Con esta redacción, cada partido –o fórmula presidencial en el balotaje– podrá transmitir tres mensajes durante el mes electoral: uno de cinco minutos al principio, uno de tres en el medio y otro de cinco al cierre de la campaña. Cada uno va a emitirse en distintos días y el orden estará definido por una lista de prelación según la cantidad de votos en los últimos comicios.
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El proyecto de ley de medios está a estudio del Parlamento desde hace más de un año
Leonardo Carreño
El herrerista Luis Alberto Heber, que condujo la comisión especial sobre el tema, señaló el martes que la ley aplica una realidad de hecho y brinda más minutos que los que en cada elección suele conceder gratuitamente la Asociación de Broadcasters (Andebu) a los partidos.
Otra novedad en este plano es que los propios canales "deberán fijar las mismas condiciones comerciales y precio" para tandas de publicidad para todos los partidos y sectores por igual, declarando cada monto ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la Corte Electoral y los propios partidos 15 días antes de cada campaña.
Según el doctor en Ciencia Política, Rafael Piñeyro, este es un "avance sustantivo", en tanto "sigue siendo uno de los gastos más importantes de todas las campañas", por lo que "cualquier descuento puede verse como una donación encubierta que supera ampliamente los límites de la ley para las donaciones".
Andebu ha estimado que cada minuto de tanda durante el prime time sale alrededor de mil dólares. Como informara Galleta de campaña, desde el 1 enero hasta el 9 de mayo ya se habían contratado 572 minutos, todos en plena veda de la ley vigente.
En una investigación con la Universidad Católica en 2014, el propio Piñeyro se había encontrado con la imposibilidad de acceder al precio cobrado por los canales, que se negaban a darlos por estar en competencia. Con la nueva redacción, el experto asegura que "va a funcionar más allá de la capacidad de control, porque básicamente los periodistas y la sociedad civil van a poder controlar si se cumple", al encontrarse las cifras publicadas.
El proyecto votado en el Senado obliga a los medios a presentar a la Corte Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección una declaración jurada con los minutos –gratuitos y pagos– brindados a los partidos, que a su vez deberán informar al organismo cuántos espacios contrataron.
La redacción establece que la Ursec "deberá controlar" cuestiones tales como que la publicidad emitida coincida efectivamente con los minutos declarados e incluso la comete a establecer sanciones, pero no establece recursos para hacerlo.
Según el proyecto, antes de los 75 días posteriores a la elección, la Corte Electoral, "deberá realizar un informe de auditoría completo" sobre el grado de "cumplimiento" de las nuevas medidas, para el que podrá consultar al Tribunal de Cuentas. Tampoco para eso hay presupuesto, salvo por un artículo que faculta al Poder Ejecutivo "a dotar a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas de los recursos necesarios".
Por el camino quedó la intención de frentistas y cabildantes de tomar varios minutos más –una hora por día para cada partido– en las tandas de horario central, luego de que los blancos acordaran con Manini la nueva fórmula durante un cuarto intermedio.
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Los canales 4 y TNU estrenarán ciclos este martes, y los otros tres de aire tienen pesos pesados
Los partidos tampoco accedieron al pedido de Andebu de derogar la veda actual, incumplida por precandidatos de todos los colores. El proyecto sí recoge que todos los spots emitidos previo a los 30 días anteriores a la campaña –que en los papeles se permiten solo si son para promocionar eventos– tendrán que explicitar esa información mínimo en el "90% del espacio de la pieza publicitaria", de modo de salvar las "trampas" actuales.
El precandidato blanco Jorge Gandini se preguntó en comisión "dónde está el límite del censor para decir si se pasó de la raya" y reconoció que "el que tiene muchos recursos va a hacer publicidad antes". "Se prohíbe absolutamente, o no nos compliquemos demasiado, porque es muy fina la subjetividad para definirlo".
Sus planteos fueron "de recibo", pero semanas después salió tal como estaba redactado por unanimidad.
Donaciones y aportes
El texto establece que todas las transacciones de dinero a los partidos que excedan las 21 mil unidades indexadas ($127 mil) deberán ser por pago electrónico, aparte de tener que depositar todo –como ya está previsto en la ley vigente– en cuentas bancarias.
Este monto triplica el que habían votado el año pasado los diputados.
Gandini sostuvo que era "muy complicado" obligar a abrir una cuenta "a cientos de compañeros que tienen muy pocos votos pero mucha voluntad de sacar su lista", como los convencionales en las internas. "Yo hace dos meses que estoy por abrir una. Me piden formar una empresa, BPS, DGI. Todos los que son titulares pasan a ser Personas Expuestas Políticamente (PEP). Tuve que dar marcha atrás, porque compañeros con comercio y en empresas me dijeron: 'PEP ni loco, no puedo trabajar más'. Tuve que cambiar las autoridades", contó.
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Foto: Leonardo Carreño.
A la normativa vigente se suman topes al dinero que cada candidato puede invertir en su propia campaña, una medida que ya buscaba imponer el Frente en 2017 y que tomó fuerza en todo el espectro luego de que el blanco Juan Sartori desembolsara esas elecciones bastante más que lo que hubiera estado permitido.
Ahora, los postulantes a la presidencia y vicepresidencia podrán poner hasta $7,2 millones de su bolsillo –hasta hoy no hay límite para ellos–; hasta $5,4 millones los aspirantes a legisladores nacionales o intendentes; máximo $2,7 millones los postulantes a ediles y hasta $2,1 millones cada candidato a municipio.
Las donaciones anónimas continuarán permitiéndose siempre y cuando sean menores a $24 mil, aunque ahora podrán representar hasta el 10% de la estructura de ingresos de los partidos (en lugar del 15% actual). "¿Por qué se baja el porcentaje? No entiendo", dijo el propio Heber en comisión, aunque igual se votó por unanimidad.
El académico Rafael Piñeyro dice al respecto que los partidos "no blanquean ingresos" a sus campañas a través de donaciones anónimas, sino que directamente "es más fácil" licuarlo en cifras como las de contribuciones del propio candidato, que hoy "no se controlan".
Un punto más que discutido en comisión fue el de las llamadas "donaciones en especie", aportes militantes que no son estrictamente monetarios. El proyecto obliga a registrarlas con su valor estimado, salvo que estén por debajo de los US$ 3 mil.
Gandini fundamentó que "es muy complicado" exigir valuarlas, porque son "el fluir permanente de la política" –militantes que ponen pintura, camiones, pasacalles, amigos que prestan la amplificación– y que eso los iba a "poner en un berenjenal para líos".
El socialista José Nunes respondió que era "contradictorio que uno no puede hacer contribuciones anónimas en metálico" por más de US$ 622, "pero sí en especie" por hasta US$ 3 mil.
El texto también obliga a precandidatos a "rendir cuentas de los fondos efectivamente recibidos" por cada voto en las internas antes de los tres meses posteriores, además de exigir que presenten declaración jurada de bienes e ingresos para ser publicada antes de las elecciones, lo que en comisión desató una larga discusión sobre cuánto habrían cobrado para esa altura.
Gandini apuntó entonces que más allá de que se buscaba que todos los precandidatos "hayan rendido cuentas" antes de la primera vuelta de octubre, si no lo hacen, "no pasa nada", salvo que sea pasible de inhibición o de multa. "No hay sanción política, moral ni de tipo alguno", reprochó a la redacción durante el tratamiento en comisión, a lo que el frenteamplista Eduardo Brenta respondió que en todo caso la sanción sería "moral".
El extitular de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, dijo al respecto en La Diaria que con la normativa vigente ya "los candidatos a presidentes y a intendentes" no presentan la documentación "y no pasa nada", porque "la multa está sin reglamentar desde 2019".
Otro cambio es que se aumenta el tope –hoy en 300 mil UI– a 350 mil UI ($2,1 millones) que cada empresa o contribuyente puede aportar por año a cada partido. Heber dijo en comisión que "en la experiencia práctica" es "totalmente irreal" y que "ningún partido tiene gente que sea donante por US$ 51 mil en tiempos que no son electorales", aunque podía mantenerse porque "lo que abunda, no daña".
Si bien el Frente pretendía en 2017 impedir por ley que las empresas aporten a los partidos, sus diputados cedieron en ese punto seis años más tarde para acordar con colorados y el Partido Independiente. Sí se mantienen limitaciones legales para compañías que son concesionarias del Estado.
Más dinero: concejales y listas de mujeres
El proyecto establece que los dos primeros dirigentes en listas nacionales y departamentales y los candidatos a municipios tendrán que rendir cuentas de ingresos, gastos y origen de fondos a la Corte Electoral. El texto faculta al Poder Ejecutivo a pagar 13 UI ($78) por cada voto a candidato municipal, de la misma forma que ya se financia las campañas a intendencias y gobierno.
El texto también habilita al Ejecutivo a casi triplicar lo que paga por cada voto en las departamentales, pudiendo llegar a 35 UI ($211) por voto. Heber estimó grosso modo que esos comicios pasarían en ese caso a salir unos US$ 12 millones para el Estado, y que a su entender la cifra actual (debajo de US$ 5 millones) es "totalmente insuficiente" para financiar carreras a intendente.
Salvo Cabildo, todos los partidos acordaron facultar al Ejecutivo a que pueda incrementar hasta en un 20% las partidas para listas encabezadas por mujeres y un 10% para quienes salgan electas.
También se prohíbe a organismos estatales que pauten en medios durante el período electoral.
