“Cuando el ticket o mesa tiene un valor superior a 4.000 UI, a mi modo de ver, podría ser interpretada como una donación y debería identificarse la nómina de contribuyentes, que no siempre coincide con la lista de asistentes al evento”, dijo a El Observador el abogado Juan Pablo Pío, autor de ‘Financiamiento de Partidos Políticos en Uruguay’ y asesor del proyecto de ley en la anterior legislatura.
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“Es evidente el móvil de la compra del ticket o participación. En ciertas oportunidades, se accede a él y ni siquiera se utiliza. Habría que preguntarse si la identificación de quien contribuye por esta vía implicaría detrimento o incremento de su interés y asistencia”, sostuvo Pío, quien a su vez es dirigente del Partido Socialista.
Para el politólogo Rafael Piñeyro, uno de los estudiosos del tema, no hay dos lecturas: “La compra de un ticket con ese precio tiene que ser nominativo”, con el detalle de quién pagó cada entrada. “Está por encima del límite, y que cada uno valga mil no quiere decir que cada uno me compró uno. Con más razón, tienen que aparecer los nombres”.
Donaciones anónimas
Las donaciones anónimas son marginales en los papeles respecto al total que recaudan partidos y sectores, e incluso la ley vigente establece que no puedan exceder al 10% de la estructura de ingresos de la campaña.
Pero en estas rendiciones por adelantado –que los partidos deberán completar al mes de transcurrida la elección– ninguno desglosó cómo fueron sus ingresos por cenas e incluso en varias declaraciones ni siquiera hacen mención a los eventos. Se trata además de instancias para las que casi todas las empresas de primera línea con vínculos con el Estado –incluso las que tienen contratos de obra pública, cuyas contribuciones los partidos tienen impedido por ley aceptar– compran tickets.
Consultado por El Observador, el ejecutivo de una compañía que aporta para todos los partidos justificó que, por un lado, puede interpretarse como un “financiamiento a la democracia” en un sistema que está lejos de ser el ideal; y por otro lado, contrarrestó con que suelen ser los políticos quienes los llaman en busca de recursos y no ellos quienes esperan abrir puertas por esta vía.
El politólogo Piñeyro explicó en tanto que los titulares de empresas que realizan obra pública sí pueden contribuir, dado que la ley vigente distingue entre la “persona jurídica” –su compañía– y la “persona física”.
En entrevista con El Observador semanas atrás, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi opinó que la recaudación por cenas sigue siendo “lo más transparente que hay”. “Fulanito se sentó ahí y puso tanto. Por lo menos hay un hecho material. Si eso es lo más transparente… cómo andaremos, ¿no?”, desarrolló el exintendente, quien se alinea a un postulado histórico de que “es el Estado el que tiene que bancar” pero reconociendo que no hay “viabilidad política” para aprobarlo.
Desde el MPP, por ejemplo, aseguraron para esta nota que la rendición de cuentas definitiva a ser presentada en noviembre va a incluir como donaciones nominativas –y no anónimas– a todos los aportes para estos eventos que financian campañas.
"Ves lo que quieren que veas"
Otro aspecto que ha generado debate es el contenido en el artículo 44 de la ley vigente: pese a que la norma impide aceptar donaciones de compañías contratadas para obra pública, los partidos sí pueden recibir aportes de empresas concesionarias de servicios públicos que no superen las 10 mil unidades indexadas (US$ 61 mil a valor actual), e incluso aceptar servicios o materiales “específicos de su giro” sin ser colaboraciones de dinero.
Por poner un ejemplo, Corporación Navíos SA –operadora del puerto de Nueva Palmira– puso $820 mil para la campaña de Álvaro Delgado y $800 mil para la de Orsi, según declararon el Partido Nacional y el Frente Amplio respectivamente.
El abogado Pío, que participó en la redacción del proyecto de ley presentado en la anterior legislatura, recordó que entonces propuso prohibir estos aportes de empresas que tienen concesiones de servicio, “para evitar cualquier tipo de duda”. La nueva ley mantuvo en este punto la redacción vigente desde el 2009.
Otra de las restricciones que quedó por el camino surgió a mediados de 2023 a impulso del diputado colorado Conrado Rodríguez. En un borrador trabajado junto a Iván Posada (Partido Independiente), que permitió entonces reactivar unas negociaciones que parecían haber naufragado, el ahora legislador electo por Vamos Uruguay había propuesto que no puedan financiar campañas las empresas que “reciban subsidios o subvenciones del Estado”.
“Al haber ahí una relación por la cual el Estado quita impuestos por determinada actividad, por ahí no era del todo conveniente que aportaran a los partidos”, expuso para esta nota, aunque reconoció: “También es cierto que la casuística es enorme, hay muchas actividades que están promovidas”.
Prueba de eso son por ejemplo las contribuciones de Abitab declaradas por las campañas al Senado del blanco Jorge Gandini ($714 mil) y el colorado Pedro Bordaberry ($1 millón), o los aportes de Zonamérica ($201 mil), Cash SA ($1 millón) y Cibeles ($120 mil) detallados por la lista 404 en Montevideo, Cristalpet SA para la campaña central de Delgado ($615 mil) o Saez Delbene ($800 mil), José Chediack SA ($800 mil) o Molinsur ($400 mil) –esta última es además una constructora con contratos de obra pública– para la candidatura de Orsi, todas ellas declaradas “actividad promovida” por la Comap.
La declaración de donaciones que violan la ley de financiamiento de partidos es algo que ya ha sucedido en otras campañas –tal como ha consignado No Toquen Nada– pero que tiene escasas consecuencias ante la imposibilidad de la Corte Electoral para hacer los controles.
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La Corte Electoral, pieza clave del proyecto y una renovación discutida.
Camilo dos Santos
“Ves lo que quieren que veas”, resumió el politólogo Piñeyro, quien ha investigado el tema. “En estos contextos declaran lo que quieren y lo que quieren que veas. Como no hay un control, no hay ningún tipo de amenaza respecto a subdeclarar”, añadió.
Subdeclaración
El experto además suma otra perspectiva: “Existe un componente de subdeclaración de gasto. Eso ocurre justamente porque no hay ningún tipo de monitoreo para corroborar si lo que vemos (en la calle o los medios) tiene algún tipo de relación con lo que está en los papeles. La subdeclaración de gastos tiene un punto central, que es subdeclarar ingresos. Uno subdeclara gastos porque no quiere declarar los ingresos que los financian. Por eso cuando hablamos de auditoría, es importante, pero mucho más importante es el monitoreo, que conozcas los valores de mercado de lo que se hace”.
Con la aprobación de la nueva ley, Piñeyro celebró especialmente la obligación a los principales canales de televisión de declarar ante la Corte y la Ursec una tarifa común que cobrará por publicidad a todos los partidos, en tanto sigue siendo uno de los principales gastos de campaña y despeja dudas por eventuales favorecimientos.
“Citando a Maurice Duverger, la democracia no está amenazada por el régimen de partidos sino por su financiamiento. La regulación del aporte privado –y su efectivo contralor– es una condición necesaria para que no terminen gobernando quienes no ganan elecciones. Al menos, en 2024 hemos dado pasos hacia la mayor transparencia, mejor contralor y más cooperación”, valoró en tanto el abogado Pío.
Otro punto es cuestión es que ningún candidato a presidente o lista declaró donaciones "en especie", contribuciones que no son estrictamente monetarias. El tema generó debate durante la negociación parlamentaria y el senador blanco Jorge Gandini fundamentó que "es muy complicado" exigir valuarlas, porque son "el fluir permanente de la política" –militantes que por ejemplo ponen pintura, camiones, amplificación– y que eso los iba a "poner en un berenjenal para líos".
Programas
El Frente Amplio mantiene en sus “prioridades” de gobierno su postulado de “regular donaciones anónimas y aportes de empresas privadas a los partidos políticos”.
Del otro lado, en su flamante programa único “Compromiso País”, la coalición de gobierno no hace mención al tema.
