¿Qué incluirá un Ministerio de Justicia si el gobierno decidiera crearlo en la ley de Presupuesto? ¿Hasta dónde invadirá ámbitos que son competencia del Poder Judicial o de la Fiscalía General de la Nación? ¿Es realmente necesario crear un nuevo ministerio? ¿qué costos presupuestales implicará?
Esas son algunas de las preguntas que surgen entorno a esa propuesta del gobierno de Yamandú Orsi -incluida en los ejes prioritarios y 63 compromisos presentados en abril- que pese a haber tenido un amplio consenso en la última campaña electoral entre los candidatos a la Presidencia de todos los partidos, en las últimas semanas levantó resistencia en algunos legisladores opositores que plantearon que no es el momento de crearlo y que es un ministerio que estaba hecho para Jorge Díaz, a quien acusaron de "no dar garantías de respetar la independencia del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia".
Por su parte, el presidente Orsi dijo en entrevista con El Observador, al cumplirse los primeros cien días de gobierno, que no llegarían a incluirlo en el próximo presupuesto. “No vamos a llegar al presupuesto. Yo creo que no llegamos. Capaz que mandamos una idea. Por lo que recibí de los demás partidos que les gustaría conversarlo un poco”, afirmó.
El mandatario afirmó que “si hay que hacerlo más gradual" está dispuesto: "Si se pudiera hacer de una y presentar la ley, lo que pasa que también hay que ser realista, capaz que llegas a la mayoría. Ahora sería bueno un consenso y ya que los partidos dijeron que quieren, sería una torpeza presentar un proyecto que no te lo lleven. El tema es ver cuál es el camino, porque ahí está en juego también el tema de la fiscalía y los acuerdos”.
Este miércoles el presidente Orsi abrirá en Presidencia el seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay en el que se espera que pase un mensaje al sistema político. Luego del mandatario expondrán exministros de Justicia de España, Colombia y Argentina, así como otros actores internacionales y el abogado uruguayo Santiago Pereira Campos, experto en reformas procesales.
Este martes, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), coorganizador del evento, realizó un conversatorio con periodistas y analistas con los expertos internacionales, en el que también participó el prosecretario de la Presidencia Díaz junto al equipo de asesores legales y técnicos que trabaja con él en Presidencia y representantes de Ciencia Política de la Udelar, en el que se refirieron al contenido que se pretende darle al Ministerio de Justicia y compartieron la experiencia internacional.
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El asesor en comunicación de la Prosecretaría de la Presidencia Gabriel Márquez tuvo a su cargo una presentación inicial en la que expuso sobre los problemas que el Ministerio de Justicia "viene a resolver". Entre ellos mencionó que se propone "democratizar el acceso a la justicia", "gestionar las cárceles con un nuevo enfoque como servicio descentralizado", pretende "ser rector de políticas públicas", al tiempo que también pretende "unificar la abogacía del Estado", tanto por el lado de la defensa pública a los justiciables como desde el punto de vista del Estado litigante, en demandas de alta complejidad locales como en arbitrajes internacionales, una tarea que la viene encabezando la Prosecretaría de la Presidencia.
Al respecto Díaz dijo que el tema de "los grandes juicios contra el Estado" lo "tiene sin dormir", y puso el ejemplo del juicio de Conaprole contra el Ministerio de Ganadería por US$ 80 millones. Desde su visión es un "problema" que el Estado no tenga una infraestructura de defensa, o que no pueda contratar abogados particulares. "Si no tenés un equipo fuerte, el grupo de abogados termina estando bajo la órbita de Presidencia y allí no hay control parlamentario", explicó sobre uno de los roles del nuevo ministerio que pasarío por el Parlamento.
Señaló que el nuevo ministerio tendría también a su cargo la comparecencia del Estado ante las cortes internacionales frente a juicios que se entablen a Uruguay.
También se insistió en que el ministerio no tendrá injerencia en la actividad jurisdiccional que llevan adelante el Poder Judicial y la Fiscalía, a través de sus jueces y fiscales que juzgan e investigan para acusar, respectivamente. Tampoco designará jueces ni los sancionará. El prosecretario de la Presidencia aclaró que no intervendrá en ninguna de las funciones que la Constitución le asigna a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto el exministro de Justicia argentino Germán Garavano apuntó a que en materia de garantizar el acceso a la justicia se puede hacer mucho antes de que las personas lleguen a judicializar un asunto y se refirio a los centros de mediación, a resolución de conflictos u otro tipo de alternativas a la justicia.
Liderar las políticas públicas y ofrecer una mirada global del sistema judicial
En su presentación Márquez había señalado que desde el Poder Ejecutivo entienden que "falta un organismo que lidere las políticas públicas que impactan en el conjunto del sistema de justicia y en los derechos humanos".
Díaz indicó que las políticas públicas no las puede definir la Suprema Corte de Justicia, "las puede definir el Poder Ejecutivo y el Parlamento", por eso sí sería una tarea que entiende le cabe al nuevo ministerio.
La colombiana consultora en derecho penal Analinda Solano señaló que si no existe un organismo que asuma la conducción de las políticas púbicas éstas terminan siendo reactivas. "La justicia requiere de estrategias coherentes sino los mensajes que se transmiten son variados", explicó.
Por su parte, la exministra de Justicia española Pilar Llop, se refirió a que en materia de políticas públicas se requiere "que alguien tome decisiones en materia de política criminal".
Pereira Campos señaló que "no existe un órgano en Uruguay que este dando una mirada global" al sistema de justicia y se refirió a las audiencias de conciliación entre trabajadores y empresarios que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, a los reclamos de los consumidores en el Ministerio de Economía, entre otros ejemplos que están desperdigados por organismos del Estado.
"Nos falta un gran articulador que defina políticas públicas de justicia con visión integral para que todo funcione adecuadamente", dijo el profesor.
Agregó que incluso pensando desde el lado del Poder Judicial sería útil para ese poder del Estado "tener un interlocutor técnico que esté preocupado por los temas de Justicia", que puede conseguir presupuesto para las reformas necesarias y que pudiera impulsar avances tecnológicos en los que la justicia está muy atrasados.
También puso el ejemplo de que en Uruguay no se mide cuántos casos quedan por fuera de la justicia por las "múltiples barreras". Se refirió a que hace 35 años se reformó el proceso civil, en 2017 el proceso penal y "nadie ha hecho un seguimiento o monitoreo de esas reformas que requieren un permanente reajuste". Tampoco se mide cuanto demora en ejecutarse una sentencia que puede llevar 8 a 10 años, dijo.
Varias preguntas de los periodistas giraron entorno a la sinergia que necesariamente tendrá que tener el Ministerio de Justicia con el Poder Judicial puesto que al plantear reformas o cambios tecnológicos abarcarán aspectos del funcionamiento de ese poder.
La jurista colombiana apuntó a que "separación de poderes no quiere decir no colaboración o no construcción conjunta".
Sobre la interrelación de poderes Llop afirmó que "tienen que dialogar con respeto absoluto sobre las competencias de cada poder". Insistió en que en España funciona el Ministerio de Justicia desde el Siglo XVIII y nunca generó un problema. "Todos los países de la Unión Europea tienen un Ministerio de Justicia. No me podía imaginar que Uruguay no lo tuviera".
Como defensora de la creación de esta secretaría del Estado dijo que "como se empiece a trabajar en la creación del ministerio dos años después del inicio de la legislatura, ya no dará el tiempo". Y en su opinión no crearlo es "dejar al ciudadano en un limbo". "Alguien le tiene que que dar respuesta al ciudadano. Y desde la oposición que también asuman su responsabiida de exigir ese control", indicó Llop.
