El gobierno de Yamandú Orsi celebró este viernes haber cumplido uno de sus compromisos: evitar la construcción de la planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José) mediante un cambio en el contrato que supondrá la realización de una planta en Aguas Corrientes y otra en Solís Chico donde también habrá una reserva de agua dulce.
El anuncio fue realizado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri. La mesa la completó el empresario Alejandro Ruibal en representación de Saceem, Berkes y Ciemsa, las tres empresas uruguayas que forman parte del consorcio que había presentado la iniciativa privada y ganado la licitación.
Sánchez y Ruibal, los únicos que hablaron, celebraron la modificación realizada de “mutuo acuerdo” y dijeron que las adendas serán elevadas al Tribunal de Cuentas una vez que estén finalizadas (antes del 31 de agosto).
El secretario de la Presidencia aseguró que las obras permitirían garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana hacia 2045, el objetivo del gobierno. La previsión para esa fecha es que el consumo esté en 835 mil m3 por día (actualmente el sistema puede producir hasta 700 mil m3).
El jerarca señaló que la modificación suponía una disminución de un tercio en el costo, dado que la nueva infraestructura cuesta unos US$ 200 millones (los números no están cerrados aún). El Estado hará pagos por disponibilidad y mantenimiento una vez que esté construida y funcionando.
En el Ejecutivo piensan utilizar el dinero “ahorrado” para la construcción del embalse en Casupá, algo que se hará por fuera del contrato pero que permitirá darle mayor robustez al sistema (supondrá ganar reservas por 120 millones de m3).
El secretario de la Presidencia anunció un cambio en la operación de la toma de agua bruta, que pasará a estar a cargo de OSE (en Arazatí eran los privados), algo que permite despejar las dudas sobre posibles incumplimientos del artículo 47 de la Constitución denunciados. Este artículo dice que "el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".
En el arroyo Solís Chico se construirá una reserva de agua bruta de 6 millones de m3 y una planta con capacidad de potabilizar hasta 24 mil m3 por día que estará destinada a asegurar el abastecimiento en la Costa de Oro desde el arroyo Pando hasta Jaureguiberry.
¿Distinta fuente?
El cambio central en el proyecto será que la toma y la planta estarán en Aguas Corrientes, al lado de la que tiene OSE actualmente, y no en Arazatí sobre el Río de la Plata. Ante una consulta en la conferencia, tras bromear con que no le habían puesto nombre, adelantó que le llamarán “esperanza”. Esperan que las obras comiencen al año que viene.
Sánchez anunció que producirá 200 mil m3 por día (lo mismo que la de Arazatí) que se inyectarán al sistema que está funcionando. Dijo que los estudios que tenían a disposición mostraban que el río Santa Lucía era superavitario, lo que significa que tiene caudal suficiente para aportar esa cantidad.
Si bien el jerarca señaló que los 200 mil m3 se aportarán desde una “distinta fuente” a la que hay hoy (el río Santa Lucía en el Paso de las Piedras), eso es incorrecto ya que la toma estará en el mismo lugar que la ya instalada.
Desde el gobierno reconocieron a El Observador que con las obras que se harán en el Santa Lucía habrá potencialmente dos fuentes alternativas (Casupá y Paso Severino) aunque para eso será necesario conectar alguno de esos embalses con la nueva planta, algo que deberá hacerse a futuro.
Al justificar la decisión del traslado desde la “fuente inagotable” del Río de la Plata -como la llamó- a la “superavitaria” Santa Lucía, Sánchez aseguró que había razones ambientales, técnicas y económicas. Habló de que los gobiernos debían “encontrar el óptimo” y, para ellos, esto se lograba “ubicando este conjunto de obras en el Santa Lucía e incorporando Casupá, que le va a dar fortaleza y robustez” al sistema metropolitano.
Si bien tenía la autorización ambiental previa, la planta de Arazatí recibió desde el primer momento cuestionamientos ambientales, técnicos y sociales por afectar al balneario, episodios de salinidad, floraciones de cianobacterias y estar inserta en campos de alta calidad.
Debates políticos y ambientales
La decisión de dejar por el camino Arazatí generará debates políticos ya que el proyecto fue uno de los principales hitos de la administración de Luis Lacalle Pou.
El gobierno pasado argumentaba como principal virtud de la obra que tenía una “fuente infinita” e independiente al Santa Lucía, algo que fue retomado este sábado por el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al mencionar que podría haber sido útil en la sequía del año 2023. Sin conocerse los detalles, Ortuño ya fue convocado al Parlamento por el diputado colorado Walter Cervini. Irá el 4 de agosto.
Pero el cambio también generará discusiones ambientales por la dependencia de una cuenca cuyo estado no es óptimo y reportó problemas en la década pasada.
De hecho, en octubre del año pasado, Ambiente presentó los resultados del último monitoreo del río Santa Lucía, el cual señala que en términos generales todos los cursos de la cuenca mostraron mejores niveles de cumplimiento de la normativa en la cuenca alta, con un gradual deterioro en el tramo medio y hacia la desembocadura.
El informe da cuenta de incumplimientos a la calidad exigida principalmente en dos parámetros. “El Fósforo total (PT) y nitrogenados son los parámetros que presentan mayor irregularidad en la cuenca”, dice y plantea que estos comportamientos están asociados al “aporte de nutrientes de origen difuso desde la cuenca hidrográfica, que se va incrementando por importantes aportes desde fuentes puntuales establecidas en las subcuencas del sistema”.
La vulnerabilidad a la dependencia de una única fuente (ese punto del Santa Lucía) fue mencionada por Mekorot en un informe contratado por la administración pasada, pero también por el BID en una consultoría en 2020. La nota técnica decía que el río está expuesto a eutrofización y contaminación agrícola, y planteaba que la diversificación de fuentes era clave ante la crisis climática y la presión agrícola.
Tras conocerse la noticia del cambio de ubicación, desde la Asociación de Limnología del Uruguay señalaron que era prioritario “proteger las cuencas relacionadas con el uso del agua potable” como la del Santa Lucía.
El planteo forma parte de la agenda del gobierno, ya que el ministro de Ambiente dijo en una entrevista con La Diaria que el objetivo es que “Casupá nazca con un área protegida asociada”. Uno de los temas a determinar será cómo evitar o compensar la tala de 400 hectáreas de monte nativo prevista para construir el embalse.
En el Poder Ejecutivo también apuestan a reforzar los controles y el monitoreo de la calidad de las aguas, al tiempo que señalan que el conjunto de soluciones (las nuevas plantas y la represa de Casupá) dan robustez al abastecimiento de cara al 2045. Para esa fecha, los cálculos indican que el consumo de agua potable en el área llegará a 835 mil metros cúbicos diarios, por lo que era imprescindible aumentar la capacidad de producción.
