenido en las redes sociales.
Tras la suspensión de X, Musk tildó al magistrado de "dictador malvado" y lo acusó de intentar establecer un ambiente de censura "con fines políticos" y de un "ataque a la libertad de expresión".
"La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos", publicó en un mensaje en X. "El régimen opresor de Brasil tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que llevará a la bancarrota a cualquiera que lo intente", señaló el empresario, sobre la medida que tomó el juez de multar a los que quisieran saltar el bloqueo de la red social en Brasil.
Moraes, por su parte, sustentó su fallo en los "reiterados y conscientes" incumplimientos judiciales de X y "su intento de evitar someterse al sistema legal y judicial brasileño". Aseguró que la empresa pretende "crear un ambiente de total impunidad" en las redes sociales brasileñas y se ha tornado en objeto de "instrumentalización" de grupos de odio.
El juez había ordenado el bloqueo de cuentas por difundir mensajes antidemocráticos o discursos de odio. En abril, X admitió que los usuarios de varias cuentas bloqueadas habían logrado eludir las restricciones.
Moraes lleva adelante una cruzada contra la desinformación en las redes sociales y ha ordenado bloquear cuentas de figuras ultraconservadoras brasileñas, sobre todo desde los intentos de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro de desacreditar el sistema de votación electrónica durante las elecciones que ganó Luiz Inácio Lula da Silva. Esas acusaciones infundadas impulsaron a su vez el intento de golpe de Estado contra su gobierno, con el ataque contra las sedes de los tres poderes en Brasilia del 8 de enero de 2023, que recuerda al que se registró contra el Capitolio en Washington dos años antes.
