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Por primera vez desde la nueva ley de Financiamiento de Partidos, votada sobre el filo de las pasadas elecciones, las distintas fuerzas políticas sometieron sus balances financieros a auditoría del Tribunal de Cuentas.

El organismo de contralor marcó “incumplimientos” puntuales a todos los partidos, más allá de aprobar casi todos “sin salvedades”.

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En el caso del Partido Colorado, no obstante, el TCR dejó constancia de su “abstención de opinión” a la hora de avalar los estados financieros entregados. “No hemos tenido a la vista los registros contables que resumen los estados financieros del partido”, expuso la auditoría, que luego fue ratificada por los ministros del tribunal y los de la Corte Electoral.

El TCR sentenció que “no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones contenidas en dichos estados, ni aplicar procedimientos alternativos que permitieran sustentar una opinión”.

Por otro lado, las auditorías señalaron sin excepción a todos los partidos –desde el Frente Amplio hasta todas las tiendas de la oposición– por incumplir el artículo 51 de la ley vigente, dado que “no cuentan con libros de contabilidad, y de donaciones y contribuciones autenticados por la Corte Electoral”.

Tribunal de Cuentas

Fuentes del TCR explicaron a El Observador que por ser la primera vez que se hizo de esta manera, y con plazos acotados hasta junio para remitir las auditorías a la Corte Electoral, fue complicado para los partidos cumplir a cabalidad los requisitos, en especial ante una tradición financiera que ya de por sí suele ser poco ordenada y, tal como advierten a menudo los expertos en la materia, con altas probabilidades de subdeclaraciones.

Ingresos del Frente Amplio en 2025

Uno de los principales puntos de interés en el balance del oficialismo radicaba en la transferencia de $17 millones de superávit de la campaña que el presidente Yamandú Orsi y su equipo declararon haber realizado el 28 de abril de 2025 al Frente Amplio.

Meses atrás, en una reunión con periodistas en la que participó El Observador, el mandatario consideró que en esa partida estaba incluido el valor de la Renault Stepway que había sido donada por Car One para su campaña y que fue parte del pago para adquirir su camioneta personal antes de asumir el gobierno.

En este sentido, el Frente Amplio declaró a la Corte Electoral ingresos por $223 millones a lo largo de 2025. El partido detalló que dicho monto se compuso por cuatro rubros distintos: $26 millones de financiamiento permanente del Estado, casi $99 millones por financiamiento público electoral, casi $98 millones por concepto de “otros ingresos” y $391 mil por venta de materiales.

El planillado no permite distinguir el origen de los aportes, aunque desde Finanzas del Frente Amplio aseguraron que la transferencia del comando de Orsi está incluida entre los ingresos. Desde el TCR indicaron en tanto que no hubo ningún reparo cuando la auditoría fue considerada por los ministros.

El balance tampoco permite distinguir la variación en los aportes de cargos políticos del oficialismo, más allá de que puede concluirse que crecieron, a partir del aumento de $32 millones que hubo entre 2024 y 2025 en el rubro “otros ingresos”.

El Frente volvió a cerrar el año con superávit, con un resultado de $25 millones al cierre del año pasado.

Déficit colorado y superávit blanco, aunque con multas de la IM

Más allá de la abstención del TCR por no acceder a los registros contables, el Partido Colorado reportó un déficit de $327 mil al cierre del año pasado.

De acuerdo a lo declarado a la Corte, casi la mitad de los $18 millones que los colorados percibieron como ingresos fueron por el aporte de sus diputados, senadores, cargos ejecutivos y afiliados.

El Partido Nacional, en tanto, reportó un superávit de $1,3 millones al cierre del año pasado. El resultado, sin embargo, es menos favorable que el del año pasado, al tiempo que los ingresos de una rendición a la otra bajaron de $56 millones en 2024 a $40 millones en 2025.

Uno de los puntos de interés en la declaración de los blancos fue la “previsión” de un monto de $26,5 millones a abonar como parte de un litigio que mantiene con la Intendencia de Montevideo por acumulación de multas por infracciones vinculadas a cartelería política en la vía pública. Por estos juicios ejecutivos tributarios, el Partido Nacional arrastra dos embargos formales inscritos —uno en 2021 y otro en 2023— que continúan vigentes.

Además del artículo 51 de la normativa, referido a los libros contables autenticados por la Corte Electoral, la auditoría del TCR también le marcó a ambos partidos de la oposición haber incumplido el Artículo 13 de la ley contra el Lavado de Activos por no realizar la designación de un "Oficial de Cumplimiento" requerido en la norma y referido a la debida diligencia del origen de los fondos recibidos.

La caída de Cabildo Abierto

Fuera del gobierno de coalición y tras su desplome electoral, Cabildo Abierto declaró una baja sensible de sus ingresos. Pasó de casi $48 millones al cierre del 2024 a registrar poco más de $5 millones a lo largo del año pasado.

Sin embargo, en un escenario en que también tuvo menores gastos que el anterior ejercicio, el partido cerró el 2025 con un superávit de $349.169, siempre según lo declarado a la Corte Electoral.

La masa de afiliados mostró un repliegue marcado entre 2024 y 2025: la recaudación por concepto de aportes pasó de $382.610 antes de culminar el anterior gobierno a $51 mil en 2025.

Aporte de legisladores de Identidad Soberana “supera el tope”

El partido que encabeza Gustavo Salle, fundado en 2022, pudo hacerse de dos bancas en la Cámara de Diputados tras conseguir casi 65 mil votos en la elección.

Con este auge de partido nuevo, Identidad Soberana cerró el 2025 con números positivos, reportando un superávit de $1,9 millones. Esto como resultado de haber registrado ingresos de casi $8 millones y haber gastado casi $6 millones.

Sus egresos también ilustran el crecimiento del nuevo partido: más gasto por concepto de sueldos, servicios contratados y más gastos por representación.

Uno de los puntos de interés marcados por la auditoría del Tribunal de Cuentas fue que la contribución mensual de los afiliados que ocupan cargos electivos y políticos al partido “supera el tope establecido” en la norma.

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