Casi la mitad de los trabajadores –unos 700 mil– cobraba su sueldo a través de una cuenta bancaria. Tenían una tarjeta, pero la amplia mayoría la usaba solo para retirar efectivo en los cajeros automáticos. En muchos casos no se sabía que también era una tarjeta de débito. Y en otros, aunque se quisiera usar para hacer compras, los comercios que las aceptaban eran la ínfima minoría. Esa imagen anterior a 2014 ilustra en parte lo que era el sistema de pagos hace poco tiempo atrás.
A cinco años de aprobada la ley de inclusión financiera (se cumplirán en abril) la foto es muy distinta. Los montos operados con tarjetas de débito se multiplicaron por 26, la cantidad de transferencias interbancarias se multiplicaron por 18 y los pagos móviles por aplicaciones celulares por 7, cuando se comparan las cifras de junio de 2014 con las de diciembre de 2018. También la cantidad de cheques emitidos se redujo 30% en ese período.
En el último lustro se emitieron más de 900 mil tarjetas de débito nuevas y algo más de 1,1 millones de tarjetas de dinero electrónico. Con ello alrededor de 1 millón de uruguayos pasó a tener acceso a servicios financieros básicos, como medios de pago electrónicos, crédito y ahorro. También se sumaron 40 mil aparatos de POS y la cantidad de comercios que aceptaban tarjetas se multiplicó por cinco.
Al desarrollo de la plataforma tecnológica y al mayor acceso de la población se sumaron incentivos como el descuento de IVA a partir de agosto de 2014. Esos tres elementos han sido claves en el cambio de hábito que han procesado los consumidores a favor de instrumentos de pago más eficientes, modernos y seguros.
El coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, evaluó los resultados conseguidos hasta el momento como “ampliamente satisfactorios”. Según explicó, hubo avances significativos en las dos áreas que la ley se puso como objetivos principales. “Se puede hablar de una revolución en el sistema de pagos uruguayo”, afirmó.
Un primer objetivo de la ley era la universalización del acceso a los servicios financieros, con foco en los sectores de ingresos bajos y medios bajos, y en las micro y pequeñas empresas. El segundo objetivo pasaba por transformar y modernizar el sistema de pagos, que en el diagnóstico previo era ineficiente. Había un uso muy extensivo del efectivo y los cheques. En contrapartida, opciones como el débito, los pagos móviles y las transferencias electrónicas estaban muy poco desarrolladas, en comparación a otros países.
“Más de un millón de uruguayos pudieron acceder a un medio de pago electrónico. Esto es más del 40% de la población mayor de 15 años. Es una transformación que fue radical y que permitió que en medios de pagos electrónicos tengamos una cobertura prácticamente universal y sin costo para las personas y empleadores”, afirmó Vallcorba.
La mayor disponibilidad de medios de pago electrónicos no necesariamente significó un salto en la evolución de los retiros de dinero en efectivo en los cajeros automáticos y otros dispensadores. Si se compara la cantidad de retiros actual con la de hace cuatro años y medio el aumento es solo de 12%.
La evolución en la cantidad de retiros de efectivo, junto con el incremento en la cantidad de personas que accedieron a una tarjeta de débito o a un instrumento de dinero electrónico en los últimos años, da cuenta de una reducción significativa en los retiros per cápita. Eso resulta consistente con el mayor dinamismo que han tenido los diversos medios de pago electrónicos.
“El uso de tarjetas de débito, de transferencias, de pagos móviles e internet no es obligatorio. Uno puede seguir yendo a retirar efectivo y pagar en efectivo. Pero hay un cambio en los hábitos de pago de los consumidores. Son los consumidores los que prefieren usar los medio de pagos electrónicos”, dijo Vallcorba.
Según Vallcorba, aunque la ley nunca tuvo entre sus objetivos incentivar el uso de efectivo, también se puso foco en mejorar el funcionamiento y la disponibilidad de los puntos de extracción. Hoy hay 2.000 puntos más de extracción de dinero (entre cajeros automáticos y dispensadores de efectivo), lo que reporta un crecimiento de 150% respecto a junio de 2014.
Hay también otra forma de verlo. En 2014 y antes de la ley por cada 1.000 retiros diarios había siete puntos de extracción. Hoy esa relación es de 17 puntos cada 1.000 retiros.
El nuevo hábito de pago parece consolidado más allá del fuerte impulso que han dado los incentivos fiscales. El incremento en los montos y en la cantidad de transacciones con tarjeta de débito se siguió dando de forma ininterrumpida aun cuando la rebaja de IVA se redujo en agosto de 2015 y de 2016. En 2014 durante el primer año de implementación de la ley el beneficio era de 4 puntos, luego pasó a 3 puntos y después a 2 puntos. En enero de 2017 se volvió al descuento de 4 puntos.
La ley contempla el descuento de dos puntos, y los otros dos adicionales son una facultad del Poder Ejecutivo que puede cambiar por decreto. Vallcorba dijo que en esta administración de gobierno no está en consideración hacer modificaciones. La devolución de IVA significa una resignación de unos US$ 90 millones anuales actualmente.
La implementación de la ley no ha estado libre de cuestionamientos, como ya había ocurrido en la etapa de discusión parlamentaria.
La oposición política y las cámaras empresariales –principalmente del interior del país– apoyan la recolección de firmas para modificar la Constitución y derribar parcialmente la ley de Inclusión Financiera a través de un plebiscito con las elecciones nacionales de 2019. El plazo para la recolección de firmas vence entre fin de este mes y los primeros días de abril.
Entre los argumentos que manejan empresarios, trabajadores y políticos se dejan entrever dos barreras con las que la inclusión financiera convive desde su nacimiento. Una pasa por la cultura y el hábito que todavía perdura entre muchos uruguayos de usar efectivo para todas las transacciones que realizan, aun cuando la tecnología permite emplear medios de pago más eficientes, seguros y transparentes.
Si se derogara el carácter obligatorio de la ley 19.210, en 2020 caería la restricción de usar efectivo para el pago de remuneraciones, compra venta de inmuebles y automóviles, y los pagos de montos superiores a 40 mil unidades indexadas.
A modo de ejemplo, la obligatoriedad de pagar remuneraciones con medios electrónicos contribuye, entre otras cosas, a la formalización del mercado de laboral y va restringiendo la posibilidad de tener trabajadores en negro.
El pago obligatorio de remuneraciones por medios electrónicos está vigente en todo el país, a excepción de las localidades de menos de 2.000 habitantes, y en trabajo doméstico cuando el empleador es jubilado o pensionista con anterioridad a diciembre de 2017.
En el caso de jubilaciones y pensiones hubo una flexibilización y se puede optar por seguir cobrando en efectivo. En este colectivo no existen problemas de informalidad y a diferencia de lo que ocurre con trabajadores y empleadores donde es obligatorio el pago en cuenta, en este caso los organismos de seguridad social garantizan que todos quienes quieran cobrar a través de medio de pago electrónico gratuito lo pueden hacer.
También está vigente la posibilidad de retirar todo el salario en un único movimiento mensual para quienes quieran seguir operando con efectivo. Cualquier trabajador puede concurrir al banco de su preferencia y solicitar que se le habilite esa operación. La entidad financiera está obligada a tener habilitado al menos un mecanismo para eso.
Hay tres áreas de trabajo que son prioridad este año, explicó Martín Vallcorba, del Ministerio de Economía. La primera tiene por objetivo generalizar la aceptación de medios de pago electrónicos en el sector público. La Agesic lidera un proyecto para que en 2020 todos los trámites en el sector público se puedan empezar y terminar de manera online. Eso también incluirá el pago con débito automático o a través de portales y aplicaciones, sin tener que concurrir a una oficina. Otra pata está asociada a la aceptación de los pagos con medios electrónicos de manera presencial. El objetivo es que cuando se haga un trámite en una dependencia de la Administración Central, en todas las cajas haya también disponible un aparato de POS para poder pagar con tarjeta.
Por otro lado, en el correr del año estará listo un proyecto de ley que creará el cheque diferido electrónico. Hoy la transferencia bancaria oficia como un sustituto más eficiente y seguro que el cheque común. Pero no hay un sustituto electrónico para el cheque diferido que combina un instrumento de pago con un mecanismo de financiación. El instrumento tendrá las mismas funcionalidades que un cheque diferido y el mismo status en términos de título ejecutivo, por ejemplo. Será posible endosarlo libremente de manera electrónica.
También se busca avanzar hacia un esquema de multiadquirencia. Esto implica que cuando un comercio decida trabajar con medios de pago electrónicos va a poder interactuar con una sola empresa que le va a ofrecer los contratos para operar con todos los medios de pago y al mismo tiempo con el proveedor de POS.
El acuerdo de aranceles firmado el año pasado entre bancos, emisores y gremiales empresariales prevé en su cronograma una nueva reducción en lo que cobran las tarjetas de débito. Desde abril pasará de 1,5% a 1,3%. Si el volumen de transacciones continúa creciendo, el arancel máximo para débito caerá hasta 0,85% en el futuro. También se reducirá a 24 horas el plazo para el desembolso a los comerciantes del dinero generado en las transacciones con débito, independiente de que sea un día hábil o no.
Los canales que permiten hacer pagos electrónicos por medio de teléfonos celulares e internet siguen ganando terreno. El monto total de los pagos móviles y por internet trepó a US$ 11.417 millones en 2018, producto de algo más 20 millones de operaciones.
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