Valentino Uruguay inicia juicio a la marca italiana por US$ 9,6 millones: "Soy titular de una marca hace 40 años y mis derechos están relativizados"

Según surge del acta a la que accedió El Observador, en la audiencia se señaló que el monto de la mercadería incautado en agosto de 2025 por personal de la Dirección Nacional de Aduanas fue establecido por Valentino SPA en US$ 9,6 millones (de ahí la cifra reclamada). El abogado Gumer Pérez dijo que según la documentación que fue entregada a la fiscalía, de las facturas de la mercadería, se trataba de 6 mil prendas que tenían un valor de US$ 160 mil y no de 117 mil prendas como dijo el estudio Vanrell.

Los abogados Pérez y González Chaban señalaron en la audiencia que el daño fue generado porque los locales comerciales que Valentino tiene en Punta del Este "se encuentren con la prohibición de venta de mercadería al público, todo ello a causa del accionar ilegítimo” de Valentino SPA (Valentino Italia)".

Alegaron que la ilegalidad de su actuación está en que Valentino Italia no tenía su marca registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y además el estudio Vanrell tenía vencido el poder que lo designada como representante de la marca, por lo que no estaba habilitado a denunciar. Ese punto si bien también fue planteado en la audiencia penal de imputación por la defensa fue desestimado por el juez de Crimen Organizado Fernando Islas, quien citó a juristas que afirmaban que no era necesario que la marca internacional conocida estuviera registrada en Uruguay.

Aun así, los demandantes alegaron que la denuncia ha causado “un grave perjuicio económico-financiero y reputacional desde el punto de vista comercial a la firma Pranabest s.a., que también afecta directa e indirectamente a los más de 50 empleados de la empresa, los cuales como consecuencia del accionar ilícito de los citados se encuentran a la fecha sin su fuente laboral y prontos a ingresar en el subsidio del seguro por desempleo”.

"El proceder antijurídico de los citados y Juan Vanrell desencadenó una intensa campaña mediática contra la empresa Pranabest SA que significó el cierre de algunos de sus comercios y un notorio perjuicio económico ya constatable y que por desgracia se prolonga en el tiempo", afirmó la defensa según surge del acta.

González Chaban dijo a la salida de la audiencia que al pasar raya a la temporada de verano podrán evaluar el perjuicio económico pero adelantó que "es muy grande. Acá va a haber un daño continuado", dijo.

A su vez, Pérez dijo que ya que el local de la calle 20 está abierto, Sasson realizó una nueva importación de mercadería para reponer la incautada y poder trabajar y señaló que pasó por la Aduana sin nigún problema. Dijo también que volverá a reclamar la mercadería incautada que entienden debe ser devuelta a Sasson.

Valentino

La defensa apuntó además a una finalidad indebida y extorsiva de la denuncia penal ya que señaló que Valentino Italia contactó "por segunda vez a los efectos de intentar llegar a un acuerdo económico de compra de la marca que legítimamente tiene registrada Pranabest s.a en Uruguay desde hace más de cuatro décadas".

En la audiencia ante el juzgado penal el abogado había señalado que Valentino Italia ofreció en dos oportunidades cifras de US$ 1,8 millones y luego lo subió a US$ 2,5 millones para quedarse con la marca. Dijo que Sasson quería US$ 3 millones. También cuestionó que en 40 años la firma uruguaya sólo recibió una denuncia por parte de una ciudadana brasileña, que recurrió ante la Liga de Defensa del Consumidor pero no hubo resolución al respecto y que la misma denunciante presentó una denuncia penal en la ciudad de Maldonado contra Valentino Uruguay que fue archivada por falta de mérito. No obstante, la fiscal Sandra Fleitas tomó en cuenta el testimonio de esa turista en el caso por el que pidió la imputación de Sasson.

Al respecto, Valentino Italia representada en la audiencia de este miércoles por la abogada Fabiana Mateos afirmó que "fue el señor Sasson quien inicialmente se presentó y solicitó una reunión en la estudio Vanrell, a la que conjuntamente compareció con sus asesores en la ofreció la venta de la marca por una suma inferior a la reclamada". "Es decir, que existe una negociación en curso pero a instancias del citante", dijo.

En nombre de Valentino Italia la abogada rechazó "en forma absoluta y en todos sus términos el relato y la pretensión" de Valentino Uruguay. Según consta en el acta alegó que si "alguna consecuencia desfavorable se produjo, la misma encuentra su causa en el accionar ilegítimo del citante, quien con su propia conducta generó las circunstancias que eventualmente afectaron sus intereses". Destacó asimismo que el juez del Crimen Organizado de 1º Turno, Fernado Islas, imputó a Sasson.

En tanto el abogado Waldo Perdigón, en nombre del estudio Juan Vanrell, dijo que la actuación de Valentino Uruguay "encuadra en un claro caso de malicia con grado de temeridad" por lo que adelantó que se reservan la posibilidad de iniciar acciones por daños y perjuicios.

Sasson Chebi: "Estamos frente a un problema de seguridad jurídica"

"Quiero transmitir una preocupación que va mucho más allá de mi caso personal. Soy titular de una marca registrada desde hace más de 40 años ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, organismo que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por lo tanto, al propio Estado uruguayo. Sin embargo, me encuentro igualmente en una situación en la que esos derechos parecen haber sido relativizados en sede judicial. Y eso debería encender una alerta en todo el ámbito empresarial", dijo a El Observador el empresario a la salida de la audiencia.

Agregó que se pregunta "¿qué seguridad real tiene un comerciante o un empresario en Uruguay si contar con un registro marcario vigente, otorgado por el Estado, no alcanza para evitar denuncias o cuestionamientos que desconocen esa titularidad?".

En su opinión es "una señal muy peligrosa para todo el sistema, porque los empresarios necesitan reglas claras y previsibilidad para invertir y trabajar. Si terceros pueden promover acciones contra quien es legítimo titular de una marca registrada desde hace tantos años ante un organismo estatal competente, entonces estamos frente a un problema de seguridad jurídica que merece ser analizado con seriedad".

Por último afirmó que iniciará acciones civiles "no solo para defender (sus) derechos, sino también para que quede claro que la titularidad marcaria otorgada por el Estado, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, tiene que ser respetada y protegida como corresponde".