La bancada de diputados del Frente Amplio presentó a inicios de este mes un nuevo proyecto de ley denominado “Protección de deudores de bajos recursos” que busca regular las tasas de interés de los créditos y establecer mecanismos de conciliación para el pago de deudas. Se trata de retomar un tema que fue trabajado la legislatura pasada, particularmente por Cabildo Abierto que intentó sin éxito llevar el tema a un plebiscito, y en el que casi todos los partidos han presentado iniciativas en los últimos diez años.
Incluso, en el período pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto sobre el tema impulsado por el exdiputado Daniel Peña (Partido de la Gente) pero el equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche lo frenó antes de que fuera aprobado por el Senado.
Más de un millón de uruguayos está en el clearing y casi un tercio (290 mil) tienen la peor calificación crediticia (deudor irrecuperable), según datos presentados por el Frente Amplio, por lo que se trata de un tema sensible que una y otra vez aparece en la discusión política pero sin cambios concretos.
“Este proyecto no es aislado y sigue la línea de otras iniciativas parlamentarias que han presentado otros actores políticos. Recordemos, por ejemplo, la iniciativa de reforma constitucional promovida por Cabildo Abierto, que también iba en la línea de atender este problema. Además, en la legislatura anterior el diputado (Álvaro) Perrone presentó alguna iniciativa parlamentaria en este sentido”, dijo en la comisión de Hacienda el diputado oficialista Joaquín Garlo al introducir el proyecto.
La presentación de esta iniciativa, adelantada por La Diaria, generó además “dudas” en el Partido Nacional sobre un posible acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto vinculado a la votación por la Rendición de Cuentas en la que los liderados por Guido Manini Ríos le dieron los votos que le faltaban al oficialismo.
“Yo quisiera saber si con relación a esto a esta altura de las circunstancias, por algunas coincidencias que he advertido en cuanto a los antecedentes, hay algún tipo de entendimiento o de acuerdo ya concertado con el diputado Perrone y con la diputada Pérez Bonavita”, dijo el diputado blanco Pablo Abdala en la comisión de Hacienda según consta la versión taquigráfica.
El legislador señaló que el proyecto ingresó a cámara el mismo día que la Rendición de Cuentas e hizo mención a que la presidenta de la comisión, Julieta Sierra, le presentó el proyecto a Perrone y lo informó en redes sociales. La consulta de Abdala era, según dijo, para saber si había un acuerdo ya alcanzado o si se trataba de una oportunidad para discutir de cero y hacer aportes al proyecto.
Desde el Frente Amplio tanto Sierra como la diputada Cecilia Cairo descartaron de plano las “suspicacias” generadas por Abdala y aseguraron que no había ningún acuerdo. Sierra dijo, además, que le presentó el proyecto a Perrone –y no a los otros partidos– porque Cabildo trabajó el tema y el legislador no integra la comisión de Hacienda.
El proyecto
Antes de presentar el texto detallado del proyecto, el diputado Garlo presentó algunos datos elaborados por el Banco Central para plantear el escenario de partida: el 77% de los trabajadores que hoy en día son deudores ganan menos de $ 50 mil mientras que siete de cada diez jubilados que están en situación de morosidad cobran menos de $ 30 mil. “Este es el pantallazo de la realidad que, claramente, le prende alarmas a todo el sistema político”, apuntó.
A grandes rasgos la iniciativa contiene cuatro capítulos y en el primero lo que hace es reformar la ley 18.212 que determina las tasas de interés, todo lo relativo a la usura y la regulación de las operaciones de crédito.
El proyecto propone reducir los topes de interés y plantea que se considerarán intereses usurarios cuando la tasa implícita “superare en un porcentaje mayor al 35% las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación”. Hoy se permite hasta un 55% más que esas tasas medias. En caso de mora los recargos no podrán superar el 60 % (hoy es de 80%).
Además, en el caso de los microcréditos, establece que la generación de intereses moratorios caducan a los 24 meses. “Esto es para evitar que la deuda crezca de forma indeterminada, que es otro de los problemas centrales que se registran hoy: ese acrecentamiento sistemático de la deuda por la indefinición de la determinación de los intereses”, apuntó Garlo.
El segundo capítulo establece un proceso de conciliación previa a la instancia judicial para intentar reestructurar la deuda. Este pasaje buscar jerarquizar el Área de Defensa del Consumidor –que pasará a ser una Unidad– que tendrá un “rol muy importante” en la conciliación administrativa. La idea es que las partes estén obligadas a, previo a iniciar un proceso judicial, pasar por este mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Si no hay acuerdo administrativo y tampoco a nivel judicial, se podrá establecer una reestructuración judicial forzosa que será autorizada por un juez.
En el capítulo tres, en tanto, el proyecto aborda una “serie de prácticas” que pueden ser consideradas “abusivas” por parte de las empresas dadoras de créditos como son la “violación de la intimidad, el uso de información errónea o engañosa para cobrar cifras que no correspondan o para mantener vigente una deuda que, de haberse ejecutado judicialmente, hubiera podido ser declarada como prescripta o hubiera caducado”.
“Y ahora me voy a detener en los siguientes detalles: el uso de amenazas, intimidación, maltrato u ofensas, el envío de documentos que aparenten ser emanados de una autoridad administrativa o judicial, y las llamadas constantes y a horarios inapropiados. La realización de estas prácticas dará lugar a sanciones administrativas”, apuntó Garlo.
El diputado aseguró que la mayoría de las financieras tercerizan la gestión del cobro de adeudos y esas empresas, que mayoritariamente son estudios jurídicos según el diputado, realizan “prácticas de intimidación, de persecución con hostigamiento, llamadas a cualquier hora del día”.
El proyecto prohíbe directamente, en su artículo 33, “las llamadas constantes y a horarios inapropiados” además de otras prácticas como el uso de amenazas, intimidación, maltrato u ofensas así como también el “envío de documentos que aparenten ser emanados de una autoridad administración o judicial”. Las sanciones van desde el apercibimiento hasta multas mínimas de 10 mil unidades indexadas ($ 63 mil).
Garlo aseguró que todas esas prácticas buscan generar “un amedrentamiento” y que muchas veces se busca engañar a la gente con condiciones que no le son ventajosas. “Son prácticas que van en detrimento de personas que, como decíamos al principio, pertenecen a segmentos de nuestra sociedad con bajos recursos económicos, con complejas situaciones socioeconómicas y culturales”, aseguró. El último capítulo establece disposiciones formales.
Las dudas de Cabildo
Si bien Cabildo Abierto está dispuesto a estudiar el proyecto y celebra que el oficialismo haya presentado una inciativa en este sentido, en la primera lectura que hacen del proyecto cuestionan que el Estado queda por fuera. Ese tema para Cabildo Abierto es importante porque el Estado “aplica tasas de usura”, según declaró Perrone a La Diaria.
La iniciativa cabildante, con la que intentó reformar la Constitución, contemplaba las deudas con el Estado.
