Había distintas soluciones frente a un mismo problema y nosotros creíamos que la forma de encastrar esta obra, junto con las otras que son necesarias, era a la que terminamos arribando (una planta en Aguas Corrientes, poner a punto la actual, mejoras en la cuarta y quinta línea de bombeo, una reserva en Solís Chico y una pequeña planta en ese lugar).
Ninguno de los estudios realizados desde la década del '70 ponía como solución óptima en términos de costo-eficiencia ni como prioridad tomar agua del Río de la Plata. Estudios del 2000, 2013 y 2017 todos indicaban que la mejor solución era poner una planta en una zona no inundable cercana a Aguas Corrientes en la cuenca de Santa Lucía. Volvimos al plan estratégico de OSE, entendiendo que la obra más urgente en este momento era represar agua dulce en la cuenca de Santa Lucía, pero también avanzar con la construcción de la planta.
¿Cómo tomaron las críticas de la oposición?
Es parte de la discusión política, que no me corresponde ingresar, pero tomamos esta decisión basada en fundamentos técnicos. El gobierno anterior, con muy buen tino luego de la sequía del 2023 hizo un trabajo financiado por el BID para generar un protocolo. Allí hay un estudio de cómo hubieran performado Arazatí o Casupá a un evento de sequía similar al del 2023 o un 10% peor. Y la conclusión es que Arazatí no hubiera sido suficiente y si hubiera sido mejor tener Casupá.
¿Qué asuntos querían cambiar sí o sí?
La operación de privados, queríamos que estuviera todo en manos de OSE para evitar problemas con la Constitución; había elementos de salinidad, temas de costos. Había que arreglarle US$ 60 o US$ 70 millones entre expropiaciones para la construcción del pólder, una planta de energía y como estaba diseñada la obra con las cañerías que estaban previstas no se iban a poder volcar los 200.000 metros cúbicos que se iban a producir diariamente.
El conjunto de obras que mencioné llevaban a que la inversión total estuviera en el entorno de los US$ 360-370 millones, lo cual era un monto importante.
¿Cuál es la justificación de concentrar toda la producción del agua potable de la zona metropolitana en el Santa Lucía?
Lo primero es que la cuenca es superavitaria.
¿En cuánto?
Los aportes medios del río Santa Lucía, a la altura de la presa de Aguas Corrientes (en Paso de las Piedras) cuando tomás 33 años hidrológicos, da que el agua que pasa por ese punto –en promedio– son 4.266 hectómetros cúbicos anuales. La demanda media estimada para el año 2035 es de 244 hectómetros cúbicos anuales. Pasa casi 18 veces más del agua que precisas.
Este promedio no se cumple en un evento de sequía, por eso lo importante es tener una reserva mayor de agua dulce para esos momentos. La represa de Casupá tendría una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, que es casi el doble que los 67 millones de metros cúbicos que tenés en Paso Severino. Todos los estudios nos indican que las dos reservas, una vez estén operativas, permitirán tener la capacidad suficiente para superar un evento como el del 2023.
20250721 Entrevista a Pablo Ferreri, presidente de Ose.
Foto: Inés Guimaraens
¿Se valoró como un riesgo que se estuviera concentrando toda la producción en una sola fuente?
Sí, pero lo prioritario ahora era reservar agua dulce y mejorar a través de la represa de Casupá la cantidad, pero también al regular el flujo, mejora la calidad del agua. En un futuro se puede avanzar en hacer una conexión directa de esta nueva planta a Paso Severino para diversificar las fuentes. En la misma cuenca podés tener distintas fuentes. No es la obra más prioritaria, pero en un cronograma más largo es algo que puede obviamente estudiarse y hacerse.
El hecho de concentrar en una sola fuente es una debilidad. Así como Arazatí tenía las suyas, eso era una fortaleza.
Sí, pero también tenía sus problemas porque uno puede decir ‘es una fuente infinita’ cuando eso lo determina la capacidad de producción de la planta, que son 200 mil m3.
El riesgo es sobre un eventual colapso de Aguas Corrientes. Recuerdo, por ejemplo, la inundación que hubo en 2024 en la que parte de la planta quedó sumergida.
El tercer pilar de lo que vamos a hacer en este periodo de gobierno es mejorar la condición de Aguas Corrientes. Ya estábamos trabajando en una mejora de toda la parte eléctrica, que es la que se puede ver afectada.
¿Eso se va a corregir?
Exacto.
¿Y la planta que se va a construir va a estar en un lugar en el que una inundación como aquella no la afecte?
Estamos trabajando para que sea en un punto no inundable. Se firmó la extensión de la suspensión del contrato hasta el 31 de agosto para aterrizar todos los detalles de ingeniería, jurídicos y económicos. Tiene que ser un punto más elevado que permita sobrellevar de mejor manera eso, junto con la mejora de los aspectos vinculados a Aguas Corrientes.
¿Cuál es el estado de situación de la calidad del Santa Lucía en el punto donde se va a tomar el agua?
Los informes que tenemos es que la calidad es buena, pero sobre todo con la regulación del flujo que va a permitir Casupá, sería una contribución. Hay que trabajar también en un mejor plan, y en eso estamos con el Ministerio de Ambiente. Hay un plan de acción que se elaboró a partir de los problemas de sabor y olor en el 2013 que derivó en tratamientos adicionales (como los tanques de carbón activado en polvo, que elimina esos problemas). Creemos que es un aspecto que puede estar bajo control.
Más que la sequía, esos eventos de 2013 parecen ser los antecedentes de riesgo a tener en cuenta.
Creemos que con este conjunto de obras podemos estar mejor. La protección de los recursos hídricos está claro que debe ser una política de Estado.
En Aguas Corrientes también está el viejo problema de los lodos con una condena al Estado uruguayo incluida. ¿Cómo lo van a afrontar?
Arazatí tenía previsto dentro del contrato el manejo de lodos de esta nueva planta y eso va a estar en la que se construya. Luego habrá que encarar, porque también es una obra muy significativa, el tratamiento de los lodos de la planta actual.
En la conferencia dijeron que se bajaba un tercio el costo de las obras (de US$ 300 millones a US$ 200 millones). Eso es el costo para los privados de la construcción de la infraestructura. ¿Cuánto va a ser el costo para el Estado uruguayo mediante pagos por disponibilidad (PPD)?
Eso va a cambiar y son las cosas que tenemos que afinar de aquí al 31 de agosto. La obra tenía componentes de operación que no van a estar y el volumen de dinero es menor, pero no es lineal porque hay un montón de costos indirectos o fijos que se reparten de manera distinta. Se va a estar afinando en un grupo económico de aquí al 31 de agosto.
¿La estimación puede ser de US$ 600 millones?
No lo sé, no me gusta hablar de números en el aire.
Conferencia proyecto Neptuno Sánchez, Ruibal, Ortuño y Ferreri
El empresario Alejandro Ruibal, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno
Foto: Leonardo Carreño
¿La reactualización de costos les da que Casupá vale US$ 130 millones?
En 2019 eran US$ 80 millones de construcción y US$ 20 millones de expropiaciones. Trabajamos en una actualización a través de una consultoría con CAF, que es quien va a dar el préstamo para hacer esta obra, y el monto finalmente es de US$ 110 millones de construcción + US$ 20 millones de expropiaciones.
¿El proyecto ejecutivo de la represa es el mismo que dejó Vázquez pronto?
Sí. Como país debemos hacer una autocrítica. Debimos haber avanzado más rápido con este proyecto en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y debió haberse construido en el período pasado.
¿Está de acuerdo con que el sistema político se debe un meaculpa en que se dejó estar en los problemas del agua potable en la zona metropolitana?
En líneas generales OSE no fue un organismo prioritario porque el tema del agua, dado que siempre tuvimos abundancia en cantidad y una muy buena calidad, estaba dado como algo que venía de suyo, que nunca iba a tener problemas.
La sequía del 2023 fue muy mala, pero tiene algo positivo y es que puso en el centro de atención y del debate público el tema del agua potable en Uruguay. De lo malo hay que sacar lo positivo y es que le dio una centralidad y lo resignificó. Es bueno que estemos discutiendo estas cosas y analizando alternativas.
¿Tienen que talarse 400 hectáreas de monte nativo para construir Casupá?
La aprobación ambiental que está trabajando el Ministerio de Ambiente llegará a las conclusiones que tenga que llegar. Seguramente eso es parte del trabajo que ellos harán.
¿Creen que las obras estarán terminadas para el final del período?
Esperamos que sí. En Casupá, esta semana lanzaremos la precalificación de empresas. Esperamos tener el pliego pronto para inicios del '26, hacer una licitación pública y adjudicar durante el año que viene para comenzar las obras sobre inicios del '27. Es una obra de unos 30-36 meses.
¿O sea que para el 2031 la zona metropolitana puede tener garantizado el abastecimiento por los próximos 20 años?
Que es donde vive el 60% de la población. Es lo más importante más allá del fogoneo político. No es nada menor y por eso me reconfortó mucho haber recibido mensajes de celebración y felicitaciones del exgerente general de OSE, Arturo Castagnino, porque comparte esta preocupación. Lo menciono porque le pedí expresa autorización para comentarlo.
El proyecto Arazatí incluía también el servicio de ruta a San José, donde hay un problema de arsénico. ¿Eso cómo se va a afrontar?
No está en este proyecto, pero irá por canales separados en los planes de inversiones generales de OSE. Ya se está trabajando a través de préstamos del BID para los tratamientos de arsénico.
¿En qué está la negociación del proyecto de saneamiento? Al asumir mencionó que había US$ 100 millones sin financiamiento.
Estamos negociando con las empresas. Es un contrato de US$ 430 millones y tiene financiamiento solo por US$ 330 millones, lo cual marca un problema importante. El segundo problema es que no tiene considerada ninguna parte de la inversión para las conexiones intradomiciliarias lo cual no está bien porque de nada sirve hacer todas las redes y que después la gente no se conecte. El tercer aspecto es que este contrato preveía la ejecución en tres años, lo cual da una inversión de aproximadamente US$ 150 millones anuales; el promedio de inversión anual de OSE en saneamiento es de US$ 32 millones, ese ritmo excedía la capacidad de gestión.
Todos estos aspectos hacen que estemos en una mesa conversando con el consorcio adjudicatario para poder converger a algo que nos sirva a todos, manteniendo y teniendo ese objetivo central que es avanzar en el saneamiento en el interior del país, que creo que es compartido por todos.
¿Puede achicarse o estirarse los plazos?
Lo veremos.
Al asumir también habló sobre lo complicada que estaba la caja de la empresa. ¿Mejoró?
Sigue compleja, muy complicada. No se trata de un gobierno u otro, OSE tiene un problema estructural. En los últimos 20 años se duplicaron las redes de agua potable y saneamiento, los costos de operación y mantenimiento crecieron de manera importante, pero cuando uno mira los ingresos están básicamente planchados hace tiempo.
Este año el déficit es de unos US$ 70 millones, el año pasado (el balance fiscal) dio pérdida. OSE cuenta con algunos certificados de crédito y la necesidad financiera de caja son US$ 55 millones.
¿Les dieron refuerzo presupuestal para este año?
Hicimos un primer pedido de unos US$ 20 millones que nos fue aprobado para endeudarnos. Estamos trabajando esa línea con el Banco República, mientras trabajamos en una solución de fondo con MEF y OPP.
