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Ahora o nunca: Macri se juega a hacer todas las reformas antipáticas en 2018
El presidente argentino está convencido de que, tras su victoria electoral, tiene un plazo breve para impulsar reformas estructurales
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06 de enero de 2018 a las 05:00
El optimismo que transmite el gobierno en sus discursos no siempre encuentra eco en el mercado, que muestra una visión mucho más escéptica sobre la marcha de la economía.
"Es ahora o nunca". Esa es la frase que repiten los funcionarios macristas, y que mejor refleja el estado de ánimo del gobierno argentino en la actual coyuntura política. Implica una sensación de oportunidad pero también de urgencia por aprovechar un momento irrepetible.
Y es la consigna que deja entrever cuál será la tónica de 2018.
En definitiva, el convencimiento del gobierno argentino es que el espaldarazo logrado en las elecciones, con el 41% de los votos a nivel nacional en las últimas legislativas, le otorga la autoridad política como para pisar el acelerador en una agenda de reformas estructurales.
Pero, al mismo tiempo, hay una toma de conciencia sobre lo efímera que puede resultar esa carta de confianza por parte de la sociedad.
A fin de cuentas, todo el arco político tiene bien fresco el recuerdo de lo ocurrido con Fernando de la Rúa, quien luego de haber ganado una elección en primera vuelta dilapidó su capital político en apenas un año. No había sido por falta de apoyo financiero internacional –de hecho, había logrado el famoso "blindaje"– sino por la falta de decisión para adoptar reformas de fondo.
Hoy, visto con retrospectiva, muchos creen que la dilación en la toma de medidas drásticas ni bien comenzó su mandato fue el origen de la crisis política y social del 2001. Y por eso la consigna es no perder tiempo.
De hecho, trascendió recientemente una frase del jefe de gabinete, Marcos Peña, que resulta bien ilustrativa: "Las legislativas de octubre fueron las primeras elecciones en las cuales el tema político importó más que la economía. Pero también serán las últimas".
El diagnóstico es claro: la opinión pública no estuvo conforme en 2017 con la marcha de la economía, que no termina de despegar, pero dio una carta de confianza por temor a un regreso del populismo en su versión kirchnerista.
Sin embargo, para las presidenciales de 2019, si la economía sigue estancada, ya no seguirá vigente la excusa de que los problemas son consecuencia de "la herencia K" sino que habrá un pase de facturas al macrismo.
Es con ese ánimo que Macri encara el 2018 como el año crucial en el cual deberá lograr varios objetivos:
- Avanzar decididamente en el recorte del déficit fiscal, que es la medida más reclamada por economistas, bancos de inversión y organismos internacionales;
- Convencer a los inversores de que habrá cambios de fondo y que no habrá medidas intervencionistas que den marcha atrás con la política "market friendly";
- Aprovechar el momento "groggy" del sindicalismo y el peronismo –ambos debilitados políticamente y con divisiones internas– para avanzar en temas considerados históricamente como tabúes, como la flexibilización laboral;
- Incorporar al sector privado en la financiación de la obra pública, de manera de mantener el intenso ritmo de inversión actual pero sin que ello implique un sacrificio fiscal;
- Bajar drásticamente la inflación, que en 2017 se escapó 6 puntos porcentuales por encima de la meta trazada por el Banco Central.
En ese sentido, anunció a finales de diciembre que elevaba la proyección de inflación inicial para 2018 de 10% a 15%, lo cual parece un contrasentido, aunque en realidad el gobierno acaba de reconocer en los hechos que entre sus proyecciones y la realidad existe un año de retraso.
En líneas generales, ninguno de estos objetivos es fácil de cumplir, como ya quedó en claro en los meses finales del 2017.
Para empezar, la inflación demostró ser mucho más dura de bajar de lo que se había previsto. El 17% fijado por el Banco Central para todo el año fue superado ya en setiembre.
Y comprometió seriamente la credibilidad de Federico Sturzenegger, que había fijado para 2018 una ambiciosa meta de 12%.
Pero el presidente de la autoridad monetaria –formado en la escuela ortodoxa y que impulsó una dura política de altas tasas de interés para controlar la inflación– quedó expuesto y en minoría cuando el equipo económico anunció a finales de diciembre su intención de "recalibrar" las metas de inflación.
Antes de eso, y en los hechos, el mercado dejaba en claro que nadie creía posible que la inflación de 2018 fuese de apenas 12%. Y la prueba más clara eran a esa altura los ajustes de contratos de alquiler, así como las primeras negociaciones de ajuste salarial.
Esa situación puso al gobierno en la situación de endurecer su postura ante los gremios estatales, ya que la masa salarial pública es una suerte de contrapeso ante los "desvíos" que pudieran ocurrir en el sector privado.
Pero lo más complicado, como siempre, es el frente fiscal. El objetivo del gobierno es llevarlo del actual 4,2% del PIB a 3,2%.
Otra meta seriamente puesta en duda por los economistas, que acusaron al gobierno de estar "maquillando" las cifras, al contabilizar como ingresos permanentes algo que en realidad es excepcional por estar vinculado al blanqueo de capitales del año pasado.
Y alegan que, si se cuenta el déficit consolidado, es decir tomando en cuenta los intereses de la deuda, los déficits de las provincias y, además, la gran masa de letras del Banco Central –que ya supera todo el dinero circulante–, entonces la mochila fiscal queda expuesta en su real gravedad.
Hay economistas que ubican ese peso en más de 10 puntos del PIB. En el corto plazo, el gobierno está resignado a que ese rojo fiscal sea financiado con endeudamiento.
Pero los US$ 30.000 millones que habrá que renovar durante este año son un recordatorio de que esa política está acercándose a su límite.
La polémica, una vez más, está en la velocidad del ajuste. El macrismo defiende una postura "gradualista" por creer que es el único camino política y socialmente viable.
Pero desde la derecha liberal le advirtieron que corre el riesgo de repetir la experiencia de De la Rúa: es decir que por temor a realizar un shock, la propia realidad termine imponiendo su ajuste.
Hay señales en el sentido de que los funcionarios tienen el tema fiscal entre sus prioridades. Por caso, la ley de presupuesto obliga al Banco Nación, el más importante del sector público, a "prestarle" al tesoro unos US$ 1.300 millones para ayudar a pagar cuentas.
Pero hasta el propio presidente Mauricio Macri ha reconocido que tienen razón quienes marcan lo vulnerable que es la economía argentina a cualquier cambio repentino de contexto financiero internacional.
En una reciente entrevista con la cadena CNN se le preguntó si existe riesgo de un estallido económico por el alto déficit y el endeudamiento.
Y respondió: "Si cumplimos este sendero de bajar el gasto público y el déficit fiscal no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. Soy el primero en admitir que no es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad".
De manera que uno de los cometidos del presidente para 2018 es transmitir el mensaje de que "cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un período demasiado largo, va a la quiebra".
Un mensaje no tan persuasivo en Argentina, porque todos suscriben la frase de Macri pero nadie quiere ser la variable de ajuste.
Es algo que quedó en claro con todas las protestas sectoriales y sindicales ante el proyecto de reforma tributaria: desde los camioneros de Hugo Moyano hasta empresas multinacionales profirieron amenazas por sentirse perjudicados con los cambios propuestos.
Sin embargo, el gobierno se fijó el objetivo de avanzar con esa reforma impositiva. Si bien en el largo plazo implicará un alivio para los contribuyentes, en el corto plazo tiene un claro efecto fiscalista: los impuestos nuevos son de aplicación inmediata, mientras que los que se recortan o eliminan lo harán de manera gradual.
Y, en esa agenda urgente, el lugar protagónico es para el deficitario sistema jubilatorio, que significa un 13% del PIB, un récord mundial.
Allí estuvo puesto todo el esfuerzo negociador, y para garantizar una reforma en ese tema fue que se negoció un pacto fiscal con los gobernadores provinciales.
El cambio en la fórmula con la cual se ajustan las jubilaciones –que ahora privilegiará la inflación y no otras variables procíclicas como la recaudación tributaria– implicaría este año un ahorro de unos US$ 3.500 millones, según las estimaciones del equipo económico.
Mientras tanto, planea una reforma a fondo del sistema, con algún componente mixto de capitalización privada y reparto estatal. Pero tiene asumido que esa es una tarea para después de 2019, si Macri logra la reelección.
En este momento, para el gobierno es crucial abaratar las jubilaciones en términos fiscales. Es el tema que le recuerdan todo el tiempo el Fondo Monetario Internacional, los bancos de inversión y las misiones de inversores que llegan de visita para entrevistarse con funcionarios.
Y, claro está, ese primer cambio en la fórmula de ajuste generó resistencia y antipatía en el Congreso y protestas sociales, que el gobierno adjudicó a grupos radicales y dijo que fueron previamente "orquestadas".
En síntesis, el oficialismo intentará hacer valer su renovada autoridad política e implementar ahora las reformas, lo que permitirá saber este año si la victoria en las elecciones legislativas se parecerán–o no– a un recuerdo lejano.
Ello quedó de manifiesto, por ejemplo, en el récord de argentinos que hicieron turismo en el exterior y muchos de ellos regresaron con artículos electrónicos o ropa adquiridos en Miami, Chile o Paraguay.
La razón es obvia: la tasa devaluatoria en todo el año fue de apenas 8%.
No obstante, el anuncio de cambio en la meta de inflación generó una devaluación del peso argentino en las pizarras.
El gobierno se defiende con el argumento de que el ratio entre deuda y PIB resulta manejable: actualmente es de 28%, se prevé que suba hasta 31% en 2018 y continuará en alza dos años más hasta estabilizarse en 37%.
El argumento del gobierno es que esa cifra está debajo del promedio regional –41,7%– y que no implica un riesgo macroeconómico.
Pero a nivel de la academia prevalece el punto de vista opuesto, y están quiénes señalan que se está llegando a la "zona de riesgo" en la que cualquier cambio de las condiciones internacionales puede dejar al país expuesto a una eventual crisis de deuda.
Pero la variable no termina de despegar, y los avances que se vieron en 2017 se explican, en buena medida, no por el sector privado sino por el boom de la obra pública.
Para este año, el gobierno aseguró que la tasa de inversión se ubicará en 17%, un número más bien modesto si se lo compara con los máximos de 24% alcanzados tras la salida de la crisis de 2001.
Pero esa meta es puesta en duda por economistas.
En otras palabras, habían ignorado en principio la meta inicial de inflación y se regían por las proyecciones de las consultoras privadas.
Por otra parte, el gobierno prometió que habrá una leve recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios del sector estatal.
En cuanto al llamado "gasto social" –es decir, los planes asistenciales y subsidios a la población sin ingresos– el gobierno enfatizó que no habrá ajuste sino, por el contrario, subas importantes.
El presupuesto prevé que las ayudas a la población más vulnerables tendrán un incremento nominal del 22%.
Aunque esta mejora tendrá su contrapartida en nuevos ajustes a las tarifas de los servicios públicos. De esa manera, el gobierno espera recortar el gasto: los subsidios pasarán de los actuales 2,3 puntos del PIB hasta 1,6%.
Y es la consigna que deja entrever cuál será la tónica de 2018.
En definitiva, el convencimiento del gobierno argentino es que el espaldarazo logrado en las elecciones, con el 41% de los votos a nivel nacional en las últimas legislativas, le otorga la autoridad política como para pisar el acelerador en una agenda de reformas estructurales.
Pero, al mismo tiempo, hay una toma de conciencia sobre lo efímera que puede resultar esa carta de confianza por parte de la sociedad.
A fin de cuentas, todo el arco político tiene bien fresco el recuerdo de lo ocurrido con Fernando de la Rúa, quien luego de haber ganado una elección en primera vuelta dilapidó su capital político en apenas un año. No había sido por falta de apoyo financiero internacional –de hecho, había logrado el famoso "blindaje"– sino por la falta de decisión para adoptar reformas de fondo.
Hoy, visto con retrospectiva, muchos creen que la dilación en la toma de medidas drásticas ni bien comenzó su mandato fue el origen de la crisis política y social del 2001. Y por eso la consigna es no perder tiempo.
De hecho, trascendió recientemente una frase del jefe de gabinete, Marcos Peña, que resulta bien ilustrativa: "Las legislativas de octubre fueron las primeras elecciones en las cuales el tema político importó más que la economía. Pero también serán las últimas".
El diagnóstico es claro: la opinión pública no estuvo conforme en 2017 con la marcha de la economía, que no termina de despegar, pero dio una carta de confianza por temor a un regreso del populismo en su versión kirchnerista.
Sin embargo, para las presidenciales de 2019, si la economía sigue estancada, ya no seguirá vigente la excusa de que los problemas son consecuencia de "la herencia K" sino que habrá un pase de facturas al macrismo.
Es con ese ánimo que Macri encara el 2018 como el año crucial en el cual deberá lograr varios objetivos:
- Avanzar decididamente en el recorte del déficit fiscal, que es la medida más reclamada por economistas, bancos de inversión y organismos internacionales;
- Convencer a los inversores de que habrá cambios de fondo y que no habrá medidas intervencionistas que den marcha atrás con la política "market friendly";
- Aprovechar el momento "groggy" del sindicalismo y el peronismo –ambos debilitados políticamente y con divisiones internas– para avanzar en temas considerados históricamente como tabúes, como la flexibilización laboral;
- Incorporar al sector privado en la financiación de la obra pública, de manera de mantener el intenso ritmo de inversión actual pero sin que ello implique un sacrificio fiscal;
- Bajar drásticamente la inflación, que en 2017 se escapó 6 puntos porcentuales por encima de la meta trazada por el Banco Central.
En ese sentido, anunció a finales de diciembre que elevaba la proyección de inflación inicial para 2018 de 10% a 15%, lo cual parece un contrasentido, aunque en realidad el gobierno acaba de reconocer en los hechos que entre sus proyecciones y la realidad existe un año de retraso.
En líneas generales, ninguno de estos objetivos es fácil de cumplir, como ya quedó en claro en los meses finales del 2017.
Para empezar, la inflación demostró ser mucho más dura de bajar de lo que se había previsto. El 17% fijado por el Banco Central para todo el año fue superado ya en setiembre.
Y comprometió seriamente la credibilidad de Federico Sturzenegger, que había fijado para 2018 una ambiciosa meta de 12%.
Pero el presidente de la autoridad monetaria –formado en la escuela ortodoxa y que impulsó una dura política de altas tasas de interés para controlar la inflación– quedó expuesto y en minoría cuando el equipo económico anunció a finales de diciembre su intención de "recalibrar" las metas de inflación.
Antes de eso, y en los hechos, el mercado dejaba en claro que nadie creía posible que la inflación de 2018 fuese de apenas 12%. Y la prueba más clara eran a esa altura los ajustes de contratos de alquiler, así como las primeras negociaciones de ajuste salarial.
Esa situación puso al gobierno en la situación de endurecer su postura ante los gremios estatales, ya que la masa salarial pública es una suerte de contrapeso ante los "desvíos" que pudieran ocurrir en el sector privado.
Pero lo más complicado, como siempre, es el frente fiscal. El objetivo del gobierno es llevarlo del actual 4,2% del PIB a 3,2%.
Otra meta seriamente puesta en duda por los economistas, que acusaron al gobierno de estar "maquillando" las cifras, al contabilizar como ingresos permanentes algo que en realidad es excepcional por estar vinculado al blanqueo de capitales del año pasado.
Y alegan que, si se cuenta el déficit consolidado, es decir tomando en cuenta los intereses de la deuda, los déficits de las provincias y, además, la gran masa de letras del Banco Central –que ya supera todo el dinero circulante–, entonces la mochila fiscal queda expuesta en su real gravedad.
Hay economistas que ubican ese peso en más de 10 puntos del PIB. En el corto plazo, el gobierno está resignado a que ese rojo fiscal sea financiado con endeudamiento.
Pero los US$ 30.000 millones que habrá que renovar durante este año son un recordatorio de que esa política está acercándose a su límite.
La polémica, una vez más, está en la velocidad del ajuste. El macrismo defiende una postura "gradualista" por creer que es el único camino política y socialmente viable.
Pero desde la derecha liberal le advirtieron que corre el riesgo de repetir la experiencia de De la Rúa: es decir que por temor a realizar un shock, la propia realidad termine imponiendo su ajuste.
Hay señales en el sentido de que los funcionarios tienen el tema fiscal entre sus prioridades. Por caso, la ley de presupuesto obliga al Banco Nación, el más importante del sector público, a "prestarle" al tesoro unos US$ 1.300 millones para ayudar a pagar cuentas.
Pero hasta el propio presidente Mauricio Macri ha reconocido que tienen razón quienes marcan lo vulnerable que es la economía argentina a cualquier cambio repentino de contexto financiero internacional.
En una reciente entrevista con la cadena CNN se le preguntó si existe riesgo de un estallido económico por el alto déficit y el endeudamiento.
Y respondió: "Si cumplimos este sendero de bajar el gasto público y el déficit fiscal no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. Soy el primero en admitir que no es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad".
De manera que uno de los cometidos del presidente para 2018 es transmitir el mensaje de que "cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un período demasiado largo, va a la quiebra".
Un mensaje no tan persuasivo en Argentina, porque todos suscriben la frase de Macri pero nadie quiere ser la variable de ajuste.
Es algo que quedó en claro con todas las protestas sectoriales y sindicales ante el proyecto de reforma tributaria: desde los camioneros de Hugo Moyano hasta empresas multinacionales profirieron amenazas por sentirse perjudicados con los cambios propuestos.
Sin embargo, el gobierno se fijó el objetivo de avanzar con esa reforma impositiva. Si bien en el largo plazo implicará un alivio para los contribuyentes, en el corto plazo tiene un claro efecto fiscalista: los impuestos nuevos son de aplicación inmediata, mientras que los que se recortan o eliminan lo harán de manera gradual.
Y, en esa agenda urgente, el lugar protagónico es para el deficitario sistema jubilatorio, que significa un 13% del PIB, un récord mundial.
Allí estuvo puesto todo el esfuerzo negociador, y para garantizar una reforma en ese tema fue que se negoció un pacto fiscal con los gobernadores provinciales.
El cambio en la fórmula con la cual se ajustan las jubilaciones –que ahora privilegiará la inflación y no otras variables procíclicas como la recaudación tributaria– implicaría este año un ahorro de unos US$ 3.500 millones, según las estimaciones del equipo económico.
Mientras tanto, planea una reforma a fondo del sistema, con algún componente mixto de capitalización privada y reparto estatal. Pero tiene asumido que esa es una tarea para después de 2019, si Macri logra la reelección.
En este momento, para el gobierno es crucial abaratar las jubilaciones en términos fiscales. Es el tema que le recuerdan todo el tiempo el Fondo Monetario Internacional, los bancos de inversión y las misiones de inversores que llegan de visita para entrevistarse con funcionarios.
Y, claro está, ese primer cambio en la fórmula de ajuste generó resistencia y antipatía en el Congreso y protestas sociales, que el gobierno adjudicó a grupos radicales y dijo que fueron previamente "orquestadas".
En síntesis, el oficialismo intentará hacer valer su renovada autoridad política e implementar ahora las reformas, lo que permitirá saber este año si la victoria en las elecciones legislativas se parecerán–o no– a un recuerdo lejano.
41%
De votos obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas realizadas en octubre pasado y que en los hechos significaron un fuerte respaldo a la gestión presidencial.Diciembre
Las protestas sociales que dejaron como saldo numerosas personas heridas y detenidas durante la discusión parlamentaria de la reforma jubilatoria recordaron que diciembre suele ser un mes propicio para las protestas populares en Argentina.15%
Es la nueva meta de inflación establecida por el equipo económico para este año, de acuerdo con los anuncios realizados a finales de 2017.Los números de un 2018 que se presagia conflictivo
A continuación, algunos datos claves para anticipar lo que puede suceder en Argentina.
Tasa de interés
El dato más polémico a finales de 2017 –y que produjo peleas internas en el gobierno– era la tasa de interés fijada por el Banco Central.
El 28,75% no solo lucía como un retorno imposible de igualar para ninguna actividad productiva, sino que en los hechos era demostrativo de que no se podría llegar a la meta de inflación de 12% fijada inicialmente para 2018 y que fue revisada en diciembre pasado.
El titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue criticado por encarecer el crédito y poner en riesgo el crecimiento del PIB.
Tipo de cambio
El atraso cambiario volvió a instalarse como uno de los temas centrales en 2017.Ello quedó de manifiesto, por ejemplo, en el récord de argentinos que hicieron turismo en el exterior y muchos de ellos regresaron con artículos electrónicos o ropa adquiridos en Miami, Chile o Paraguay.
La razón es obvia: la tasa devaluatoria en todo el año fue de apenas 8%.
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Equipo económico de Argentina
No obstante, el anuncio de cambio en la meta de inflación generó una devaluación del peso argentino en las pizarras.
Deuda externa
Los vencimientos de la deuda previstos para el 2018 son US$ 30.000 millones, lo que constituye una preocupación para los economistas.El gobierno se defiende con el argumento de que el ratio entre deuda y PIB resulta manejable: actualmente es de 28%, se prevé que suba hasta 31% en 2018 y continuará en alza dos años más hasta estabilizarse en 37%.
El argumento del gobierno es que esa cifra está debajo del promedio regional –41,7%– y que no implica un riesgo macroeconómico.
Pero a nivel de la academia prevalece el punto de vista opuesto, y están quiénes señalan que se está llegando a la "zona de riesgo" en la que cualquier cambio de las condiciones internacionales puede dejar al país expuesto a una eventual crisis de deuda.
Inversión
Es la gran asignatura pendiente para el macrismo. Desde el mismo día de la asunción del nuevo gobierno se está prometiendo la llegada de una "lluvia de inversiones" como consecuencia del cambio político y de una administración "market friendly".Pero la variable no termina de despegar, y los avances que se vieron en 2017 se explican, en buena medida, no por el sector privado sino por el boom de la obra pública.
Para este año, el gobierno aseguró que la tasa de inversión se ubicará en 17%, un número más bien modesto si se lo compara con los máximos de 24% alcanzados tras la salida de la crisis de 2001.
Pero esa meta es puesta en duda por economistas.
Ingresos
El año pasado, las primeras negociaciones salariales eligieron el modelo de ajuste al 17% más una cláusula gatillo por inflación.En otras palabras, habían ignorado en principio la meta inicial de inflación y se regían por las proyecciones de las consultoras privadas.
Por otra parte, el gobierno prometió que habrá una leve recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios del sector estatal.
En cuanto al llamado "gasto social" –es decir, los planes asistenciales y subsidios a la población sin ingresos– el gobierno enfatizó que no habrá ajuste sino, por el contrario, subas importantes.
El presupuesto prevé que las ayudas a la población más vulnerables tendrán un incremento nominal del 22%.
Aunque esta mejora tendrá su contrapartida en nuevos ajustes a las tarifas de los servicios públicos. De esa manera, el gobierno espera recortar el gasto: los subsidios pasarán de los actuales 2,3 puntos del PIB hasta 1,6%.
