La ministra Lazo espera tener un informe completo de la Universidad de la República para realizar el acto administrativo
Archivo: Armada Nacional
Leonardo CarreñoEl Ministerio de Defensa prevé realizar una investigación administrativa ante la compra de patrullas oceánicas OPV una vez que el grupo de trabajo conformado por la ministra Sandra Lazo obtenga más información sobre estas adquisiciones.
Por este caso, ya hay cuatro jerarcas de la Armada Nacional con arresto a rigor por entre 15 y 30 días como consecuencia de su comportamiento.
Según había informado El Observador, la sanción más dura recayó sobre el excomandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien deberá cumplir 30 días de arresto a rigor en el Comando de Infantería de Marina en el Cerro. La medida responde a que, según las actuales autoridades, brindó información falsa al contestar sobre el segundo pago de 8,2 millones de euros al astillero español Cardama, encargado de la construcción de los buques.
La ministra de Defensa adelantó que además hicieron "consultas desde el punto de vista técnico a la Universidad de la República".
"Cuando tengamos eso, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con la investigación administrativa", dijo Lazo en rueda de prensa luego de una reunión con la bancada de senadores del Frente Amplio.
La ministra fue consultada sobre si se podría cancelar el proceso de compra de las patrullas, a lo que respondió que en este momento no podría asegurarlo. "Hoy por hoy está firme, pero vamos a ver cómo se sigue", agregó Lazo.
La secretaria de Estado también fue consultada sobre la razón por la cual todavía no fueron designados tres funcionarios que iban a acompañar la construcción de las patrullas en Europa. "Por ahora lo que tengo es un informe preliminar de la Universidad de la República, pero cuando tenga el informe completo desde el punto de vista técnico, seremos nosotros quienes decidimos quién tiene que hacer este seguimiento", respondió.
La ministra de Defensa también se refirió a los soldados uruguayos que sirven a las las Fuerzas de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Congo y que libran una guerra con el grupo rebelde M23.
"Uruguay está ejerciendo una presión importante a nivel diplomático, a nivel también de quienes están involucrados en esto desde el ámbito militar, por la necesidad que tenemos de que se lleve adelante este relevo", contó Lazo.
Este relevo, "estaba previsto ya para el mes de enero y trae aparejado determinadas condiciones humanas de quienes ya tendrían que estar en territorio", sentenció.
Hace dos semanas, el Ejército reportó la muerte del también uruguayo, cabo Julio César Álvarez Cáceres, debido a un paro cardíaco.
Tras la muerte de Cáceres, aproximadamente 20 soldados uruguayos que estaban en misión de paz en el Congo volvieron al país costeándose sus propios pasajes.
Tanto el Ejército Nacional como la ONU aprobaron el retorno, pero indicaron que debían pagar sus pasajes, que costaron alrededor de US$ 1.900.
Fuentes del Ejército indicaron a El Observador que los soldados que están de misión en el Congo tienen un contrato con la ONU. El organismo costea distintos tipos de repatriaciones, como sanitarias o compasivas, pero marca que si el efectivo quiere volver por su propia voluntad –sin que se englobe dentro de esas causales– debe pagar su pasaje.